APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“Taddei bañó al régimen
de materia fecal”
Ramón Cossío Díaz
Mientras ocho millones de veracruzanos intentan no perder de vista la bolita, el
patán de Sefiplan –mote surgido en la comparecencia de hace un año- hace
magia para esconderla entre la montaña de números del presupuesto.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de Veracruz para 2027 asciende a la cifra
récord de 185 mil 597 millones de pesos. Sin embargo, tras la fachada del
incremento global (un 4.6% más respecto a 2026), el documento revela una
severa distorsión de prioridades donde el gasto corriente y la inercia burocrática
ahogan cualquier intento de desarrollo estructural. El problema de Veracruz es que
el presupuesto aumenta y las carencias también.
La propuesta del Presupuesto 2027 consolida las verdaderas prioridades de la
administración: más dinero para mantener aceitada la maquinaria electoral y
menos recursos para lo que de verdad le duele a los veracruzanos.
El caso del campo es un monumento al engaño estadístico. Presumen un
incremento del 70% en su partida, pero el número final ni siquiera alcanza los mil
millones de pesos; representa un raquítico 0.5% del gasto total del
estado. Tampoco existen criterios claros para detonar el crecimiento económico, ni
incentivos a la inversión productiva, ni acciones concretas de bienestar social
sostenible.
Mientras, el resto del gobierno estatal se llevará la friolera de
$116,804 mdp (62.9%) ¡Chulada! La propuesta del próximo año esconde la bolita
en al menos cuatro contradicciones fundamentales:
La trampa del gasto educativo: Nómina gigante, aulas en olvido. Aunque la SEV
abandera la asignación individual más abultada del presupuesto
($69,085 mdp), casi 98 de cada 100 pesos van a dar directamente al pago de
servicios personales y nómina, incluidos los muertos que ha detectado la Auditoría
Superior de la Federación y que provocó enojo e indignación en la gobernadora.
Para que tenga usted una idea de lo que hablamos, querido lector. El gobierno
destinará sólo dos pesos de cada cien para infraestructura escolar,
mantenimiento, tecnología o equipamiento en las escuelas rurales del estado es
prácticamente testimonial, ¡que para eso están los padres de familia!
SE HIZO EN DONDE COMÍA
Con contundente lucidez y claridad, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José
Ramón Cossío Díaz, resume en este texto el escándalo Taddei que bañó al
régimen de materia fecal.
A partir del 4 de abril de 2023, Guadalupe Taddei se desempeñó como consejera
presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). El 10 de enero de 2024, la Sala
Superior del Tribunal Electoral (SSTEPJF) posibilitó que ejerciera atribuciones
personalísimas y concentradas que adquirieron rango legal con la reforma a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales de octubre de 2024, y con
la abrogación en diciembre de 2024 del servicio profesional que regulaba el
ingreso y la permanencia del personal de su Organo Interno de Control.
A partir de esas decisiones políticas, Taddei contó con las competencias para
designar y remover directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y
unidades técnicas del INE (incluida la Secretaría Ejecutiva), sin la intervención del
Consejo General. Tales facultades fueron ejercidas por ella en las elecciones
políticas del 2 de junio de 2024 y en las judiciales del 1 de junio del 2025 y, si no
hubiera renunciado al cargo el 26 de octubre de 2026, debió haberlas
materializado en las del 2027, 2028 y 2030.
Como a diario se nos informa en diversos medios, Taddei y su administración
incurrieron en numerosas irregularidades.
Prácticamente desde el inicio de su gestión se habló de la designación de
colaboradores vinculados con proveedores, anomalías en las contrataciones,
abuso de funciones, conflictos de intereses, desvío de recursos y cobro de un
porcentaje del sueldo de funcionarios recomendados.
De muchos de esos contubernios hubo información, como, por ejemplo, de la
detección de anomalías en la Cuenta Pública 2024 por al menos 66.5 millones de
pesos.
Además de la acumulación de competencias, de negocios y de la falta de
vigilancia, la señora Taddei tuvo la fortuna de que sus hijos, primos y sobrinos
ocuparan cargos públicos en los gobiernos federal y de Sonora. De entre todos
ellos destaca que Pablo Daniel Taddei Arriola sea el director general de Litio para
México, Ivana Celeste Taddei fuera diputada de Morena en Sonora y Jorge Carlos
Taddei Arriola el director en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Ante la evidencia de las irregularidades en el INE y de los privilegios familiares que
estaba recibiendo, ¿cómo se explica la posición en la que la señora Taddei quiso
situarse y tanto el gobierno morenista como sus aliados le permitieron ocupar?
La respuesta más plausible son las ventajas que ambas partes obtenían de sus
acuerdos. A ella se le permitía enriquecerse y ejercer un amplio patrimonialismo
sobre la cosa pública, a cambio de que ejerciera sus funciones en beneficio de lo
único esencial para el morenismo: la obtención y el mantenimiento del poder
mediante las elecciones. El negocio, sin embargo, salió mal, por lo pronto para
ella.
Buscando satisfacer las necesidades de quien le había proveído —y habría de
seguir proveyéndole- legitimidad política, el morenismo acabó facilitando la
contaminación de la fuente de su propia legitimidad. El error radicó en permitir que
fuera en la propia sede de esa función de donde la señora Taddei extrajera sus
ganancias personales, sobre todo de carácter económico.
La crisis que hoy enfrenta Morena y el gobierno de la presidenta Sheinbaum no
obedece al hecho mismo de la corrupción. Si fuera así, Segalmex, el huachicol y
tantos otros temas semejantes deberían haberles provocado las mismas o
parecidas alteraciones.
Aquí todo es diferente. Consintieron que su aliada, a cambio de bienes,
contaminara el pozo del que han bebido y esperan seguir bebiendo.
INCREÍBLE, EN LA UV EL DOBLE DE FEMINICIDIOS
La UV registra el doble de feminicidios de los que reconoce el gobierno estatal.
En Veracruz, morir por ser mujer es una tragedia; que tu muerte termine archivada
en el cajón equivocado para no ensuciar las estadísticas oficiales es el segundo
delito del Estado.
La brecha abismal entre las cifras de feminicidios que presume la administración
estatal y las que documenta la Universidad Veracruzana no es un simple error de
dedo ni un debate entre contadores: es una radiografía del maquillaje político con
el que se pretende simular una paz que no existe en las calles.
Mientras la versión oficial apenas reconoce 23 feminicidios entre enero y
septiembre de 2026, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres
(OUVMujeres), coordinado por la investigadora Estela Casados, contabiliza 44 en
el mismo periodo. El doble. ¿De dónde sale semejante abismo? De la trampa
metodológica y del filtro burocrático que el gobierno opera a conveniencia.
La UV realiza un monitoreo hemerográfico regional diario y aplica un criterio
amplio basado en la realidad social: si el cuerpo presenta signos de violencia
sexual, mutilaciones, hallazgo en vía pública o antecedentes de acoso, el caso se
documenta como lo que es, una muerte violenta por razones de género.
La Fiscalía y el Ejecutivo estatal, en cambio, se escudan en la trampa del
expediente ministerial. Para la estadística oficial, si un agente del Ministerio
Público sin perspectiva de género decide abrir la investigación como «homicidio
doloso» —o si convenientemente no reclasifica la carpeta— el delito desaparece
por arte de magia del indicador de feminicidios.
Entonces, ¿cuál es la razón de fondo del sub ejercicio oficial. A decir de los
colectivos, son al menos tres:
La Invisibilización burocrática. Muchas investigaciones se abren inicialmente como
homicidios dolosos o incluso hallazgos sin causa definida. Si la Fiscalía no
reclasifica el expediente durante el proceso, la muerte violenta desaparece de la
estadística de feminicidios.
La falta de perspectiva de género ministerial. Los ministerios públicos carecen con
frecuencia de la capacitación o la voluntad técnica para acreditar desde las
primeras diligencias las razones de género en el crimen; y el sesgo político de la
vocería innecesaria: Al asumir la gobernadora la vocería de las cifras judiciales, la
estadística deja de ser una herramienta de diagnóstico social para convertirse en
un indicador de gestión política. El afán por presumir imputados o sentencias
deriva en una presión sistemática por mantener contenida la cifra oficial de
carpetas abiertas.
Ahí radica la trágica equivocación de la gobernadora Rocío Nahle al asumir
repetidamente el papel de vocera de la Fiscalía. Cada vez que toma el micrófono
para presumir personas detenidas y carpetas bien acomodadas, convierte la
tragedia en un falso indicador de gestión política. Reducir la violencia femenicida a
un tema de burocracia punitiva solo expone la prisa por colgarse medallas de
papel, mientras la academia sigue demostrando que la realidad de las
veracruzanas no cabe en los números alegres de Palacio.
REFLEXIÓN
El ex diputado Mario Di Constanzo menciona que un banquero de los cuales se
les ordenó congelar las cuentas de Guadalupe Taddei por parte de la UIF confirmó
que sí efectivamente se le congelaron todas sus cuentas en ese banco pero que el
saldo de esas cuentas da un total de 2 mil pesos. Parece que le dieron el tiempo
suficiente para mover sus fondos a otras partes. Pinches ridículos. Todos son
iguales de ratas. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx |
formatosiete@gmail.com
