Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Seguro usted lo recordará, pues fue noticia con impacto nacional: el pasado 17 de
septiembre la Fiscalía General de la República (FGR) anunció un “decomiso
histórico” de huachicol en San José Iturbide, Guanajuato. *** Se trataba de más de
59 millones de litros de combustible (gasolina regular, premium y diésel) en una
planta de almacenamiento de la empresa “Gas Natural del Noroeste”, que
pertenece al Grupo SIMSA. *** Pocos días después la empresa demostró que
operaba de forma legal, que contaba con todos los permisos en regla emitidos por
el gobierno federal y que sólo funcionaba como centro de recepción y
almacenamiento para terceros. *** El propio secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Omar García Harfuch, salió a reconocer públicamente las anomalías
en el procedimiento y la falta de verificación previa por parte de la fiscalía. El
delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera García, fue destituido
del cargo. *** Algo muy similar sucedió -con la FGR una vez más como
protagonista- con la empresa veracruzana Agrogema Agro, dedicada a brindar
servicio de fumigación en zonas agrícolas. *** La delegación de la FGR en la
entidad realizó un “cateo” en las instalaciones de esa empresa, en Medellín de
Bravo, y “aseguró” helicópteros y avionetas, en enero del presente año. El
argumento fue que la empresa había incurrido en el delito de “uso ilícito de
instalaciones destinadas al tránsito aéreo”. *** El abogado José Jorge Reyes
Peralta informó este miércoles que la compañía obtuvo dos amparos federales
contra el cateo y aseguramiento de sus bienes, los cuales ordenan dejar sin efecto
la autorización de ingreso al inmueble y devolver las aeronaves, vehículos e
instalaciones retenidas. *** ¡Qué bien! Triunfó la justicia. Sin embargo, los
propietarios de dicha empresa denunciaron que el ilegal aseguramiento de dicha
empresa durante más de 9 meses les significó pérdidas superiores a los 50
millones de pesos y daños irreversibles en dos de sus helicópteros. *** “En este
momento ya se echaron a perder dos helicópteros y es irreversible, es pérdida
total de los helicópteros”, afirmó Reyes Peralta, en el momento en el que
ingresaba a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal. ***
Representantes de la empresa acudieron ante un juez de control federal, luego de
que la FGR judicializó una carpeta de investigación en su contra. Reyes Peralta
aclaró que la Jueza Sexta de Distrito en Veracruz concedió dos amparos a favor
de la compañía. El primero, relacionado con la orden de cateo ejecutada el 6 de
enero de 2026, cuando agentes federales ingresaron a las instalaciones y
aseguraron seis helicópteros, un avión y otros bienes. *** La resolución ordena al
juez que autorizó el cateo dejar sin efecto su determinación y emitir otra en la que
niegue la solicitud presentada por la Fiscalía. El segundo amparo corresponde al
aseguramiento de las aeronaves, vehículos y el helipuerto, respecto de los cuales
la juzgadora habría ordenado su devolución. *** El abogado informó que acudieron
a la audiencia para conocer los elementos con los que la FGR pretende formular la
imputación y para solicitar que el juez examine la legalidad de las actuaciones
ministeriales. *** El apoderado legal de la empresa, Omar Pérez Gómez, presentó
denuncias contra el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García,
y contra tres agentes del Ministerio Público federal por abuso de autoridad y
delitos contra la administración de justicia.
En la medición de fuerzas entre los principales actores políticos de Morena, a la
gobernadora Rocío Nahle le tiene preocupada la fuerte influencia que posee el
senador Manuel Huerta.
Con mucho esfuerzo y apelando a su calidad de “jefa política” en la entidad,
consiguió boicotear las aspiraciones del senador veracruzano por ser presidente
de la mesa directiva en la Cámara Alta, sin detenerse a pensar que ese “desdén”
lo canjeó Manuel Huerta por favores en las más altas esferas de Morena, lo que
se verá materializado en la selección de candidatos a las diputaciones federales
del próximo año.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, el poblano Ignacio Mier, ya
le materializó el primer “bono de compensación” al legislador veracruzano. En un
paquete de modificaciones a las comisiones legislativas, este miércoles se
confirmó que Manuel Huerta presidirá la de Bienestar, un ámbito en el que se
desempeñará “como pez en el agua”, pues ya tuvo seis años de experiencia al
frente de la delegación en Veracruz.
Su estreno en esta nueva comisión no podía ser mejor. Este jueves recibirá a la
secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, quien comparece para informar
sobre los avances y resultados de la política social del gobierno de México.
Pero no sólo eso.
Manuel Huerta seguirá integrando las comisiones de Estudios Legislativos Primera
y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Además, en su paso por la delegación en Veracruz de la Secretaría del Bienestar,
el senador de Morena fortaleció su relación con la que en ese entonces fungió
como titular del área, Ariadna Montiel, hoy dirigente nacional de su partido.
Manuel Huerta carga bajo el brazo una lista de propuestas para “algunos” distritos
federales del estado de Veracruz. Seguramente su lista no coincide con la que
habrá elaborado Rocío Nahle, quien tendrá “mano” en la designación de
candidatos al Congreso local, pero no para San Lázaro.
A esas dos listas habrá que agregar la que presente el exgobernador Cuitláhuac
García, quien perdió fuerza en el estado, pero conserva la simpatía de aquellos
que le apuestan a que su jefe político, Andrés Manuel, haga valer su peso y les dé
el respaldo que necesitan frente a Claudia Sheinbaum.
Manuel Huerta busca no confrontarse -al menos procura que no sea evidente- con
la gobernadora de Veracruz, pero sigue construyendo su propio camino hacia la
sucesión del 2030.
Muchos han intentado descarrilarlo, pero ya demostró que sus rieles están
asentados en balasto de buena calidad.
Epílogo.
El OPLE Veracruz no la ha lirado aún. *** La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) informó que encontró indicios de múltiples irregularidades en el ejercicio del
gasto público en institutos electorales locales. *** En consecuencia, la ASF
trabajará en tres líneas de investigación: La primera es sobre diversas
irregularidades en las contrataciones públicas de todos los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLEs), así como del INE y el IFE. *** La segunda es el
estudio histórico de las adquisiciones de los OPLES, el INE y el IFE desde el año
2000 hasta el 2025 “para identificar y dar a conocer patrones de contratación,
concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos
públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos”. *** Y la
tercera es la auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado que
ejercen los OPLEs.
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