APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“La NASA investiga si hay
inteligencia en Morena”
Vox Populi
La novedad en materia de investigación policial es la que se refiera que la Fiscalía
General del Estado ha decidido reabrir los casos de desapariciones del “Blindaje
Coatzacoalcos.”
La tormenta sigue sobre la cabeza de Javier Duarte y su administración. Este fin
de semana se confirmó que las investigaciones por las desapariciones ocurridas
durante el Operativo Blindaje Coatzacoalcos no están cerradas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que varias carpetas de investigación
fueron reactivadas y que aún existen datos de prueba pendientes por integrar. La
fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo que las indagatorias podrían alcanzar a
integrantes de distintos niveles de la estructura de seguridad que participó en el
despliegue implementado en 2015.
Es decir, no se hace distinción por jerarquía: altos mandos, mandos medios o
elementos operativos serán investigados si hay elementos que los vinculen con los
hechos. Se prevé que las investigaciones puedan alcanzar a hasta 35 personas
vinculadas al operativo.
La declaración de la fiscal ocurre después de que, en julio pasado, la Fiscalía
General del Estado informó de la detención de 11 personas por su probable
participación en desapariciones forzadas relacionadas con el Operativo Blindaje
Coatzacoalcos.
Hay que recordar que la acusación sobre desaparición forzada fue una de las
muchas acusaciones que llevaron a Javier Duarte a la cárcel.
De hecho, la situación jurídica del exgobernador de Veracruz permanece en
incertidumbre debido al caso de desaparición forzada que la Fiscalía estatal
mantiene abierto en su contra. Si bien un juez decretó el sobreseimiento del caso
-o por tanto la absolución-, la Fiscalía presentó un amparo el cual no ha sido
resuelto.
¿Justicia o caja china?
LA MAÑANERA ES UN MEDIO DE
¿INFORMACIÓN O DE DESINFORMACIÓN?
Las conferencias mañaneras del Gobierno de México se presentan como un
ejercicio de información y rendición de cuentas, pero también se han convertido en
uno de los principales instrumentos de comunicación política del Poder Ejecutivo.
Y ese aparato tiene un costo que se paga con recursos públicos.
El organismo encargado de producir y transmitir buena parte de las actividades
públicas de la Presidencia es el Centro de Producción de Programas Informativos
y Especiales, CEPROPIE. Su función no se limita exclusivamente a las
mañaneras: también cubre giras, ceremonias y otros actos del Ejecutivo. Por ello,
sería incorrecto considerar todo su presupuesto como el costo exclusivo de estas
conferencias.
Para 2025, el presupuesto autorizado de CEPROPIE fue de 32 millones 254 mil
567 pesos. Para 2026 aumentó a 42 millones 137 mil 588 pesos,
aproximadamente 30.6% más. Son presupuestos anuales autorizados para las
operaciones del organismo y no una factura específica de las conferencias
matutinas.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador surgieron cifras todavía
mayores. Una investigación de 24 Horas, basada en el gasto de CEPROPIE,
calculó que entre 2019 y junio de 2024 se habían ejercido más de 511 millones de
pesos, cuando originalmente se habían autorizado alrededor de 210 millones
durante ese periodo, una diferencia de aproximadamente 142%. Sin embargo, es
importante insistir en que esos 511 millones corresponden al gasto analizado del
organismo y no exclusivamente a producir las mañaneras.
EL ASUNTO VA MAS ALLÁ DEL GASTO
Pensamos que el debate no debería limitarse al dinero. El problema más delicado
es la calidad de la información que se difunde desde un espacio oficial con enorme
capacidad para marcar la conversación pública.
La mañanera no es un medio periodístico independiente, sino un canal de
comunicación gubernamental. El propio gobierno establece el formato, presenta
sus cifras y expone su interpretación de los acontecimientos. Esto no significa que
todo lo que se diga ahí sea falso, pero sí significa que sus afirmaciones necesitan
ser contrastadas con estadísticas oficiales, documentos públicos y verificadores
independientes.
ARTICLE 19 realizó un análisis de 34 afirmaciones hechas por López Obrador
entre 2019 y 2022 y solicitó información oficial para comprobarlas. De acuerdo con
esa investigación, solamente dos pudieron ser plenamente respaldadas con
información pública; nueve fueron consideradas falsas y, en veinte casos, las
propias dependencias gubernamentales no proporcionaron elementos suficientes
para comprobar lo dicho por el presidente. También se encontraron afirmaciones
presentadas de manera engañosa o sin el contexto necesario.
El problema tampoco desapareció automáticamente con el cambio de gobierno.
En junio de 2026, el medio de verificación Verificado revisó varias declaraciones
de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellas calificó como engañosa la
afirmación de que México se encontraba entre los tres países con menor
desempleo del mundo. También calificó como falsa la afirmación gubernamental
de que los homicidios dolosos habían disminuido 49% en veinte meses: al
comparar meses completos del periodo de octubre de 2024 a abril de 2026, el
verificador calculó una reducción de aproximadamente 36.6%.
Aquí está el punto central: un gobierno tiene la obligación de informar, pero
informar no es lo mismo que controlar la narrativa. Cuando desde una plataforma
oficial se presentan cifras incompletas, comparaciones convenientes, afirmaciones
sin respaldo o datos que después tienen que ser corregidos, la conferencia puede
convertirse en un vehículo de desinformación, aunque simultáneamente difunda
información verdadera.
Además, una declaración presidencial tiene una capacidad de propagación
enorme: pasa de la transmisión oficial a periódicos, televisión, videos, redes
sociales y millones de teléfonos. Para cuando una cifra falsa o engañosa es
verificada y corregida, el mensaje original puede haber circulado mucho más que
la aclaración.
Por eso, la discusión sobre las mañaneras no debería reducirse a estar a favor o
en contra de un presidente. La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿debe un espacio financiado con dinero público servir principalmente para
informar con datos comprobables o para imponer la versión política del gobierno
en turno?
La transparencia no consiste únicamente en hablar durante horas frente a las
cámaras. También implica presentar evidencia, aceptar el contraste de datos,
responder preguntas incómodas y corregir públicamente aquello que resulte falso
o impreciso.
Las mañaneras pueden ser un mecanismo legítimo de comunicación
gubernamental, pero cuando la información oficial se mezcla con afirmaciones
falsas, datos sin contexto y narrativa política, dejan de ser solamente un ejercicio
de rendición de cuentas y corren el riesgo de convertirse en una poderosa
herramienta de desinformación pagada por los propios ciudadanos.
SE ACUMULAN LOS ABUSOS DE LA 4T
Hace unas semanas, luego de haberse encontrado comida en mal estado en los
hospitales, la gobernadora Rocío Nahle ordenó suspender todos los contratos con
la empresa encargada de la elaboración de los alimentos y destinó suficientes
recursos para la rehabilitación de 60 cocinas hospitalarias. Igualmente, la Auditoría
Superior de la Federación inició investigaciones contra funcionarios de la
Secretaría de Salud local, debido a las irregularidades en los convenios que
perjudicaron las finanzas públicas del estado.
Lo anterior, tuvo muy molestas a las galopinas ya que a ellas las tuvieron
preparando los alimentos día y noche sin pagarles hora extra.
Otro ejemplo de las irregularidades que se viven hoy es que la encargada del
jurídico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Elvira Duarte Méndez,
ostenta un código de cocina, y ¿Cómo lo consiguió?, la explicación es muy simple,
durante el gobierno de Cuitlahuac García, la dirigente sindical Elizabeth
Melquiades quien ahora milita en Movimiento Ciudadano (MC) vendía las plazas
homologadas al mejor postor, en contubernio con ex director Jesús Uribe Flores,
quien pertenecía al cártel del IMSS, aquel que se le caían los elevadores por no
darles mantenimiento, dándole el visto bueno la directora de recursos humanos
Alicia Vázquez Cuevas, en aquel tiempo quien era gente de todas las confianzas
de Ivan Sisniega. No hay que olvidar que el nosocomio pertenece a la Secretaría
de Salud y del IMSS Bienestar del “doctor Besitos” Roberto Ramos Alor.
La encarga de jurídico Elvira Duarte Méndez aparte de comprar su plaza de
cocinera en hospital para percibir un mejor salario también compró su título en la
UPAV y es ahí donde ni la contraloría ni la gobernadora hacen nada por moverla,
mientras ella se dice intocable y así las cosas con la 4T. Por estos y otros tantos
abusos más, el pueblo sabio cobrará factura el próximo año en la elección en el
puerto de Veracruz.
REFLEXIÓN
Nos hacen ver un detalle sobre la improvisación de los funcionarios morenistas
impuestos al interior del gobierno estatal y algunos municipios como Xalapa. Se
afirma que hay personas ocupando cargos muy importantes porque “son
fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional” y eso los convierte en
analfabetas funcionales premiados. Puede que tengan razón en reconocer de esa
manera el “esfuerzo” de los luchadores sociales, pero con esas acciones, que
atentan contra los gobernados, es que se están hundiendo como partido.
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