Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
A menos que la Fiscal General del Estado, Lisbeth Jiménez, presente las pruebas
contundentes de la peligrosidad de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y de Úrsulo
Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente, cuando se
vote este miércoles su desafuero por presuntos delitos graves, se estará cometiendo una
injusticia, un atropello y un acto de ilegalidad por motivos políticos.
En el ambiente no solo político sino social del estado permea la creencia de que la
acusación de la fiscalía corresponde a un acto de represión política por el hecho de que
los ediles son del partido Movimiento Ciudadano, contra el que la propia gobernadora ha
arremetido en diversas ocasiones, acusando públicamente a varios de sus militantes sin
haber presentado jamás una prueba de sus dichos.
Cuando se pensó que los actos de represión política del gobierno de Cuitláhuac García
Jiménez a través de su brazo ejecutor, la entonces fiscal Verónica Hernández Giadáns,
habían quedado atrás, el actual da un paso para retomar la misma actitud. A uno lo
acusan de la autoría intelectual de la muerte de una periodista, al otro, de la desaparición
forzada de un empresario.
No ha dejado de llamarme la atención la cautela con la que han abordado el asunto lo
mismo el secretario de la Comisión Instructora del Congreso local, Ramón Díaz Ávila (PT)
que la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, Naomi Gómez Santos (Morena).
Él adelantó que el dictamen va a favor de la petición de la fiscalía, lo que no deja dudas
de que procederá el desafuero, porque los diputados de Morena y sus satélites son
mayoría.
El petista declaró que determinaron darles garantías a los acusados, una de ellas, que
cuando resuelvan su situación jurídica, las imputaciones que tienen en contra, «puedan
regresar a su cargo sin ningún problema, solo solicitándolo al Congreso del Estado”. La
morenista fue más explícita.
“La Comisión entiende que sí existen elementos, y hacer el hincapié de que, a ver, no es
lo mismo un juicio de procedencia, nosotros no estamos diciendo ‘es culpable’ o ‘no es
culpable’, lo único que decimos es que al final del día, al ser un servidor público, si existen
elementos suficientes para que se lleve un procedimiento penal y que el juez decida,
entonces que se haga».
Expuso que al Congreso del Estado solo le corresponde verificar que existan elementos
constitutivos para que el asunto pase a la vía penal, por lo que instó a respetar la
presunción de inocencia y el debido proceso que deberán resolver los juzgados
correspondientes. O sea, como que quedó en el aire la idea de que, sí, pero no: uno habla
de la posibilidad de que puedan regresar a su cargo, y la otra, de que no están diciendo
que sean culpables necesariamente.
¿Será que no están convencidos de las acusaciones de la fiscal? ¿O es que, por lo que
ya conocieron de los expedientes, no vieron pruebas sólidas, contundentes, o no vieron
una sola que justifique el desafuero? ¿Es que saben que no se pueden oponer a una
decisión política del más alto nivel, que el desafuero irá, pero que los tribunales federales
exonerarán a los acusados y entonces con toda anticipación se están lavando las manos?
Si es que no le jalan las orejas y lo meten al redil, Díaz Ávila adelantó que en la comisión
plantearon que quienes deben asumir los cargos que quedarán vacantes deben ser los
suplentes, Juliana Ruiz Martínez y Pedro de Jesús Rosado Guzmán, lo que ya de perdida
es lo correcto, pero se entendería que lo que se pretende es quitarle todo control y poder
a Movimiento Ciudadano de cara a las elecciones intermedias dentro de diez meses, y ya
veremos si no pretenden imponer como alcaldes suplentes a allegados al palacio de
gobierno.
En el fondo, el diputado del PT, aunque aliado, sabe bien que los alcaldes de su partido a
los que no han presionado para que se pasen a Morena están expuestos al mismo
atropello, por eso, eso creo, habla de la eventualidad del retorno a sus cargos de quienes
este miércoles serán desaforados.
Insisto, si la fiscal no prueba sus acusaciones, habrá que lamentar el retorno a una
práctica que se pensó que había sido un hecho aislado del pasado gobierno. Si no las
sustenta y aún sigue adelante, entonces el gobierno de Rocío Nahle habrá decepcionado
una vez más.
Tan pronto como se vote el desafuero, Movimiento Ciudadano iniciará la defensa en
tribunales. Con un ingrediente político: si a Morena le pintan mal las cosas, como ya le
están pintando, para la renovación de las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027
y la presidenta Sheinbaum le pide a Dante una ayudadita, una primera condición será que
devuelvan sus cargos a sus alcaldes.
Manuel Huerta pide pulcritud a la Fiscalía
Sobre el tema, el senador morenista Manuel Huerta opinó que la fiscalía debe actuar con
pulcritud en las investigaciones para garantizar la presunción de inocencia y el debido
proceso, y dijo que el Poder Legislativo tiene un alto compromiso legal frente a los
dictámenes que se deberán emitir este miércoles.
“Creo que ellos (los diputados) y todos los veracruzanos y mexicanos estamos muy
pendientes de la justicia. Una justicia que tiene que ser, yo creo que debe de haber
pulcritud en las investigaciones. El Congreso local tiene mucha responsabilidad en lo que
va a hacer.
Manifestó que cuando hay un señalamiento y no hay la presunción de inocencia, el debido
proceso ya se etiqueta y se le marca como qué fue, “casi como que se anuncia un
pronóstico. Yo estoy muy atento a que se den argumentos sólidos, legítimos en términos
de la justicia, y que se proceda como se tenga que proceder».
“Ya huelen a baúl”; ¿también López Obrador?
El pasado fin de semana, en un videopodcast, la diputada local poblana, de Morena,
Nayeli Salvatori, en un comentario sobre relaciones con hombres mayores de edad,
afirmó que, fuchi, “ya huelen a viejito, a baúl”. Poco faltó para que dijera que también a
alcanfor. Bien se puede deducir que lo mismo piensa respecto a las mujeres mayores de
edad.
Habría que preguntarle si eso piensa también de Andrés Manuel López Obrador, gracias a
quien, indirectamente, llegó al poder. La expresión suena y es despectiva. Pero eso
piensa una militante y representante del partido que apoya a millones de adultos mayores,
lo que nos indicaría que solo les dan dinero para comprar su voto porque en el fondo los
desprecian.
Claro que la claridad de la poblana escandalizó, hicieron a que ofreciera disculpas, y el
riesgo de que los adultos mayores les volteen la espalda en las elecciones del próximo
año hizo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le abriera un
procedimiento en contra, así como a la también diputada local, igual poblana y de Morena,
Graciela Palomares, quien la secundó.
La dirigente nacional, Ariadna Montiel, fue más lejos. Se pronunció porque les suspendan
sus derechos partidistas, para que a los militantes guindas les quede claro cómo deben
comportarse.
Cuántos y cuántas en el gobierno de Veracruz se agacharon y dijeron yo paso cuando
vieron venir la pedradota de la Salvatori. Así que si se da cuenta, de ahora en adelante,
que la gober, el secretario, el subsecretario y compañía huelen a algún perfumito, no
pregunten por qué. ¿Se hará un padrón también para saber qué marcas de perfumes
prefieren?
