AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En los altos estratos de la sociedad del puerto de Veracruz ha permeado el escandaloso caso
de una agente aduanal radicada en el vecino estado de Tamaulipas que es miembro de una
prestigiada familia porteña ampliamente conocida por ser dueña de la primera y más grande
empresa distribuidora de gas LP en la zona conurbada desde hace 81 años.
Ayer, el diario Reforma destacó en su portada que la Agencia Nacional de Aduanas de
México y el Gobierno de Tamaulipas promueven hacer negocios en el Puerto de
Matamoros con agentes aduanales acusados penalmente por la Fiscalía General de la
República (FGR) y con órdenes de aprehensión por huachicol fiscal y otros delitos.
El diario capitalino señaló que, aunque la FGR los involucra en redes de tráfico masivo de
combustibles de empresas ligadas a personajes como Jorge Amílcar Olán, amigo de
“Andy” López Beltrán, al menos tres agentes aduanales aparecen en la lista oficial de
octubre del también llamado Puerto Norte como elementos autorizados y recomendados
para hacer trámites de comercio exterior. Uno de ellos es casualmente María Cristina
Cházaro Mabarak, quien aparece también en el documento que promueve a la terminal
portuaria en desarrollo de Matamoros como “la nueva alternativa logística” del Golfo de
México, a unos cuantos kilómetros de Estados Unidos.
Incluso, la presentación señala que Cházaro Mabarak cuenta con patente para operar como
agente aduanal no sólo en el puerto fronterizo de Matamoros sino además en el de
Altamira, el más importante de Tamaulipas, y donde en marzo del 2025 se decomisó un
buque con al menos 10 millones de litros de huachicol, caso que destapó una red de
contrabando de combustibles vinculada a mandos de la Marina y sobrinos políticos del
Almirante originario de Xalapa, Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina en el
sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
María Cristina Cházaro, investigada por la FGR por huachicol fiscal, es egresada de la
Facultad de Ingeniería Civil del puerto de Veracruz. Se tituló en 1999 en la Universidad
Veracruzana (UV), según consta en la cédula profesional número 2895694. Actualmente,
como Agente Aduanal, con Patente Nacional 3692, dirige desde hace más de 15 años el
Grupo Sago, una empresa mexicana con tecnología de punta, “líder en soluciones de
Comercio Exterior, Aduanas, Logística y Negocios Internacionales”, que “brinda una gran
gama de soluciones precisas e inmediatas a través de asesores profesionales y de alta
experiencia”, según se anuncia.
Hace más de 10 años la iban a inhabilitar, por lo que el 26 de mayo de 2016 su abogado,
como representante legal, presentó un escrito en la Oficina de Correspondencia Común de
los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz demandando el amparo y la protección de
la Justicia Federal contra 13 autoridades –desde las cámaras de senadores y diputados del
Congreso de la Unión hasta los secretarios de Hacienda y de Gobernación, el jefe del SAT,
el administrador general y los de las Aduanas de Veracruz, Tampico, Altamira y
Matamoros, y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito– por los
siguientes actos reclamados: la inconstitucionalidad del artículo 160 de la Ley Aduanera
reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
diciembre de 2013; la inconstitucionalidad de los artículos 215 y 219 del Reglamento de la
Ley Aduanera publicado en el mismo DOF el 20 de abril de 2015; y como primer acto de
aplicación, el oficio 800-02-02-00-00-2016-4265 del 2 de mayo de 2016 librado en el
expediente 10/160/AGA/3692/CCM/2016, a través del cual se comunicó a la quejosa el
inicio del procedimiento administrativo de inhabilitación de patente de agente aduanal
número 1215 adscrita a la aduana de Veracruz.
Como la parte quejosa, Cházaro Mabarak invocó como derechos fundamentales violados
los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 72, inciso F, y 89, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del asunto y planteó los
conceptos de violación que estimó pertinentes.
El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, a quien por razón de turno
correspondió conocer del asunto, lo registró bajo el número 529/2016-V, y previo
requerimiento desahogado, mediante acuerdo de 9 de junio de 2016, estimó actualizada la
causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XVI y 77, fracción I de la
Ley de Amparo, por considerar que se trataba de un acto consumado de modo irreparable,
por lo que no era posible reparar la violación que alegaba la quejosa.
Finalmente, su caso llegó hasta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, cuyos cinco ministros integrantes, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek,
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y el presidente y
ponente Eduardo Medina Mora votaron por unanimidad en el siguiente sentido: “Primero.
La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Cristina Cházaro Mabarak, por lo que
hace a los artículos 160, fracción I, de la Ley Aduanera y 215 de su reglamento”, y
“Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Cristina Cházaro Mabarak,
respecto del artículo 219 del Reglamento de la Ley Aduanera y su acto de aplicación para
los efectos precisados en la parte final del último considerando.”
SIGUE LA ‘LIMPIA’ DE
TADDEISTAS EN EL INE
Ayer, el Consejo General del INE rechazó los perfiles propuestos para ocupar consejerías
en Guerrero y Oaxaca, al detectar vínculos con Morena, con la ex consejera presidenta
Guadalupe Taddei, o con ex funcionarios electorales.
Con estas decisiones, según publicó anoche el diario Reforma en su edición digital, suman
siete las consejerías que quedarán vacantes durante algunas semanas, cuatro de ellas
correspondientes a presidencias de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en
medio de la crisis que enfrenta el organismo autónomo.
De los siete institutos, tres iniciaron sus procesos de renovación en septiembre; uno lo hará
en noviembre y los tres restantes, en diciembre.
El jueves pasado rechazaron los perfiles de quienes compitieron por las presidencias de los
OPLES de Baja California Sur, Coahuila, Campeche y Tamaulipas, así como una
consejería en Veracruz.
Este lunes, como pocas veces en el Consejo General, por unanimidad rechazaron las dos
propuestas que había para Guerrero. Entre los postulados estaba Víctor de la Paz, quien fue
Contralor del organismo electoral. La oposición advirtió que era cercano a Morena,
mientras Taddei lo habría entrevistado para la etapa final.
De la Paz compitió contra Brenda Ayala Terrazas, quien hasta septiembre trabajó como jefa
de proyecto en la Secretaría Ejecutiva, entonces presidida por Claudia Espino.
En el caso de Oaxaca, sólo había una propuesta: Flor Angélica Enríquez García, ex
consejera del PRD y ahora supuestamente vinculada a Morena y Taddei. De los 10
consejeros, sólo Uuc-Kib Espadas le dio su voto.
Sin dar detalles, los consejeros afirmaron que recibieron información determinante.
“No voy a personalizar, se trata de personas, no se trata de quemar aquí a nadie, pero de los
tres perfiles que están, a dos yo los califiqué desde un inicio con una calificación bastante
baja y a una tercera persona, el análisis de su historial a mí no me brinda una convicción de
idoneidad”, indicó el consejero Arturo Castillo.
Los representantes de PAZ, SOMOS, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que
en la próxima definición deben garantizar que son perfiles “neutrales”, que no obedecen a
liderazgos locales ni tienen algún conflicto de interés con empresas proveedoras.
“No nos gustaría que designarán a alguna persona que pudiera tener algún vínculo con
todas estas empresas que han sido señaladas en medio de los escándalos que vive el
Instituto Nacional Electoral”, indicó el representante de Somos, Marco Baños.
El priista Emilio Suárez insistió en que ante los señalamientos de corrupción no sólo en el
INE, también en los OPLES, es necesario darle mayor credibilidad a los nombramientos.
“Celebramos una posición mucho más contundente, eso abona la transparencia del
Instituto. Parte de recuperar la credibilidad del Instituto.
“No es irrumpir en los mecanismos de consenso que se generen hacia el interior de las
consejerías para sacar o no este tipo de nombramientos, simplemente es un llamado en
buena lid a entender que lo que estamos viviendo hoy en el país, el cómo la ciudadanía está
volteando a ver al Instituto Nacional Electoral con otros ojos”, añadió.
Y EN EL IECM SE DESPACHAN
‘CON LA CUCHARA GRANDE’
Y, ayer, el diario La Jornada publicó que el programa operativo anual (POA) 2027 que el
jueves pasado aprobó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) considera un
incremento… ¡de 36 por ciento! al sueldo de la consejera presidenta, Patricia Avendaño
Durán, para obtener un ingreso neto mensual de 129 mil 71.04 pesos.
Pero resulta que, según la versión del diario capitalino, con esto, la presidenta iguala el
salario del resto de los seis consejeros, quienes gozan de una remuneración más alta que la
de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, que es de 85 mil 660 pesos
netos mensuales.
Además, se elevan los salarios de los titulares de las secretarías ejecutiva y administrativa y
del contralor interno para que perciban un salario neto mensual de 102 mil 490 pesos.
Mientras, el salario de la Dirección Ejecutiva y titulares de unidades técnicas alcanzarán 98
mil 520 pesos mensuales netos.
Los salarios de los coordinadores de asesores y de la secretaría particular –adscritos a la
presidenta Avendaño– alcanzarían salarios de entre 91 mil 701 a 93 mil 308 pesos.
De acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el presupuesto del
instituto y el programa operativo anual son aprobados por la Junta Administrativa del
IECM que depende de la presidencia del consejo, a cargo de Patricia Avendaño, por lo que
el resto de los consejeros no tienen incidencia en dicho órgano.
