Por Miguel Angel Cristiani
La propuesta de realizar un censo de periodistas en Veracruz ha abierto un debate que va
mucho más allá de elaborar una simple lista de nombres. En realidad, la discusión toca uno
de los temas más sensibles para cualquier sociedad democrática: la relación entre el Estado
y la libertad de expresión.
En principio, la idea puede parecer positiva.
Conocer cuántos periodistas ejercen realmente la profesión, en qué condiciones laborales se
desempeñan, cuáles son sus necesidades de capacitación, seguridad social o protección
personal, podría convertirse en una herramienta útil para diseñar políticas públicas que
fortalezcan el ejercicio periodístico.
Nadie puede oponerse a que un gobierno conozca mejor la realidad de un gremio para
atender sus necesidades.
El problema comienza cuando aparecen las preguntas que todavía no tienen respuesta.
¿Quién organizará ese censo?
¿Con qué fundamento jurídico?
¿Será voluntario o tendrá algún carácter obligatorio?
¿Quién resguardará la información obtenida?
¿Qué uso se dará a los datos personales de quienes decidan participar?
Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿quién determinará quién es periodista y
quién no?
Porque el periodismo no se ejerce mediante una patente, una licencia o una credencial
expedida por el gobierno. Tampoco puede reducirse a una definición burocrática.
Existen periodistas con décadas de trayectoria que nunca cursaron una carrera universitaria,
así como profesionistas titulados que jamás han redactado una nota informativa. Hay
quienes trabajan en empresas de comunicación, quienes colaboran de manera
independiente, quienes publican en medios digitales y quienes ejercen desde comunidades
donde el periodismo sigue siendo un acto de compromiso más que una fuente de ingresos.
La diversidad del gremio hace prácticamente imposible encerrar su realidad en una sola
definición administrativa.
Por ello, cualquier ejercicio de esta naturaleza debe construirse con absoluta transparencia
y, sobre todo, con la participación de las organizaciones representativas del periodismo, de
las universidades, de los especialistas en comunicación y de los propios periodistas.
Un censo no puede convertirse en un mecanismo para otorgar certificados de autenticidad
periodística.
Tampoco debe utilizarse para establecer categorías entre quienes son considerados
periodistas «oficiales» y quienes, por alguna razón, queden fuera de un padrón.
Si el propósito es fortalecer al gremio, el camino debe ser la inclusión y no la exclusión.
También es indispensable garantizar la protección de los datos personales. En un país
donde ejercer el periodismo sigue representando riesgos, la información sobre identidad,
domicilio, lugar de trabajo o cobertura informativa debe manejarse con los más altos
estándares de confidencialidad.
La confianza será el principal requisito para el éxito o el fracaso de cualquier censo.
El periodismo veracruzano necesita reconocimiento, capacitación, mejores condiciones
laborales y mecanismos eficaces de protección. En eso difícilmente habrá desacuerdos.
Lo que sí merece una amplia discusión es el instrumento que se utilizará para alcanzar esos
objetivos.
Porque las mejores políticas públicas no son aquellas que nacen de una buena intención,
sino las que logran generar confianza entre quienes serán sus destinatarios.
Si el censo pretende convertirse en una herramienta para fortalecer la libertad de expresión,
contará con el respaldo de muchos.
Pero si deja espacio para la duda, la discrecionalidad o la posibilidad de convertirse en un
mecanismo de control, difícilmente logrará la legitimidad que requiere.
La diferencia entre un instrumento de apoyo y uno de vigilancia no siempre está en el
discurso con que se presenta, sino en las garantías jurídicas y democráticas que lo
acompañan.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño, pregunta:
«Si para proteger a los periodistas primero hay que hacer un censo, ¿quién hará el censo
de las autoridades para saber cuántas cumplen realmente con la obligación de garantizar
la libertad de expresión?»
