Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Suena “extraño” -por decir lo menos- que sea hasta ahora que al diputado local de
Morena, Esteban Bautista Hernández, se le ocurra criticar la Ley de Comunicación
Social que propuso Cuitláhuac García y que fue aprobada por la anterior
Legislatura. *** La cuestiona justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) declaró su invalidez. Hoy Esteban Bautista opina que dicha ley “fue
concebida como un mecanismo para censurar y limitar a los medios de
comunicación”. *** Nada opinó mientras estuvo vigente y hay suficientes
evidencias de que, en materia de censura, el Congreso que él encabeza es el
mejor ejemplo. *** Fue en los primeros meses de su gestión cuando fue removido
el titular de Comunicación Social y su relevo llegó a deshacer todos los convenios
que se habían firmado. La consigna fue una sola: “ni un solo centavo a cualquier
medio o periodista que critique el gobierno de Rocío Nahle”. *** El pasado martes,
la Suprema Corte anuló la Ley 841 de Comunicación Social de Veracruz, al
resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH). El máximo tribunal determinó que el Congreso
estatal “excedió sus atribuciones” al expedir una legislación sobre comunicación
social gubernamental, materia cuya regulación corresponde al Congreso de la
Unión. *** Fue entonces cuando Esteban Bautista enarboló la bandera de
“defensor” de la libertad de expresión: “Yo soy partidario de la pluralidad, de la
libertad de expresión. Creo que alguna vez lo dije: no podré estar de acuerdo con
su manera de pensar, pero yo la respeto porque es un derecho que tienen
ustedes”. *** Ya se vio.
Y de pronto apareció la punta del hilo conductor, ese que comunica a la
exconsejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei,
con las cabezas, los operadores del órgano electoral de Veracruz, Marisol
Delgadillo (consejera presidente) y Luis Fernando Reyes Rocha (secretario
ejecutivo).
Luis Carbonell de la Hoz, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) afirmó
que la mafia descubierta en el INE está vinculada con el órgano electoral (OPLE)
de Veracruz y hoy más que nunca se explican las denuncias presentadas por ese
organismo político tras las irregularidades en las elecciones de Poza Rica y
Papantla.
El dirigente de MC calificó de ridículo que traten de justificar como una
“coincidencia” el vínculo entre el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando
Reyes Rocha y una empresa proveedora de material electoral. Tampoco da crédito
al nuevo argumento del funcionario electoral, de que “fue víctima de una
usurpación de identidad”.
Luis Carbonell concedió una entrevista a MVS Noticias y afirmó que las denuncias
de su partido apuntan tanto a posibles alteraciones de votos en las elecciones de
Poza Rica y Papantla, como a una red de relaciones entre funcionarios electorales
y representantes de empresas contratistas.
“Los tentáculos de la corrupción de Guadalupe Taddei imperan en el órgano
electoral de Veracruz”, afirmó.
Carbonell recordó que Movimiento Ciudadano fue perjudicado en el cómputo de
las elecciones municipales de 2025 en Poza Rica y Papantla, dos ayuntamientos
fundamentales para el crecimiento electoral de su partido en Veracruz.
Las autoridades electorales trasladaron de manera irregular los conteos de ambos
municipios a Xalapa y alteraron boletas y resultados.
El dirigente de MC afirmó que en Poza Rica su partido contaba con una ventaja
superior a 3,500 votos.
“Aparecieron las cajas, las urnas abiertas, la paquetería electoral abierta y votos
que ya se habían contado en el PREP -con actas certificadas y a favor de
Movimiento Ciudadano- venían anulados”.
Sobre Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario ejecutivo del OPLE de
Veracruz, cuyo nombre aparece con poderes de representación de Cajas Graf,
Luis Carbonell advirtió que el actual secretario ejecutivo del OPLE Veracruz habría
figurado como apoderado de la compañía mediante un poder que le otorgó su
propio hermano, Raymundo Francisco Reyes Rocha.
Cuando se le mencionó que Reyes Rocha había presentado una denuncia ante la
Fiscalía General de la República (FGR) en días recientes, el dirigente de MC llamó
la atención sobre las inconsistencias del funcionario: “Primero dijo que era un
homónimo y luego aduce que hay un robo de identidad”.
Luis Carbonell señaló que existió con anterioridad una relación profesional entre
Reyes Rocha y Jesús Octavio García González, funcionario que ocupó la
Dirección de Administración en el INE y que también estuvo vinculado como
representante legal a Cajas Graf.
Ambos coincidieron entre 2010 y 2013 en el entonces Instituto Electoral
Veracruzano, donde desempeñaron cargos directivos.
Para MC, la coincidencia de trayectorias profesionales y las relaciones con la
misma empresa ameritan una investigación sobre posibles conflictos de interés.
Ante la cercanía del proceso electoral del 2027 (se renueva en Veracruz el
Congreso local) Luis Carbonell afirmó que se ha perdido la confianza en el árbitro
electoral.
Epílogo.
El Congreso de Veracruz aprobó (41 votos a favor y siete en contra) el dictamen
de la Cuenta Pública 2025, sin modificaciones respecto del Informe que presentó
el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), en el que se reportó un presunto daño
patrimonial por 2 mil 749 millones de pesos. *** En el dictamen sometido a
votación se mantuvieron las observaciones financieras y técnicas reportadas por el
órgano auditor en 181 municipios, 14 entidades paramunicipales, 16 organismos
públicos descentralizados y la Universidad Veracruzana (UV), sin alterar los
montos. *** El presunto daño patrimonial fue detectado principalmente en los
ayuntamientos, que sumaron observaciones por 2 mil 703 millones de pesos; las
entidades paramunicipales presentaron inconsistencias por 42 millones 156 mil
pesos. Los organismos públicos descentralizados sumaron observaciones por casi
4 millones de pesos, mientras que la UV deberá solventar cuentas 225 mil pesos.
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