Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El reclamo de los maestros de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana es el
mismo que -de manera discreta, por temor a represalias- hicieron los maestros de
educación básica: la gobernadora exige acabar con las cuotas escolares, pero su
administración no aporta lo necesario para el mantenimiento de las escuelas. ***
Este miércoles el representante de la Junta Académica de la Normal “Enrique C.
Rébsamen”, Víctor Manuel Domínguez, anunció que todas las escuelas
formadoras de docentes en Veracruz solicitarán fondos suficientes al gobierno
estatal, para hacer frente a la medida de hacer gratuito el ingreso a esos institutos,
como lo ordenó Rocío Nahle. *** El representante de los docentes normalistas
reconoció el espíritu del artículo tercero constitucional, que dispone que la
educación pública sea laica y gratuita, aunque advirtió que una obligación sin
recursos es insostenible. *** “Desde hace muchos años se ha normalizado que
sean los padres de familia los que aporten, mediante cuotas, los recursos
necesarios para las escuelas; esto no debe continuar así. Celebramos que el
gobierno del estado haya hecho el anuncio de la gratuidad, pero hacemos un
llamado respetuoso también para que se cumpla con esta obligación”. *** Dijo que,
a diferencia de instituciones como la Universidad Veracruzana (UV) y los institutos
tecnológicos, las normales no reciben ningún subsidio del Estado y sólo cuentan
con fondos federales, los que son insuficientes. *** Algo similar sucedió con
escuelas primarias y secundarias, luego de que la gobernadora diera la instrucción
de prohibir las cuotas que imponían las sociedades de padres de familia, maestros
y directivos se preguntaron cómo harán frente al mantenimiento de los inmuebles,
si el gobierno estatal nunca se ha hecho cargo de eso. *** Y no: la aportación de
las cooperativas escolares -que siguen siendo extorsionadas por funcionarios de
la Secretaría de Educación- no es suficiente para resolver todas las necesidades
de los edificios escolares.
Mientras Cuitláhuac García divide su tiempo entre la operación política (busca
colocar a varios de los miembros de su equipo en el Congreso federal) y el
cumplimiento de sus tareas como titular del Centro Nacional de Control del Gas
Natural (Cenagas), no descuida el tema de sus finanzas personales.
Para eso tiene gente que se hace cargo.
La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego, ha tenido que intervenir de manera
directa para “calmar las aguas” que se agitaron con la construcción de una plaza
comercial en una zona residencial.
La obra está ubicada en el bulevar Europa, en el fraccionamiento La Marquesa, en
un terreno de poco más de 300 metros cuadrados y en los trámites municipales
aparece como propietario Ángel Alarcón Palmeros, quien ocupara el cargo de
Director de Transporte Público durante la administración de Cuitláhuac García y
hoy es Director Ejecutivo de Derechos de Vía, justo en Cenegas.
En menos de diez años la vida de Ángel Alarcón cambió de manera drástica. De
vivir en la medianía que le permitían los cargos menores que desempeñó en la
Procuraduría de Justicia (es abogado) pasó a ocupar posiciones de alta
responsabilidad y de extrema confianza para el gobernador. Fue fiscal
especializado de la Unidad de Combate al Secuestro y en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos. De ahí brincó a Transporte Público. Fue entonces cuando los
medios de comunicación y las redes sociales exhibieron la ostentación de la que
hacía gala.
Ángel Alarcón es miembro destacado de la organización política “Unidos Todos”,
creada por Eleazar Guerrero Pérez, primo de Cuitláhuac García y -aseguran
diversas fuentes- su operador financiero.
Durante su paso por la Dirección de Transporte Público, Ángel Alarcón hizo
mancuerna con un oscuro personaje que logró transitar de un sexenio a otro y
acrecentar su influencia: Enrique Santos, exdirigente de Catem y actualmente a
cargo del proyecto de autobuses chinos introducidos por el gobierno de Rocío
Nahle para el servicio urbano de pasajeros en las ciudades más grandes de la
entidad.
La obra que se realiza en el terreno propiedad de Ángel Alarcón ha generado
conflictos con los residentes del fraccionamiento La Marquesa, quienes se quejan
de que alterará de manera importante una zona que no tiene vocación comercial.
Fue por eso por lo que acudieron ante las autoridades municipales, las que -sin
embargo- parecen más inclinadas a favorecer el proyecto comercial, a pesar de la
oposición de los vecinos.
Los inconformes no son vecinos sin recursos: tienen relaciones, contactos en el
ámbito político y advirtieron que llevarán el caso hasta la más alta instancia en
Veracruz -la propia gobernadora Rocío Nahle- hasta conseguir que se detenga
una obra que rompe con la tranquilidad que les prometieron cuando adquirieron
sus residencias en La Marquesa.
El conflicto va a escalar y, una vez más, confrontará a Rocío Nahle con Cuitláhuac
García.
¿Hasta cuándo?
Epílogo.
Verónica Hernández, la fiscal general que impuso Éric Cisneros durante la
administración de Cuitláhuac García, rechazó de forma sistemática todas las
recomendaciones de las comisiones de derechos humanos en las que se
presumían abusos por parte de la Policía Ministerial. Hoy ya no es una
recomendación, es una sentencia judicial. *** Un juez de control de Pacho Viejo
dio cumplimiento a una sentencia de amparo para que se investiguen actos de
tortura presuntamente cometidos por la Policía Ministerial de Veracruz en contra
de July Raquel Flores Garfias, sentenciada a 60 años de prisión por homicidio
doloso. *** Durante todo el proceso judicial, July Raquel denunció que tras su
detención en la Ciudad de México y durante el traslado a Veracruz fue torturada
por los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE). *** Al acatar la
sentencia de amparo, el juez de control revocó la determinación de la Fiscalía
Especializada para la Investigación del Delito de Tortura de no ejercer acción
penal en cuatro carpetas de investigación iniciadas por la denuncia de tortura. ***
Derivado de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), en la que se detalla que la Fiscalía obstaculizó la investigación
de los hechos y que los peritajes no fueron imparciales, fue que se consiguió que
un juez de Distrito concediera el amparo 604/2025 y ordenara una investigación a
fondo de los actos denunciados. *** De todos los hechos denunciados existen
antecedentes documentados ante los organismos de derechos humanos y la
víctima ha identificado en diversas audiencias a los policías ministeriales por su
nombre y detallando la intervención de cada uno de ellos en los actos de tortura,
violencia sexual y lesiones. *** ¿Atenderá Lisbeth Aurelia Jiménez este mandato
judicial?
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