Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Luis Ángel Bravo Contreras es un brillante abogado. Fue el último procurador de
justicia de Veracruz y el primer Fiscal General. *** Luego de renunciar a ese cargo,
a partir de un acuerdo verbal con el entonces gobernador, Miguel Ángel Yunes
Linares, en junio del 2018 fue detenido y procesado por un delito equiparable a
desaparición forzada de personas. Casi un año después, en el 2019, recuperó su
libertad, pues se demostró que el fiscal en turno, Jorge Winckler, había violentado
la suspensión que le había sido otorgada. *** Este miércoles, Luis Ángel Bravo
subió a redes sociales un breve análisis de lo que -desde su punto de vista- había
sucedido con el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui. *** “Hay una lectura del
caso César Jáuregui que parece haber pasado inadvertida: la posibilidad de que la
estrategia de Maru Campos no haya sido sacrificar a su fiscal, sino intentar
protegerlo. La apuesta, bajo esta hipótesis, era procesarlo primero en Chihuahua,
mantenerlo a disposición del juez estatal y conseguir que enfrentara el
procedimiento en libertad o bajo medidas cautelares distintas de la prisión
preventiva”, explica Bravo Contreras. *** “Mientras permaneciera recluido y sujeto
al proceso local, llevarlo físicamente a una audiencia federal habría exigido
resolver previamente las implicaciones de su custodia y disponibilidad judicial.
Pero la jugada tuvo un efecto inesperado: al no imponerse la prisión preventiva en
la causa estatal, desapareció ese obstáculo material inmediato. La FGR pudo
ejecutar la orden de aprehensión federal y llevarlo ante la justicia de la
Federación”. *** Luis Ángel Bravo vivió de cerca al menos dos casos de
funcionarios de la administración de Javier Duarte (Gabriel Deantes y Arturo
Bermúdez) quienes, al confirmarse el triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares y
sabedores de que una vez en el poder actuaría contra ellos, hicieron las gestiones
para que les abrieran procesos antes de la llegada del nuevo gobierno. *** La
Fiscalía a cargo de Bravo Contreras les inició proceso y, en virtud de que se
trataba de presuntos delitos patrimoniales, que no ameritaban prisión preventiva,
un juez de control les impuso como medida cautelar la firma periódica. *** Por
supuesto que Yunes Linares no quedó contento y una vez que tuvo el control de la
Fiscalía -con Jorge Winckler- les inició nuevos procesos a esos dos exfuncionarios
y los envió a prisión. Ambos, por cierto, ya obtuvieron su libertad. *** “La ironía es
brutal: una maniobra que pudo concebirse para proteger a Jáuregui terminó
facilitando precisamente aquello que pretendía evitar. En política y en derecho
procesal, no basta con mover primero. Hay que calcular la siguiente jugada del
adversario”, afirma el exfiscal de Veracruz y remata: “A veces, por querer evitar
que el caldo se derrame, se terminan perdiendo hasta las albóndigas”.
Bien dicen que “el que avisa no es traidor”.
Hace tres meses, en julio del presente año, el coordinador estatal de Movimiento
Ciudadano (MC), Luis Carbonell de la Hoz, anunció que promovería una acción de
inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por el Congreso de Veracruz que
incrementó del 3 al 10 por ciento de la Lista Nominal el porcentaje de firmas que
deberían reunir los ciudadanos para solicitar la revocación de mandato de la
gobernadora Rocío Nahle.
El pasado 7 de julio, con el voto favorable de los diputados de Morena, Partido del
Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) fueron aprobadas reformas a la Constitución
local que endurecieron los requisitos para activar la revocación de mandato.
No fue sólo exigir un mayor respaldo ciudadano para presentar la solicitud.
Además, la reforma dejó establecido que las firmas deberían recabarse en un
plazo de un mes y obtenerse en al menos 107 de los 212 municipios, con un
respaldo equivalente al 3 por ciento de la Lista Nominal de cada demarcación,
cambios que la oposición calificó como un “blindaje” a la gobernadora.
Desde que fueron aprobadas esas reformas, el dirigente estatal de MC, Luis
Carbonell, informó que su partido trabajaba ya con su dirigencia nacional,
encabezada por Jorge Álvarez Máynez, y con su equipo jurídico en la elaboración
de una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma.
“Morena les tiene miedo a los veracruzanos. Es una reforma absurda,
inconstitucional, pero, sobre todo, inmoral. Vamos a seguir luchando para que los
ciudadanos participen y para que este tipo de mecanismos no sean limitados por
una bola de diputados que lo único que quieren hacer es proteger al gobierno en
turno”, afirmó en aquella ocasión.
Pues bien, el recurso jurídico ya fue elaborado y este jueves será presentado.
Luis Carbonell sostiene que la reforma restringe un derecho de participación
ciudadana reconocido en la Constitución y acusó que el Congreso local modificó
las reglas para impedir que los ciudadanos puedan evaluar al gobierno mediante
la revocación de mandato.
“Los derechos de los ciudadanos deben maximizarse y no restringirse, como hoy
ocurre en Veracruz. Hoy se quieren robar el derecho que tienen los veracruzanos
de participar y decidir quiénes deben gobernarlos”, denunció.
Mientras tanto, la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que ese mecanismo de
consulta popular, la revocación de mandato “no le quita el sueño”. Es como quien
jura que no le preocupa que llueva, pero carga su paraguas.
Si de verdad quiere seguir la pauta que le marca el expresidente López Obrador,
la gobernadora de Veracruz debería ser la más interesada en participar en un
ejercicio como ese.
Fue él quien revivió aquella vieja frase: “el pueblo pone y el pueblo quita” y desde
que la propuso la calificó como una herramienta esencial para transitar de una
democracia representativa a una democracia participativa.
Finalmente, cuando se concretó la consulta, la calificó como “un gran avance” que
ayudaría mucho “para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos,
para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en las manos”.
Todos en Morena le aplaudieron, aunque en su interior razonaron: “está muy bien
con él, pero no conmigo”.
Epílogo.
Y a propósito de Movimiento Ciudadano, hay temas que esa organización política
no dejará pasar. *** Este mismo miércoles Luis Carbonell expresó su rechazo a la
intención de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) de aplicar un nuevo
reemplacamiento vehicular, “por instrucciones -así lo admitió el titular de la
dependencia- de la gobernadora Rocío Nahle”. *** El dirigente del partido naranja
calificó la medida como “un ataque directo a la economía popular” en un momento
en que el padrón vehicular aún no termina de actualizarse. *** Dijo que utilizar el
reordenamiento vehicular como un esquema de recaudación ha sido una
constante en los últimos años, en los que administraciones de distintos colores
han lastimado el bolsillo de la población prometiendo mejoras en seguridad que
nunca llegan. *** Movimiento Ciudadano presentará una propuesta en el Congreso
para acabar de tajo con ese cobro recurrente e implementar un modelo moderno y
sensible a las necesidades sociales. *** “En 2027, cuando Movimiento Ciudadano
tenga la mayoría en el Congreso, propondremos que las placas nunca más se
tengan que pagar. Será como en otras partes del mundo: unas placas
permanentes. Desde luego que se actualice la información,
