CONTRASEÑAS
- Los datos que no da la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- Una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es convertir cada
observación en una sentencia anticipada.
Miguel Valera
Gastar o no gastar… esa no es la cuestión. Administrar los recursos públicos
también consiste en demostrar cómo se utiliza el dinero, responder ante los
órganos fiscalizadores y, sobre todo, garantizar que las finanzas del estado
permitan seguir atendiendo las necesidades de la población.
Lo comentaba con un buen amigo, Edgar Sandoval Pérez, especialista en temas
de finanzas públicas. A pesar de los señalamientos, la administración de Rocío
Nahle García está dando muestras claras de orden, disciplina y responsabilidad
financiera.
Recientemente se dieron a conocer los resultados de la segunda entrega de
informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la
Cuenta Pública 2025, que ofrecen una referencia importante para dimensionar el
desempeño financiero de Veracruz.
Porque, cuando hay ganas de encontrar lo negativo, cualquier cifra puede
parecer escandalosa si se presenta fuera de contexto o se acomoda de la manera
menos conveniente. Sin embargo, los números completos cuentan otra historia:
de los 7 mil 352.8 millones de pesos observados a entidades federativas y
municipios de todo el país, Veracruz concentra 137.8 millones, es decir,
aproximadamente el 1.9 por ciento del total nacional.
La proporción es significativa, particularmente cuando se revisa el avance
alcanzado por la administración estatal. De los mil 592.6 millones de pesos
observados inicialmente, se presentó documentación para atender mil 454.8
millones, equivalentes al 91.3 por ciento.
Para que quede claro: se ha presentado documentación justificativa y
comprobatoria para aclarar y atender la gran mayoría de los señalamientos.
Así que, como dice el conocido refrán, ¿para qué tanto brinco estando el suelo
tan parejo? El monto restante se encuentra en proceso de solventación y las
dependencias involucradas disponen de 30 días adicionales para entregar la
documentación correspondiente.
Y sí, somos muchos los que no dominamos los términos financieros —le digo al
autor de APUNTES DE ECONOMÍA, Edgar Sandoval Pérez, quien me orienta
siempre en este tema— ni conocemos todos los protocolos en materia de gasto
público, pero hay algo que conviene explicar: una observación de auditoría no
significa, por sí misma, que exista un desvío de recursos. Se trata de
señalamientos que deben aclararse, comprobarse o explicar —para que se
entienda mejor— conforme a los procedimientos establecidos. Precisamente eso
es lo que está ocurriendo.
Incluso, en el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), los 1.7 millones de
pesos observados ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación;
únicamente está pendiente la validación formal, me añade una fuente de la
Secretaría de Finanzas de Veracruz.
Y seamos claros: no se trata de minimizar la responsabilidad de una
administración frente a la fiscalización, pero tampoco de adelantarse a los
resultados o sacar conclusiones sin sustento. Una cosa es exigir transparencia y
otra muy distinta es convertir cada observación en una sentencia anticipada.
Hasta hoy, Veracruz tiene atendida documentalmente la mayor parte de las
observaciones y mantiene el compromiso de concluir el proceso dentro de los
plazos legales. Más claro, ni el agua.
Ahora bien, a veces sí resulta importante mirar el contexto. Puede gustarnos o
no, pero el orden financiero también se refleja en la capacidad de enfrentar
escenarios económicos adversos, como los registrados en los últimos años a nivel
mundial, sin trasladar los costos a la ciudadanía ni comprometer el
funcionamiento del gobierno.
Durante 2026, Veracruz enfrentó una disminución cercana a los 3 mil millones de
pesos en participaciones federales, derivada de una menor recaudación federal
participable. El panorama exigía decisiones y una administración cuidadosa de los
recursos. La respuesta fue fortalecer los ingresos propios, que aportaron
alrededor de 2 mil millones de pesos adicionales, además de contar con recursos
provenientes del Impuesto Sobre la Renta participable y mecanismos federales de
estabilización.
Este resultado habla de una política financiera que busca reducir la dependencia
de los recursos externos y aprovechar mejor la capacidad recaudatoria del
estado. También habla de un ejecutor, porque el trabajo técnico y la conducción
de las finanzas tienen nombre y apellido: el equipo de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, encabezado por su titular, Miguel Santiago Reyes Hernández.
Mantener la operación gubernamental, sostener los programas públicos y
continuar con la inversión en medio de un escenario de menores participaciones
requiere planeación, previsión y control del gasto. No se resuelve con buenos
deseos ni haciendo cuentas alegres.
Esa misma orientación se encuentra en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
2027, presentado ante el Congreso del Estado por 185 mil 597 millones de pesos.
La propuesta por tercer año consecutivo no contempla nuevos impuestos ni
incrementos en las tasas vigentes.
Otro indicador que merece atención es la reducción de los compromisos
financieros. Al inicio de la administración se registraban 21 créditos bancarios;
actualmente son 16 y la meta es cerrar 2027 con 14 financiamientos vigentes.
Esta ruta de desendeudamiento es especialmente importante para Veracruz, una
entidad que durante años ha tenido que destinar recursos al cumplimiento de
obligaciones financieras. Reducir esos compromisos significa liberar
gradualmente recursos que pueden tener otros destinos.
Además, el gobierno plantea incrementar la inversión pública, contener el gasto
corriente y dirigir mayores recursos a actividades que inciden directamente en el
desarrollo de las regiones.
El campo es uno de los sectores con mayor crecimiento presupuestal. La
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca pasará de 566 millones de
pesos a 966.4 millones, un incremento cercano al 70 por ciento. Los recursos
permitirán ampliar los programas de mecanización agrícola y producción de maíz
y caña de azúcar, además de impulsar cultivos como cítricos y vainilla, así como
la actividad apícola. Es una apuesta por los pequeños productores y por las
economías regionales que dependen de las actividades primarias.
La gobernadora Rocío Nahle García está apostando por una administración que
cuide los recursos, cumpla sus obligaciones y tenga capacidad para invertir. Y eso
también se nota en las decisiones presupuestales. Por supuesto, la fiscalización
debe continuar y cada observación tiene que solventarse plenamente; esa es una
responsabilidad irrenunciable de cualquier gobierno. Ya veremos el resultado
final del proceso, pero, mientras tanto, tampoco hay que brincar antes de
tiempo.
La buena administración también se demuestra en lo que se evita: más deuda,
mayores cargas tributarias y gasto corriente sin control. En ese terreno, Veracruz
está trazando una ruta que apuesta por la disciplina financiera y por un mejor
aprovechamiento de los recursos públicos.
Porque gobernar con responsabilidad financiera significa invertir, sin hipotecar el
futuro del estado. Tan tan.
@MValeraH
