Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
Resulta que yo tenía una empresa que compré de oportunidad. La vine trabajando
muchos años, creando empleos, pero por las condiciones económicas actuales decidí
cerrarla pues ya no da, como se dice en el medio comercial y empresarial. Avisé de mi
decisión a los productores que me surten, a los trabajadores y a los proveedores y les
hice saber que los liquidaré conforme a la ley y cumpliré todos los compromisos que
contraje con ellos. Entonces decidí tomarme un descanso e irme de viaje.
¿Tenía yo que seguir sosteniendo un negocio que ya no me era rentable? No. ¿Tenía que
haberle avisado al gobierno que iba a cerrar mi empresa? No. ¿Tenía que haberle pedido
permiso a la presidenta, al gobernador, a la gobernadora para irme de viaje con mis
propios recursos? No. ¿Tuvo algo de “raro” que lo haya hecho? No. Me disculparán los
tres lectores que me quedan, según Duarte, que no plantee mi ejemplo con términos de
hombres de negocios, pero así es como entiendo que se presentó el cierre del ingenio
San Pedro, en el municipio de Ángel R. Cabada.
Cierto, al cerrar mi empresa, por inviable, he dejado un problema social por el desempleo
en el que quedan los que eran mis trabajadores, pero ese ya no es mi problema. No los
dejo en el aire porque les pago lo que les corresponde conforme a la ley. Que alguna
autoridad se preocupa porque el problema social le queda y quiere reabrir mi empresa,
que me compre lo que quedó, le invierta, la reabra y recontrate a los trabajadores. Y
sanseacabó.
Con sorpresa, en mi viaje, en el extranjero, de pronto me entero que la autoridad, que
supo a tiempo del problema que se venía porque los trabajadores estuvieron dando
señales de alarma, pero que no hizo nada para apoyarme y apoyarlos, ha salido a decir
que me anda buscando y a culparme para evadir la parte de la responsabilidad que le
toca, me califica de irresponsable y cuestiona por qué me fui de viaje. O sea, en lugar de
buscarme para dialogar en forma respetuosa, me agrede y además me exhibe
mediáticamente.
Como comerciante o empresario que soy, sé que así no se tratan estas cosas, al menos
en el terreno del mundo de los negocios. Como ciudadano confirmo mis sospechas de
que en el gobierno les falta oficio político, que no tienen un operador político que sea
capaz de dialogar, discutir, negociar y acordar en los mejores términos, pero que, además,
están ensoberbecidos llenos de poder y se creen los dueños del estado y de la vida de los
veracruzanos, y que quieren tratarme y quieren tratarnos como si fuera, como si fuéramos
sus empleados.
Como comerciante al que le dolió cerrar su empresa porque no le quedó de otra, pero que
no le pidió ni le pide nada al gobierno ni vive del gobierno, me tiene sin cuidado que esté a
disgusto la autoridad, pero no acepto que me tache de irresponsable y con ello lastime a
mi familia y me deje mal ante amigos, compadres, conocidos, compañeros y acreedores.
¿Con qué derecho me insulta? ¿Nada más porque tiene el poder político? Como me
tratan trato. Si tanto quieren lo que quedó de mi empresa, la vendo, pero en efectivo y
bajo mis condiciones.
El cierre se dio dentro de la ley
El 5 de agosto, Grupo Azucarero San Pedro fue muy puntual. Mediante un comunicado
informó de su decisión. Dijo que agotó todas las alternativas a su alcance y que las
condiciones del ingenio, de la región y de los factores que enfrenta la industria azucarera
hacían inviable que continuara funcionando, que cerrarlo ahora y de esa manera era lo
más responsable, ya que permitía un cierre ordenado para garantizar el cabal
cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y contractuales. Nada, pues, fuera de la
ley.
Se evidenció que el Gobierno no está al tanto de lo que pasa
Insisto: ¿Dónde estaba el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón Salas,
dónde el de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga, que no actuaron a tiempo para
evitar el cierre del ingenio? ¿El delegado de Política Regional nunca informó el problema
que se vivía? ¿Es que el Gobierno del Estado no está al tanto de lo que pasa en la
geografía estatal? ¿La diputada local del distrito, Liliana Castro Muñoz, nunca se enteró
de lo que estaba pasando y por eso no actuó? ¿Lo mismo la diputada federal, Paola
Tenorio Adame, ambas de Morena?
El ingenio era prioridad, no los festivales
Escucho, veo, leo lo que dice ahora la gobernadora Rocío Nahle, pero todo me parece a
toro pasado. Declara que no se permitirá el cierre del ingenio, pero resulta que ya cerró.
“Es un tema fuerte en el que tenemos que actuar inmediatamente. He estado escuchando
a los trabajadores, productores y representantes sindicales. Tengo que ver por Veracruz,
por las familias trabajadoras y por la producción”. Qué bien. Creo que debió haberlos
escuchado antes. La prioridad era esta, no los festivales artísticos y musicales.
Habla de construir una solución, lo que me parece correcto, pero no creo que abone
poner bajo sospecha la inviabilidad económica, como lo hizo en declaraciones. ¿Mesas
de trabajo? No creo que sirvan de nada. Se requiere una solución práctica e inmediata:
comprar el ingenio y echarlo a andar y el único que tiene dinero, de sobra, es el gobierno,
que se da el lujo de pagar a un DJ ¡45 millones pesos! por venir a presentarse una sola
vez al puerto de Veracruz. ¿Cuánto se han gastado en festivales este y el año pasado?
¿Y si mejor el dinero que se tiene para esos guateques se destina para el ingenio?
Quiere que el empresariado le consulte todo
Este miércoles, la gobernadora comentó que ya habló con el presidente del Consejo de
Administración y que le hizo una propuesta, pero dijo más, creo que confundida y sin
medir hasta dónde llega su alcance como primera autoridad.
“¡Qué bueno! Han dado trabajo, pero si ya no quieren, no pueden soltarlo nada más así,
tienen que ser más responsables. Primero, avisarle al gobierno, porque tenemos
trabajadores y hay una responsabilidad social que deben de tener”.
Creo que sus palabras van a causar inquietud en el sector empresarial. Está diciendo que
si un comerciante o empresario va a cerrar algún negocio tiene que avisarle primero al
gobierno, por los trabajadores, aunque resulta que las empresas son de propiedad
privada y no tienen por qué avisarle ni rendirle cuentas al gobierno. Sería tanto como
someterlas bajo su control.
Dijo que no sabía los motivos del cierre del ingenio, aunque opinó que “así no se hacen
las cosas”. O sea, ¿piensa que ella también es quien debe decirle al empresariado cómo
actuar? «Por eso es que me puse un poco firme, dije: ‘no, las cosas se tienen que hacer
bien, tienen que avisar, tienen que mostrar sus estados financieros’”. No, no creo que
ningún empresario lo va a hacer. No tienen por qué. Lo preocupante es que creo que ha
empezado a asomar su lado autoritario: todo lo tiene que decidir ella. Lo que faltaba. ¿Se
dará cuenta de lo que dice y cómo lo dice?
