Es mi Pienso
Jesús Castañeda Nevárez
Hay pasajes de la historia y de la literatura profética que de pronto cobran actualidad porque describen con precisión las tentaciones del poder. En el capítulo 13 del Apocalipsis se habla de un candado absoluto: la exigencia a las personas de portar *una marca* como condición para comprar o vender. Más allá de la interpretación teológica, la metáfora es directa: la subordinación y lealtad hacia un poder centralizado del cuan depende tu alimento diario.
Hoy nadie nos pide inclinarnos ante la estatua de un césar, pero el avance silencioso de disposiciones legales y tecnológicas va tejiendo una red con hilos muy parecidos.
Por un lado, está la presión gubernamental para empujar gradualmente las transacciones hacia lo digital, realizando los pagos con transferencias y tarjetas. El discurso oficial habla de modernización, inclusión financiera, seguridad y combate al crimen. Sin embargo, en un país donde más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad, arrinconar el papel moneda no es una simple actualización técnica: es una amenaza a la supervivencia. ¿Alguien ha pensado en la señora de los tamales, en el bolero del parque, en el franelero de la calle? Sería una ironía trágica que la burocracia terminara esperando que el limpiaparabrisas traiga colgada al cuello una terminal bancaria para recibir sus donativos.
Mientras el gran capital y la delincuencia organizada migrarán sin despeinarse hacia criptomonedas, divisas o trueques de alto valor, al ciudadano de a pie se le cierra la puerta del mercado local. Sin señal de internet o sin cuenta bancaria, queda fuera del mapa. Y para muchas mujeres, perder el efectivo puede significar perder su único espacio de privacidad y autonomía económica frente a la violencia o el control doméstico.
A este escenario se suma otra pieza: la reciente aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que crea la Clave Única Catastral y una cédula única para cada predio del país. Bajo la bandera legítima de combatir el despojo y modernizar los registros, la Federación asume la rectoría de un inventario nacional de la propiedad. Sus defensores sostienen que la gestión seguirá en manos de estados y municipios; sus críticos advierten que, con plataformas y lineamientos técnicos federales, la autonomía del Municipio Libre, consagrada en el artículo 115 constitucional, queda condicionada en los hechos.
Si atamos los cabos, la fotografía es clara: primero, la vinculación obligatoria de la identidad con el teléfono celular; luego, la trazabilidad de cada peso digitalizado; ahora, la identificación única de cada propiedad. A ello se suman las medidas del SAT, como la inmovilización de cuentas o la suspensión del certificado digital que impide facturar, cuyo uso discrecional puede condenar a una empresa a desaparecer y a sus trabajadores al desempleo.
No se trata de caer en paranoias, sino de ejercer el rigor analítico. Cuando el Estado acumula la capacidad técnica de saber dónde estás, qué compras, qué vendes y qué propiedad posees, con la facultad añadida de fiscalizar o congelarte con un clic, la línea entre la eficiencia administrativa y el control sociopolítico se vuelve delgadísima. Y si a ello se suma la vigilancia sobre lo que opinamos y lo que publicamos, mediante el llamado «derecho de las audiencias» y las iniciativas «antimemes», el resultado es un control casi total para someter a quienes no tengan “la marca”. Porka Miseria.
