Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No es un tema novedoso. La empresa empacadora “Sukarne” adquiere tal cantidad de ganado, que despierta la ambición de los grupos criminales dedicados al abigeato. *** Este martes personal de la Fiscalía de Veracruz llegó hasta el Estado de México donde realizó un cateo y aseguró 35 cabezas de ganado que habían sido hurtadas de un rancho ubicado en Ángel R. Cabada. *** Las reses son propiedad de Sukarne, que para la movilización de los animales contrata un seguro y, por tanto, algunas de las reses portan chips de localización por GPS (Sistema de Posicionamiento Global), gracias a lo cual pudieron ser rastreadas. *** Lo extraño del caso es que ese cargamento con 35 cabezas de ganado tuvo que recorrer la ruta Alvarado-Balastrera para salir a Esperanza, Puebla y, por lo tanto, forzosamente las jaulas tuvieron que detenerse en los puntos de inspección que opera la Subdirección de Ganadería del gobierno estatal. Ese tuvo que haber sido el punto en el que se detectara un cargamento con ganado robado. *** Y llama aún más la atención porque la Subdirección de Ganadería ha cambiado de adscripción a casi todos los inspectores zoosanitarios… menos a los de Balastrera donde -cuentan- se negocia el pase de jaulas sin la inspección obligatoria. *** El chip geolocalizador colocado en alguna de las reses robadas permitirá recrear la ruta que siguió el cargamento desde que fue hurtado. Ahí se definirá el camino que siguieron y los puntos en los que se detuvieron. *** Si no hay colusión entre el grupo criminal y la Fiscalía, la investigación debe arrojar qué inspectores dejaron pasar las jaulas y, por lo tanto, serán imputados por su participación en el delito de abigeato. A menos -claro está- que lo hayan hecho “por instrucciones superiores”.
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Cuando el secretario de Desarrollo Económico de Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, anunció que el ingenio San Pedro no cerraría, pues “la gobernadora Rocío Nahle llegó a un acuerdo con los propietarios”, aclaró que los detalles de dicho acuerdo serían dados a conocer una semana después, justo la que está corriendo.
Este miércoles la gobernadora ya reveló algunos puntos -no todos- de la negociación. Confirmó que el Grupo Porres, propietario del ingenio “decidió regresar a la federación” el ingenio San Pedro de Lerdo de Tejada, aunque no dijo a cambio de qué.
“Yo hablé con la presidenta de México y (ella) dijo: ‘A ver, todo el apoyo’, y la instrucción es que no se cierre el ingenio; nos sentamos y, efectivamente, dijeron: ‘A ver, nosotros ya no lo vamos a trabajar, vamos a cerrar’”, narró la gobernadora.
La gobernadora insistió en que el Grupo Porres “decidió regresar al gobierno federal el ingenio, donde originalmente pertenecía previo a que lo subastaran”.
Nunca habló, sin embargo, de alguna contraprestación. Hablar de que el ingenio será “regresado” al gobierno federal a cambio de nada sería lo mismo que referirse a una expropiación.
“El ingenio tiene un origen público; hay que recordar que cuando se subastaron los ingenios, siempre el origen es público, es de la federación; entonces la persona, el empresario, dijo: ‘Bueno, como es de origen público, yo ya no lo quiero trabajar, voy a regresarlo a su origen’ y dijimos. ‘Está bien’”, dijo Rocío Nahle.
Lo que no aclaró la gobernadora es que cuando pasó de un bien público a un bien privado, la empresa que lo adquirió se convirtió en legítima propietaria y, por lo tanto, su retorno al ámbito público debe tener un costo.
No se trata de reclamar alguna gratificación para el Grupo Porres, sino saber si habrá algún pago y quien lo hará. O, de plano, si el grupo empresarial dijo: “esos fierros ya no sirven, si los quieren, son suyos”.
Lo que sí sugirió Rocío Nahoe es que el gobierno federal le cedería al gobierno de Veracruz los derechos por ese ingenio.
“Sí lo va a regresar; lo agarra la federación y la federación se lo va a dar al estado y nosotros nos hacemos cargo mientras se resuelve, pero nosotros tenemos que trabajar. Requiere mucho mantenimiento el ingenio San Pedro, ya lo vi, pero no importa, se lo vamos a dar, para seguir trabajando y poder aumentar la producción de azúcar, y yo me voy a encargar directamente”.
La explicación de la gobernadora despejó algunas dudas, pero generó muchas más.
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Epílogo.
El tema ya llegó a las instancias de Disciplina Judicial de Veracruz. Andrés García Velasco, juez de primera instancia en el Distrito Judicial de Córdoba, fue acusado de tratar de influir en un proceso en el que una dama de avanzada edad denuncia un intento de despojo. *** El recurso presentado por la agraviada hace mención de que el juez ha buscado presionar a los fiscales que llevan su caso, para que “desaparezcan” la carpeta de investigación o, en todo caso, que no la judicialicen. *** El objetivo del juzgador, advierte la quejosa, es proteger a la abogada Luz María Escudero Jonguitud acusada de ser copartícipe en el delito de despojo y de incurrir en el delito de usurpación de funciones (se hizo pasar por “fiscal”). *** Aunque todos estos hechos ocurrieron en Poza Rica, desde Córdoba el juez García Velasco encabeza una estrategia para presionar a los fiscales que llevan este caso, con el fin de evitar que el proceso avance y, por lo tanto, facilitar el despojo de los bienes de una mujer de muy avanzada edad. *** Con miras al proceso electoral del próximo año, el PRI refuerza sus sectores. Este martes el exalcalde de Altotonga, Ignacio Morales Guevara, asumió el cargo de secretario general de la delegación estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). *** En la ceremonia estuvieron presentes la dirigente nacional de CNOP, Fuensanta Guerrero y el secretario de organización del PRI nacional, Jorge Meade Ocaranza. También asistió el dirigente del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana. *** Ya se lo había cantado la gobernadora desde el año pasado: irán por el exdirector de Administración de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Jorge Sisniega Fernández. El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó ante la Fiscalía Anticorrupción denuncias en su contra por irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos. *** Se trata de observaciones realizadas a las cuentas públicas 2023 y 2024. Se refieren a dos contratos celebrados por Sesver en 2024 con Grupo Antber, para la adquisición de infraestructura destinada a generar y almacenar energía eléctrica en hospitales del estado. *** El primer contrato (SESVER/DA/C-134/2024) incluyó la adquisición de un sistema fotovoltaico, una planta de emergencia y un sistema de almacenamiento para el Hospital Regional de Coatzacoalcos y el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Sesver entregó un anticipo de 16 millones de pesos. *** El segundo contrato (SESVER/DA/C-239/2024) fue para la adquisición de sistemas fotovoltaicos para el Centro de Alta Especialidad y el Hospital Regional de Xalapa, además del Hospital General de Córdoba, el de Yanga y el Centro Estatal de Cancerología. Para todo ello hubo un anticipo de 40 millones de pesos. *** El Orfis detectó un daño patrimonial a Sesver y los expedientes ya están en la Fiscalía.
