DE PRIMERA MANO
*Avanza Plan Xalapa de juicio político a Taddei
*Rosario Robles lleva a las dirigencias opositoras la propuesta de enjuiciar a la
presidenta del INE
*Crece red nacional para cuidar el voto en 2027; “una tarea patriótica”
Por Omar Zúñiga
En la política mexicana, las ideas que nacen en el interior del país rara vez
llegan a las mesas de las dirigencias nacionales, esta vez ocurrió al revés; la
propuesta de promover un juicio político contra Guadalupe Taddei Zavala,
consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, se gestó en Xalapa, en
una de las reuniones que Rosario Robles Berlanga sostuvo con mujeres
veracruzanas durante su recorrido por el estado.
Hoy ese planteamiento ya circula en los despachos de los principales
liderazgos opositores del país.
Así me lo confirmó la propia Rosario en entrevista para esta columna: “Me la
traje como una propuesta de todas las mujeres con las que tuve la oportunidad
de reunirme”.
Desde entonces la ha colocado frente a cada dirigente partidista que ha tenido
a su alcance, y en una segunda reunión en Xalapa se acordó algo más
concreto: integrar un grupo que trabaje la parte jurídica para darle cauce
formal.
La pregunta es obligada, porque una iniciativa de este calibre sin padrinos en el
Congreso es apenas un desahogo.
Rosario la ha presentado a Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del
PRI; con altas autoridades del PAN y tiene pendiente un encuentro con
Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, donde participan exconsejeros
del propio INE, a quienes Robles considera “una voz muy calificada” para
respaldar el planteamiento.
El expediente que la oposición pretende armar contra Taddei tiene varios
capítulos: un INE que a su juicio actúa “flagrantemente a favor de Morena”; la
negativa a inutilizar de antemano las boletas sobrantes, las llamadas “boletas
planchadas”; la sustitución de funcionarios del órgano electoral por perfiles
cercanos al partido en el poder, y la pasividad frente a las campañas
anticipadas que, dice, el árbitro “no ha logrado ni siquiera cuestionar”. Su
pronóstico es que, conforme se acerque 2027, veremos “acciones más
contundentes”.
Conviene poner los pies en la tierra. El juicio político tiene sustento en el
Artículo 110 constitucional, que incluye expresamente a los consejeros
electorales del INE entre los servidores públicos sujetos a este procedimiento.
La ruta es cuesta arriba, cierto, pues la acusación la debe aprobar la Cámara
de Diputados por mayoría absoluta, y la sanción exige dos terceras partes del
Senado erigido en jurado de sentencia.
Con Morena y sus aliados en control de ambas cámaras, la probabilidad de que
la destitución de Taddei prospere hoy es, siendo honestos, prácticamente nula.
-¿Para qué sirve entonces?-, para lo que sirven muchos juicios políticos en
este país, para documentar, con nombre y apellido, la conducta de un servidor
público y obligarlo a responder ante la opinión pública.
Un árbitro señalado formalmente llega a la elección bajo lupa, y hay una
segunda lectura, si la oposición no logra ponerse de acuerdo ni siquiera para
firmar una solicitud de juicio político, poco puede esperarse de la coalición
común que Robles reclama para 2027.
El Plan Xalapa, en ese sentido, también es una prueba de unidad.
Robles no habla en el vacío, desde el 18 de marzo coordina la red ciudadana
de defensa del voto; el juicio contra Taddei es apenas una pieza.
La apuesta de fondo es una red ciudadana de defensa del voto con dos
objetivos explícitos: arrebatarle a Morena la mayoría calificada en la Cámara de
Diputados —“que no nos sigan destruyendo nuestra Constitución”, dice— y
ganar gubernaturas para demostrar que al oficialismo se le puede vencer en las
urnas. En Veracruz, donde en 2027 se renovarán las diputaciones federales y
el Congreso local, el tema no es abstracto.
Robles se ha reunido con organizaciones que durante años se han dedicado a
la observación electoral y trabaja en un encuentro nacional que las agrupe
—todavía no es un hecho, admite— para que la dispersión actual se convierta
en “una sola voz, una sola fuerza”.
El próximo lunes sostendrá una reunión con organizaciones de todo el país, y
anunció que en los próximos días darán a conocer una plataforma para que los
ciudadanos se inscriban como defensores del voto.
Su diagnóstico cabe en una frase: “Sin las actas no vamos a poder defender
los votos”.
Los riesgos que enumera los hemos visto de cerca, los acordeones de la
elección judicial, el acarreo atribuido a los servidores de la nación y la
intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Todo ello, sumado a un árbitro que, en su visión, ha dejado de serlo.
En nuestra conversación anterior cuando estuvo en Xalapa, Rosario reconoció
que tenía miedo, pero que era más grande su amor por México.
Ahora fue cuestionada si, tras encabezar una campaña abiertamente contra
Morena, había recibido amenazas.
“Abiertas, no”…, pero relata una presión que lleva años: su única cuenta
bancaria fue congelada en 2019 por la Unidad de Inteligencia Financiera y,
pese al litigio y a que ya no tiene ninguna causa legal pendiente, pues fue
absuelta y liberada en 2023, la cuenta sigue bloqueada.
“El monto es lo de menos, unos 20 mil pesos”, lo grave, explica, es que no
tiene derecho a una cuenta bancaria, no puede cobrar el ahorro de toda su vida
en el ISSSTE ni realizar operación alguna.
La paradoja que señala es incómoda, pues dice “a los suyos (a Morena), no se
las congelan pese a señalamientos directos, hasta que interviene alguna
autoridad estadunidense”.
Si no hay causa pendiente, mantener a una ciudadana sin acceso al sistema
bancario es un exceso que debería preocupar a cualquiera, simpatice o no con
ella, el uso de la UIF como instrumento de acoso político es un precedente que,
tarde o temprano, puede alcanzar a todos los que no simpaticen con el
régimen.
El llamado final de Rosario Robles tiene dos tareas: votar contra Morena en
2027, idealmente bajo una coalición opositora de frente común, y cuidar las
casillas el día de la elección, tarea que ella califica de “patriótica”.
El juicio político contra Guadalupe Taddei difícilmente prosperará en San
Lázaro. Pero la propuesta que salió de Xalapa ya logró algo: poner al árbitro
electoral en el centro de la conversación rumbo a 2027.
Lo que falta saber es si la oposición tendrá la disciplina para convertir la
indignación en representantes de casilla y actas firmadas, porque las
elecciones no se ganan en las conferencias de prensa; se defienden, una por
una, en cada casilla.
Los reclamos contra el árbitro no son exclusivos de Robles; Rubén Moreira,
coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, acaba
de sumar un capítulo que bien podría anexarse al expediente contra Taddei.
El INE notificó a Moreira que debía borrar un “reposteo” que hizo de una
publicación de su dirigente y retirar el “me gusta” que le dio.
“El INE ya no es ese organismo encargado de la defensa de la democracia.
Ahora es algo parecido a la Inquisición”. Y lanzó la pregunta: “¿A dónde hemos
llegado en este país?”.
Anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y, si es necesario, ante tribunales internacionales, porque
—ironizó— “espero que no le moleste a Morena, (que) este país tenga firmados
convenios para poder acudir a estas instancias cuando acá no hay justicia”.
Su argumento de fondo coincide con el de Rosario: un INE que debe organizar
elecciones, garantizar que sean limpias y que no las contamine el crimen
organizado, está “preocupado por lo que uno sube en sus cuentas de redes
sociales”, metiéndose “en la vida de todo mundo en lugar de garantizar la
democracia”.
Su conclusión es la más dura de todas: el país, dice, va “caminando, por
desgracia, a la dictadura”.
Para quienes impulsan el juicio político, este episodio es oro puro, la imagen de
un árbitro que vigila los likes mientras, voltea la cara ante las campañas
anticipadas.
Rosario Robles concluye con una frase lapidaria y llena de valentía, “tendrían
que matarme para quitarme de en medio y quitar mi voz, pero no lo van a
lograr”.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
