APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“No les molesta que roben,
les molesta que se sepa”
Yo
El gobierno no quiere, por ningún motivo que notas periodísticas cuyo contenido
pone al descubierto acciones de corrupción en las que participan funcionarios,
sean publicadas en cualquiera de los medios informativos existentes, obviamente
porque el partido que los llevó al poder Morena resiente una baja sensible en las
preferencias electorales y eso los pondrá fuera del poder mas temprano que tarde.
Entre los contenidos que ya no veremos seguramente habrá cosas como esta:
La madrugada de este miércoles, elementos del Ejército aseguraron una mini
refinería clandestina en el municipio de Coatepec, a 30 minutos de la capital del
estado.
El predio está a un costado de la carretera que comunica hacia Tuzamapan.
En este lugar presuntamente se trabaja clandestinamente con derivados del
petróleo.
Al lugar arribaron efectivos del Ejército Mexicano, Seguridad Física de Pemex y
Guardia Nacional.
Unidades artilladas se apostaron afuera de la bodega localizada en el kilómetro 1
de la carretera Xalapa-Huatusco; la fachada del sitio mostraba la leyenda SEESA,
con letras azules y fondo verde. Se desconoce si hubo detenidos en ese lugar.
Este jueves se mantiene el operativo por parte del Ejército Mexicano, Guardia
Nacional y de Pemex en la zona de la carretera Coatepec-Tuzamapan.
Bueno pues esta nota que apareció ayer muy temprano en diversos medios, al
medio día ya había sido desmentida y retirada de la vista de los lectores. Para que
eso no suceda la presidenta envió una reforma al Congreso la cual, con el cuento
de cuidar a las audiencias de los materiales que consume, se autonombra
vigilante de lo que si y lo que no debe pasar, es decir una ley mordaza propia de
las más feroces dictaduras.
DE OTRA LEY MORDAZA A LA AUTOCENSURA
Los derechos de las audiencias, están reconocidos en la Constitución y como
resultado de décadas de lucha cívica. Lo que se defina en estos lineamientos no
será sólo un tema técnico, será una decisión sobre los límites del poder del Estado
frente a los contenidos periodísticos.
La Constitución protege al mismo tiempo la libertad de expresión, el derecho a la
información, la pluralidad informativa y los derechos de las audiencias. El reto
jurídico y democrático es equilibrar esos tres derechos sin que uno termine
anulando a los otros.
Al implementar un censor de contenidos en la televisión abierta, radio, televisión
de paga y audio de paga, es un grave riesgo para la libertad editorial y la libertad
de expresión. No se discute que los ciudadanos tengan derecho a recibir
información clara, a distinguir entre noticia, opinión y publicidad, o a ejercer el
derecho de réplica cuando se difunde algo falso o inexacto. No se trata de
oponerse a que las audiencias tengan mecanismos de defensa. Se trata de evitar
que esos mecanismos se conviertan, en la práctica, en una herramienta de
presión y censura gubernamental.
Las audiencias no necesitan comisarios que decidan qué deben oír, ver o creer;
tienen el derecho y la capacidad inalienable de discernir, exigir y elegir en libertad.
En lo personal rechazo la Centralización autoritaria de una comisión controlada
por el Poder Ejecutivo, esto, es un rasgo de autoritarismo. Al absorber funciones
de órganos autónomos, el Estado elimina contrapesos y actúa como juez y parte
de la información. Conceptos como «derecho a la información» operan aquí como
eufemismos para disfrazar el control político. Exigir legalmente «información veraz»
sin definición clara otorga al Estado el poder discrecional de decidir qué es falso o
verdadero, imponiendo una verdad oficial.
Es imposible creer que esta será una ley con interés legítimo en beneficio del
pueblo, la realidad parece ser un control de la narrativa. Al limitar la pluralidad
informativa y uniformar la narrativa estatal, se pavimenta el camino para que niños
y adolescentes crezcan bajo un «pensamiento único». El resultado será una
ciudadanía alienada que normalice el abuso de poder por falta de herramientas
críticas.
El Estado deben priorizar propuestas normativas que impulsen la infraestructura,
el desarrollo eficiente y la inclusión digital real de la población, en lugar de
robustecer sistemas sancionatorios orientados a intervenir en las líneas editoriales
de los medios de comunicación. El ejercicio del poder público debe enfocarse en
generar el bien común e impulsar las libertades civiles en lugar de hundirlas en la
restricción y la discrecionalidad.
UN DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS
Lenin Martell Gámez es académico y coordinador del “Centro de escritura y cultura
digital” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma
del Estado de México. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM,
maestro en Estudios de Comunicación por la Universidad de Boston, y licenciado
en Periodismo y comunicación colectiva por la UNAM.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ha realizado estancias de
investigación y docencia en distintas universidades del mundo: la Universidad de
Hildesheim, en Alemania; la Universidad de Arizona, la Universidad del Norte de
Texas, en Estados Unidos, entre otras.
Por más de 25 años ha estado vinculado con la producción y el estudio de los
medios públicos y su contribución a la democracia. Su carrera con los medios
públicos comenzó en 1995, en la Public Radio International (PRI), en Minneapolis.
En 1997 fue becario en el noticiario internacional The World (coproducido por la
WGBH Boston, BBC y PRI).
Actualmente, es integrante del Consejo de programación de UAM Radio (2020-
2023) y de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA)
desde el 2016.
Fue miembro del Comité de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
(2015-2018). Su próximo libro, El imaginario de lo público en la radio, se encuentra
en imprenta (editado por la Universidad Veracruzana). Como se puede ver Lenin
es un conocedor de lo que requieren informativamente las audiencias en México,
pero no cabe en el perfil de sensores que el gobierno requiere para su nuevo
proyecto para callar a los medios.
REFLEXIÓN
Milton Navarrete, a sus 16 años, es un joven extraordinario, originario de
Acayucan, con espléndidas cualidades para llegar a ser un muy destacado político
veracruzano, dijo ayer el diputado Hétor Yunes Landa, dirigente del nuevo partido
político Alianza Generacional, al presentar al joven Milton: “Es un privilegio que
haya aceptado nuestra invitación para coordinar estatalmente el programa “Mi
primer Voto”. Ésto es Alianza Generacional por Veracruz, un espacio abierto a la
participación de muchas generaciones, de todas las regiones, de todas las voces”.
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