Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Lo único que faltaba era cumplir con los protocolos. Finalmente, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN declaró válida la elección interna y ratificó a Ana Ledezma como presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido en Veracruz. *** Hace tres semanas, el 20 de junio, Ana Ledezma consiguió el apoyo unánime de los 108 consejeros estatales y se convirtió en la primera mujer que dirige el comité directivo estatal de Acción Nacional. *** Aunque aún muy joven, Ana Ledezma tiene un largo camino recorrido en las tareas partidistas y ha puesto especial énfasis en el ámbito electoral. Sabe que l llega esta oportunidad en una coyuntura muy complicada, pero está convencida de que en el PAN hay una gran identificación con la sociedad veracruzana y habrá que trabajar en la unidad interna. *** Ana Cristina Ledezma es Contadora Pública y desde hace 10 años forma parte de la Comisión Permanente Estatal de su partido. Fue secretaria de Formación y Capacitación del Comité Estatal y secretaria de Comunicación. *** Ha sido representante de su partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y ante el Instituto Nacional Electoral (INE). *** El PAN está vivo en Veracruz y será protagonista en el 2027.
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En este mismo espacio se anticipó hace por lo menos tres años: Verónica Hernández -en ese entonces fiscal general del estado- correría la mima suerte que sus antecesores, Luis Ángel Bravo y Jorge Winckler: terminaría en la cárcel.
No había que ser pitoniso para llegar a esa conclusión. Su evidente falta de conocimientos en la materia de derecho penal y su sumisión absoluta a las órdenes del secretario de Gobierno, Éric Cisneros, la hicieron caer en recurrentes pifias que en su momento habrán de ser incorporadas en carpetas de investigación.
Por allá del mes de enero del 2024 el entonces gobernador Cuitláhuac García afirmó que al ingresar a la oficina de Jorge Winckler Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE) se encontraron con que tenía, en efectivo, 300 millones de pesos y el propio gobernador sugirió que el abogado de la familia Yunes pretendía usarlos “para las elecciones”.
“Tenía 300 millones de pesos escondidos Jorge Winckler. Hoy lo puedo probar, hay pruebas. Los tenía escondidos, no se los llevó, no les dio tiempo”, aseguró Cuitláhuac García y advirtió: “mi presunción es que le dieron recursos para financiar campañas”.
Lo curioso del caso es que esos 300 millones de pesos nunca aparecieron. Un par de semanas después de la declaración del gobernador, su secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, aclaró que a esa dependencia nunca llegó ese recurso.
“Nosotros desconocemos; si hay un recurso ahí, estaríamos en la mejor disposición de revisarlo, pero nosotros no tenemos conocimiento de ese recurso”.
En febrero de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos federales transferidos a la FGE justo en la Cuenta Pública del 2024, cuando la titular era Verónica Hernández y debería haber 300 millones de pesos.
La ASF identificó un probable daño patrimonial por más de 35 millones de pesos, una cuarta parte de los recursos auditados, que ascendían a 130.5 millones de pesos, provenientes de participaciones federales etiquetadas para gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles.
A los señalamientos de carácter administrativo, a Verónica Hernández le sumarían denuncias formales por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por rechazar, sin argumento alguno, recomendaciones del ombudsman, tanto en la instancia federal como en la estatal.
La omisión, incluso, sobre la denuncia que fue presentada contra el gobernador Cuitláhuac García, cuando aseguró que la joven Viridiana Moreno, reportada como desaparecida por su familia, en realidad estaba “bajo resguardo” y a los pocos días apareció su cuerpo sin vida.
La lista de las infracciones cometidas por Verónica Hernández es larga. Lo único que falta es voluntad. Hay quien sugiere que se trata de una “espada de Damocles”, colgando sobre actores políticos que pretenden reaparecer en el proceso electoral del 2027.
Ya se verá.
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Epílogo.
Crispín Carreón García, quien fuera candidato del PRI a la alcaldía de Papantla, fue vinculado a proceso por el delito de fraude. Gestionó y cobró en 2018 un cheque por más de un millón de pesos, por concepto de devolución de un “pago indebido del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”. El caso es que Crispín Carreón dispuso de ese recurso a pesar de no tener vínculo alguno con la empresa que decía representar y que se había extinguido en diciembre del 2016. *** Para que el fraude se materializara, el excandidato priista de Papantla contó con la complicidad de quien en ese entonces ostentaba el cargo de procurador fiscal, Javier Yáñez Vázquez y el que se desempeñaba como subprocurador de asuntos contenciosos, Felipe de Jesús Marín Carreón (pariente de Crispín Carreón). *** En la actualidad esos tres personajes son señalados ahora de participar en operaciones ilegales para apropiarse de predios cuyos propietarios son de avanzada edad y a los que se les complica la defensa jurídica de sus bienes. Lo que en otras zonas de la entidad se ha dado en bautizar como “cártel inmobiliario”. *** Ya existe una detallada carpeta con varios casos en los que figuran todos ellos y son señalados por los legítimos propietarios. Muy pronto se ejercerá acción penal y se destapará la cloaca.
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