APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“No existe ninguna intención de
expulsar de Morena a Rocha Moya”
Citlalli Hernández Mora
Durante los últimos años, el gobierno de Morena, en complicidad con el ORFIS, ha
querido “apretar” a los presidentes municipales y a ciertos funcionarios públicos
con la revisión de la Cuenta Pública de cada año. Sin embargo, no se trata de otra
cosa que de querer espantar con el petate del muerto.
Los auditables se comen las uñas pensando en qué es mejor: entrarle con un
moche, lo mismo al ORFIS que a la Comisión de Vigilancia del Congreso, o
aguantar vara y enfrentar el proceso administrativo y/o penal, según sea el caso.
El asunto es que todo se trata de una mascarada, o de un gran negocio para
esquilmar a funcionarios y alcaldes que traen la cola sucia… y a veces no tanto.
Pero siempre hay posibilidad de encontrar pecados.
Según información proporcionada por la auditora general, Delia González Cobos,
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) acumula 361
denuncias por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, pero
únicamente 10 procedimientos han sido judicializados por la Fiscalía General del
Estado (FGE).
Los casos que han llegado ante un juez representan apenas 2.8 por ciento del
total de denuncias presentadas históricamente por el organismo fiscalizador. En
contraste, alrededor de 72 asuntos fueron cerrados por la Fiscalía al determinar el
no ejercicio de la acción penal, lo que equivale aproximadamente al 19.9 por
ciento de las denuncias.
A escasos días de entregar el cargo, González Cobos dijo que de las 361
denuncias presentadas por el Orfis, 183 corresponden a la gestión de Delia
González Cobos, quien se encuentra próxima a concluir su periodo al frente del
organismo. La cifra representa 50.7 por ciento del total histórico de denuncias.
El momento y la información proporcionada por la titular del ORFIS no son una
casualidad. En principio, su intención es pasar a la historia como la auditora con el
mayor número de denuncias presentadas; esto implica al mismo tiempo, que ha
quedado en manos de la Fiscalía la suerte que sigan estas denuncias.
González Cobos quiere irse sin fantasmas que persigan su candidatura.
Así que los alcaldes y funcionarios públicos que enfrentan una denuncia pueden
estar tranquilos. Es más probable que la portentosa águila de los lagos se tire
aletazo a que ellos sean llevados ante un juez.
Eso sí, la fiscalización sigue siendo un grandísimo negocio para unos cuántos.
MORENA NO EXPULSARÁ AL NARCO ROCHA
La tremendamente voluminosa Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión
Nacional de Elecciones de Morena, afirma con la contundencia que le caracteriza
que en ningún momento ella anunció ni afirmó que exista un proceso para
expulsar a alguna persona del partido.
A través de una publicación en redes sociales, Hernández Mora compartió
completa la declaración que dio sobre el caso de Rubén Rocha Moya con el
objetivo de evitar, dijo, interpretaciones que no correspondan con sus
declaraciones.
“En ningún momento anuncié ni afirmé que exista un proceso para expulsar a
nadie de Morena”, señaló.
La dirigente partidista agregó que cualquier actuación interna del movimiento no
corresponde ser determinada por ella de manera individual.
“Sobre cualquier actuación interna del movimiento, como se escucha claramente
en el audio, no me corresponde a mí determinarla”, sostuvo.
El miedo no anda en burro y el demoniaco macuspano, socio de Rocha, no lo
dejará solo por nada del mundo como que de eso depende también su
tranquilidad.
LOS MEDIOS PERDIERON SU VALOR FRENTE A CORRUPTOS
En los tiempos cuando el cuarto poder era tal cual, no “poder en el cuarto” como
hoy, una denuncia publicada en un impreso era considerada con la seriedad del
caso, en su justa dimensión y la persona o político señalado por cometer uno o
más actos de corrupción era cesado… ¡y procesado!. La prensa tenía un valor
muy alto como vigilante y denunciante de los actos de gobierno. Lo más
importante en esos tiempos, les hablo de los setentas, es que si el denunciado
demostraba con documentos que había sido objeto de una calumnia venía la
demanda por ese delito y si era “por daño moral” al comunicador difamador, la
autoridad lo obligaba a, primero, pedir una disculpa pública y después restablecer
el daño.
Y lo que digo no son valandronadas ni nada por el estilo, son experiencias que me
tocaron vivir en carne propia en mi ya larga carrera de periodista. Les cuento.
Cuando “el señor de plástico” Ricardo Ahued, como le dicen los integrantes del
clan Daniela-Octavio, asumió por vez primera la presidencia municipal de Xalapa,
gracias al impulso que le dio el abogado y político xalapeño Reynaldo Escobar
Pérez, me filtraron datos en el sentido de que había organizado a sus más
cercanos cómplices para abrir, en sociedad, en la ciudad de Puebla una
comercializadora la cual sería la encargada de proveer de todos los insumos que
la alcaldía requiriera. ¡Inche negociazo!.
Esa denuncia en este espacio sirvió al gobernador Fidel Herrera Beltrán para
llamar a cuentas al señor Ahued, quien negó todo y se dijo víctima de una
calumnia. Al mismo tiempo, para estar a tono con la negativa, la abogada Amparo
Alvarez Castilla (ex compañera de Reynaldo y mía en la primaria Enriqué C.
Rébsamen) pero esposa de uno de los cercanos a Ahued, el abogado Hugo
Miguel, interpuso una demanda en contra del medio en el que publicaba mi
columna y en contra mía por supuesto. El daño moral que la abogada xalapeña
consideró le había infringido con mi calumnia se equiparaba a los ¡treinta millones
de pesos!, lo que casi infarta al propietario del diario.
De inmediato fui requerido por mi director quien me advirtió que su empresa no
pagaría un solo peso por mis imprudencias y mis calumnias, yo sereno y seguro
de lo que había publicado le pedí que no se preocupara, que tenía las pruebas en
la mano y que en mi defensa y la de su medio las usaría para contrarrestar la furia
de Ahued y sus corruptos mapaches.
Me entrevisté con el Secretario de Gobierno, Reylado Escobar Pérez, mi amigo y
quien me filtró la información y, como era él, se carcajeó. Buscó entre sus
documentos y me dio un paquetito; las copias de la integración de la sociedad del
alcalde y sus compinches para una comercializadora, copias de una notaría que le
hicieron llegar al jefe Rey.
“Aquí tienes para que te defiendas y los exhibas”, me dijo.
De inmediato me entrevisté con la abogada reina del Amparo, le comenté sobre el
asunto que estaba a punto de publicar para comprobar mi denuncia y de inmediato
accedió a retirar la denuncia a cambio de que el asunto quedara así.
Y así quedó para siempre, yo cumplí con mi compromiso social denunciando a
una pandilla de fascinerosos que se disponían a ganar mucho dinero del erario
municipal y seguí ganado el respeto de quienes me hacen el favor de leer mis
trabajos periodísticos.
La diferencia con el ambiente político actual y el periodismo que hoy se practica es
que los políticos de la 4T no toman en serio las denuncias, creen que poner al
descubierto sus raterías y corruptelas no tendrá consecuencias porque quienes
aplican la ley son morenistas, pero yo estoy convencido de que no, de que
mientras más periodistas haya, más conciencia tendrá la sociedad de la realidad.
Los mexicanos, como dicen muchos políticos, somos inteligentes en una
abrumadora mayoría y dificilmente nos dejamos engañar. Los resultados de la
elección del año entrante serán un refrejo de esto. Ya lo veremos. O como dicen
los clásicos premios intergalácticos de periodismo…Al tiempo.
REFLEXIÓN
Confirman documentos que particular de diputada sí fue contratada por el
Ayuntamiento; alcaldesa lo niega. La administración de Daniela Griego evade
investigar el caso Adriana García, sin embargo contratos, documentos de
transparencia y fotografías públicas confirman que Jazmín Adriana García Sierra,
secretaria particular de la diputada morenista Dorheny García Cayetano, sí fue
contratada por el ayuntamiento de Xalapa
La asistente de la legisladora sí recibió recursos… La pequeña gran rata.
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