Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Hace cinco meses, en marzo, La gobernadora Rocío Nahle anunciaba que había recibido la renuncia de la administradora del fideicomiso “Fondo del Futuro”, Ana Laura del Ángel, que entre sus responsabilidades incluía la administración de la ciudad industrial Bruno Pagliai. *** En aquella ocasión la gobernadora comentó que la renuncia estaba “en revisión”, junto con un informe sobre el estado financiero de ese organismo. Ahí mismo confirmó que se realizaría una auditoría “profunda” ante la detección de posibles irregularidades. “Se realizará una revisión exhaustiva, ya que traemos saldos negativos y hay que ver en qué se gastaron exactamente”, señaló. *** Casi medio año y esa “revisión exhaustiva” sigue sin ofrecer resultados. Hay que recordar que los empresarios que poseen lotes en la “Bruno Pagliai” reclaman que los recursos que les cobran a ellos para el mantenimiento del sitio no son aplicados en la mejora del mobiliario urbano, lo que provocó que la propia gobernadora anunciara que había llegado un acuerdo con la alcaldesa de Veracruz Rosa María Hernández Espejo, para la municipalización de la zona industrial. *** El muy probable desvío de esos fondos para el mantenimiento de la ciudad industrial, debería aparecer en la “revisión exhaustiva” que prometió la gobernadora. Lo que es lamentable, es que hasta la fecha nada se sepa de los resultados de la auditoría. *** Mientras tanto, el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial “Bruno Pagliali”, Gerardo Correa, con esa “iniciativa” que le caracteriza, organizó una reunión con funcionarios de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. *** A la reunión acudieron los empresarios, quienes se llevaron una desagradable sorpresa: Los representantes del gobierno estatal les aclararon que, si pretenden el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle y que se concrete la municipalización, lo primero que deben hacer es “pagar las cuotas de mantenimiento que están pendientes”. *** Ningún compromiso para aclarar el destino de las cuotas que ya habían sido liquidadas, pero con la exigencia de que se paguen al gobierno estatal recursos que ya no serían aplicados en la zona industrial, pues esa responsabilidad recaería en el ayuntamiento. *** Lo que más sorprendió a los industriales fue que quien los representaba, Gerardo Correa, se puso del lado de la autoridad y pretendió convencerlos de que “pagar es lo mejor, ya después vemos qué paso con lo demás”. *** Fue entonces que se escuchó como un rumor entre los presentes: ¡qué pronto mostró el cobre!
* * *
Los siguientes datos no tienen la firma de una casa encuestadora, de hecho, su origen no es muy claro. Lo que se sabe es que forma parte del material que se analiza en Palacio Nacional para tomar decisiones rumbo al proceso electoral del próximo año.
Es algo que pretende ser un diagnóstico de los 19 Distritos que considera el Instituto Nacional Electoral (INE) en su cartografía para el proceso federal en el estado de Veracruz.
Los divide en tres categorías: Alto Riesgo, Competido y “Seguro Morena Verde”.
Se entiende, por tanto, que la medición está hecha a partir de las posibilidades de triunfo de los candidatos de la llamada “cuarta transformación”.
En el primer rango –“Alto Riesgo”- este diagnóstico coloca ocho Distritos. Por orden numérico (esto es, los números que les asigna el INE) en esa categoría aparece el distrito I, con cabecera en Pánuco. Sobre él refieren un fuerte “cacicazgo regional”, con especial inclinación a favor del PAN y del PRI.
Después aparece el Distrito IV, con cabecera en Boca del Río, del que recuerdan que fue el único que se perdió en el 2024 y advierten que es el “bastión de los Yunes”. Le sigue el Distrito V, que incluye Poza Rica y Tuxpan y sobre él reconocen que Movimiento Ciudadano (MC) ganó la elección municipal del 2025 (la que le arrebató Morena en tribunales) y apuntan al voto “petrolero”.
El Distrito X (Xalapa urbano) aparece ahí y llaman la atención por la escasa diferencia del 2024 (131 votos) así como el “voto volátil” de los capitalinos. El Distrito XII (Veracruz) también lo ven complicado, por la participación de la clase media empresarial, más afín al PAN. Ven alto riesgo en el Distrito XIII (Huatusco) donde advierten un “voto conservador”.
En Orizaba (Distrito XV) ven mayor participación del sector obrero y una fuerte estructura priista. Y en el Distrito XVI (Córdoba) ven el voto empresarial y el cañero con un panismo fuerte.
En el cajón de los Distritos “competidos”, este diagnóstico incluye Álamo-Tantoyuca (Distrito II), con fuerte voto indígena y para el que se requiere -apuntan- “un candidato huasteco”. Aparece el Distrito III (Cosoleacaque) sobre el que se apunta su perfil petrolero. Le sigue Papantla (Distrito IV) del que apuntan la fuerza indígena y su identificación con propuestas nativas.
También señalan a Coatepec (Distrito IX), sector cafetalero con presencia competitiva del PAN, y -finalmente- Zongolica (Distrito XVIII), del destacan su pobreza y el predominio del “voto corporativo”.
Los votos que este estudio le pone la etiqueta de “seguros” son Martínez de la Torre (“oposición desarticulada”), Xalapa Rural (“2 a 1 Morena”), Coatzacoalcos (“bastión obradorista”), Minatitlán (“fuerza sindical por Morena”), Cosamaloapan (“tierra verde, fortaleza Herrera”) y San Andrés Tuxtla (“dominio Morena-Verde”).
Seguramente habrá visiones distintas a esta medición, pero llama la atención que, siendo un ejercicio interno (no para difundir, sino para trabajar en concordancia con este panorama), se admita la posibilidad real -que nunca aceptarán públicamente- de que se pierdan hasta 13 de los 19 Distritos en disputa.
Eso explicaría el nivel de nerviosismo que ha mostrado el gobierno estatal en las semanas recientes; la cada vez más fuerte presión para que los actores políticos de oposición se retiren, o se sumen al grupo en el poder, y el chantaje de la administración estatal a los alcaldes: “si quieres obras, te vienes con nosotros; si no quieres, entonces tendrás que rendir cuentas en la Fiscalía”.
* * *
Epílogo.
Aquellos abogados que acudieron a defender a la exservidora pública Luis María Escudero Jonguitud (quien fuera acusada de ostentarse como “fiscal” cuando en realidad hace tiempo dejó ese cargo y en la actualidad se dedica al litigio) se quedaron inconformes con la decisión emitida en el juzgado de control, en la que se le vinculó a proceso. *** Ahora, con la asesoría -y el tráfico de influencias- del juez Andrés García Velazco, han montado una persecución jurídica contra fiscales y abogados que han tenido alguna participaron en el proceso penal contra su defendida. *** La estrategia es obvia: pretenden enlodar el nombre de servidores públicos que hicieron bien su trabajo y están haciendo cumplir la ley. De nada les servirá. Son muchos los que, en el ámbito judicial, conocen a estos abogados y sus recurrentes trampas.
