CONTRASEÑAS
- Se le acusa de presuntos actos de proselitismo a favor de una candidata del PT
en elecciones municipales de 2025. - Piden cancelar su registro en padrón de militantes y que sea inhabilitado para
ocupar cargos partidistas o ser postulado a candidaturas.
Miguel Valera
Desesperado como anda en los últimos años, desesperado por las mieles del
poder y en campaña adelantada abierta, porque ya se ve como candidato a la
gubernatura de Veracruz en 2030, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara
está cometiendo errores que le pueden costar la expulsión de las filas del
Movimiento de Regeneración Nacional y la inhabilitación para ser postulado.
Este martes 20 de octubre de 2026, el Tribunal Electoral de Veracruz —en el
expediente TEV-JDC-436/2026— de un Juicio para la protección de los derechos
político-electorales, que puede leerse íntegro en la liga
https://portal.teever.gob.mx/sentencias/2026/oct/20/TEV-JDC-436-
2026%20SENTENCIA.pdf ordenó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia revisar
a fondo las acusaciones de presunta traición partidista y proselitismo a favor de
otras fuerzas políticas del morenista que hoy ostenta un escaño en el Senado de
la República.
En otras palabras, la instancia jurisdiccional confirma la manera de actuar de
este legislador morenista, quien ya es llamado “traidor” por sus propios
correligionarios. Estas acciones son parte de su desesperación, de su
protagonismo y de la campaña abierta en la que anda, tratando de convencer
que él será el hombre fuerte para la aún lejana elección de 2030.
Su estrategia ha incluido denostar al gobierno de Rocío Nahle García, cuestionar
sus acciones y restarle mérito al trabajo que realiza, porque piensa, en su corta
visión, que es poseedor de la simpatía de los morenistas de viejo cuño en la
entidad. Su desesperación de protagonismo le ha llevado también a coquetear
con Movimiento Ciudadano, una fuerza política que ha venido tomando distancia
del partido que le permitió consolidarse.
La sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz “ordena a la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia de Morena que, en ejercicio de sus atribuciones,
reponga el procedimiento y conforme a su facultad de investigación, determine
de manera fundada y motivada las diligencias que considere pertinentes a efecto
de sustanciar y resolver lo que en derecho proceda, en el expediente CNHJ-VER-
387/2025”.
Además, “se APERCIBE a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia de Morena que, de no cumplir con lo ordenado en la presente sentencia,
se les impondrá, en lo individual, alguna de las medidas de apremio previstas por
el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz”.
Este juicio del expediente TEV-JDC-436/2026 fue promovido por Linnet Antonia
Alba Hernández, quien el 23 de octubre de 2025 interpuso ante la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, recurso de queja en contra
del Senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, por la posible vulneración
a los principios, documentos básicos y normativa interna de dicho Partido.
Ahí expuso que el 25 de mayo de 2025 en la comunidad Mesa de la Hierba,
municipio de Acajete, Manuel Huerta habría realizado actos de proselitismo en
favor de María Guadalupe Saldaña Córdoba, a la sazón candidata del PT a la
presidencia municipal.
En sus alegatos expuso que estos hechos van en contra de las reglas internas de
su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional y pidió una sanción ejemplar
para el senador, como la cancelación de su registro en el padrón de militantes y
la inhabilitación para ocupar cargos partidistas o ser postulado a candidaturas.
Presentó pruebas documentales, videos, etcétera. En un primer momento la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia declaró infundada la queja, pero
después de varias instancias electorales, este 20 de octubre se determinó que se
tiene que investigar a fondo esta denuncia contra Manuel Huerta Ladrón de
Guevara y aplicar la ley de manera pareja, sin privilegios.
Ya veremos qué sucede, si de verdad se actúa y se aplica la ley, en un país, en
donde la percepción sobre la aplicación de la ley es predominantemente
negativa, marcada por un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones de
justicia y una cifra negra de impunidad que supera el 93 por ciento. No lo digo
yo. Lo ha señalado la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI. Tan tan.
@MValeraH
