Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Esta semana ocurrió algo que ya casi no se veía en el territorio veracruzano: la
Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que luego del cateo de una
propiedad en la colonia Vicente López, de La Antigua, fueron asegurados “aretes”
de identificación ganadera con distintas numeraciones, además de equipo para
conservar productos refrigerados. *** La Policía Ministerial inició una investigación
sobre el posible manejo de reses robadas (abigeato) y ocho personas fueron
detenidas. *** Los casos de abigeato en la entidad casi se habían extinguido. En
otros tiempos, la labor coordinada de los puntos de inspección zoosanitaria y las
unidades móviles de Seguridad Pública acabó con ese delito. Sin embargo, el
combate a la plaga del gusano barrenador abrió verdaderas autopistas de
corrupción. *** Los inspectores de sanidad animal cobran “moche” a quienes
transportan jaulas con ganado bovino, para “brincarse” los puntos de inspección.
Eso no sólo ha provocado que la plaga del gusano barrenador avance, sino que
ha permitido que rebrote el robo de ganado. *** Cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan que en el primer semestre del
presente año se han registrado 89 denuncias por robo de ganado en Veracruz.
Enero tuvo la cifra más alta, con 25 casos, mientras que en junio se reportaron 23
casos. *** Sin hacerlo público, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado
(Sedarpa) ha hecho drásticos ajustes en su plantilla de inspección, movilización y
en las áreas donde se expiden constancias y certificados de introducción de
ganado. *** En la Dirección de Ganadería retiraron a su titular y hasta la fecha no
han nombrado a nadie en su lugar; a la coordinadora encargada de expedir los
permisos para la introducción de ganado la cesaron y al coordinador de
movilización, Moisés Díaz Romero (el encargado de recolectar los “moches” en los
puntos de inspección) ya lo quitaron del cargo. *** Mientras tanto, trascendió que
la Exposición Internacional de Ganado Cebú, que estaba programada para
realizarse del 7 al 16 de agosto en Tuxpan, habría sido cancelada, debido a que
una organización criminal estaba exigiendo hasta 500 pesos por cabeza de
ganado que se comercializara durante el evento. *** Los cálculos más someros
hablan de no menos de 5 mil transacciones comerciales, lo que representaría un
“cobro de piso” de 2.5 millones de pesos, tan sólo por la compra-venta de ganado,
a lo que habría que sumar lo que les cobrarían a otros comercios que se
establecieran en la Exposición. *** Inseguridad y corrupción, dos ingredientes que
terminarán por acabar con la industria pecuaria en Veracruz.
La alcaldesa de Xalapa no termina de entender que los gobiernos municipales son
órganos colegiados en los que un grupo de ciudadanos elegidos por la sociedad
aportan ideas, proyectos y propuestas, para mejorar las condiciones de la
comunidad.
Alguien le debió explicar a la alcaldesa que al asumir la presidencia municipal de
Xalapa se integró a un cuerpo edilicio en el que todos sus integrantes tienen el
poder de votar sobre cada tema que ahí se discute y que el voto de la alcaldesa –
como edil- es sólo uno más.
Esta semana el Cabildo xalapeño realizó una sesión extraordinaria para someter a
votación el proyecto de Decreto con el que se pretende reformar el último párrafo
de la fracción III del artículo 67 de la Constitución de Veracruz.
La propuesta (ya aprobada por el Congreso local, pero que requiere el respaldo de
al menos la mitad más uno de los Cabildos de la entidad, esto es: 107) abre el
catálogo de perfiles profesionales para quienes aspiren a ocupar la titularidad del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis). Hasta hoy
quienes ocupan ese cargo deben demostrar que cursaron la carrera de Derecho,
pero con la reforma también podrían acceder a dicho cargo profesionales de la
Contaduría Pública, Economía o en Administración Pública. También se permitirá
que el titular sea alguien que no haya nacido en Veracruz.
La propuesta ya había sido rechazada por legisladores de oposición, pues
advertían que se estaba diseñando un “traje a la medida” y no se atendían temas
de fondo en materia de fiscalización.
En el Cabildo de Xalapa, los regidores de Movimiento Ciudadano (MC) negaron su
apoyo al proyecto de decreto y a su postura se sumaron otros dos ediles, mientras
que dos regidoras (una del partido “aliado”, el Verde y otra del PRI) se declararon
en abstención.
De 15 votos que se suman en el ayuntamiento capitalino, ya ocho no estaban a
favor. Para colmo, al inicio de la sesión se anunció que no podría asistir el síndico,
lo que dejaba la votación con 6 a favor de la reforma, seis en contra y 2
abstenciones.
Fue en ese momento en el que a la alcaldesa “le cayó el 20”. Se enteró de que su
voto en el Cabildo pesa lo mismo que el de los otros ediles.
Tuvieron que hacer verdaderos milagros. Consiguieron que el síndico dejara lo
que estaba haciendo para que llegara a la sesión y aportara el voto que les faltaba
para la aprobación del decreto.
“¿Se imaginan como se va a poner la gobernadora si se entera que en Xalapa no
pudimos sacar el apoyo a su decreto?”, se alcanzó a escuchar.
Y es que hasta los regidores de Morena, en silencio y con la cabeza agachada,
esperaban que “le dieran palo” a la propuesta de reforma. No porque les importara
mucho el perfil del titular del Orfis, sino porque son los más resentidos con la
alcaldesa que, a pesar de ser de su mismo partido, los ignora en cada decisión
que se toma. Sus acuerdos son con los directores de área y a los regidores sólo
los utiliza para que levanten la mano en las sesiones de Cabildo.
Hay en el ayuntamiento de Xalapa una verdadera crisis de gobernabilidad. La
alcaldesa se cree poseedora del “bastón supremo” y asume que todos deben
acatar sus órdenes.
Ya transcurrió la primera mitad de su primer año. A estas alturas ya debió haber
entendido lo que significa “gobierno colegiado”.
Epílogo.
Excelente noticia, la eliminación de la deuda bursátil de 199 ayuntamiento. Es, sin
duda, un importante logro de la administración estatal. Sólo que habría que hacer
algunas precisiones. *** La gobernadora Rocío Nahle, o su secretario de Finanzas,
tendrán que explicar de dónde salió el recurso para pagar esa deuda. Tendrán que
explicar en qué parte del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local
para el presente año, está contemplada la aplicación de recursos para ese rubro.
*** Rocío Nahle tiene que entender que ella sólo es “la encargada del changarro”,
que para disponer de cada peso que entra a las arcas estatales, tiene que
elaborar un presupuesto y éste debe ser aprobado por los diputados locales. Ella
no tiene autorizado disponer de los fondos públicos para fines distintos a lo que se
contempló en el decreto aprobado por el Poder Legislativo. *** Estamos hablando
de más de 1,500 millones de pesos… ¿a cambio de qué?
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