Prosa aprisa.
Arturo Reyes Isidoro.
Durante una comida del empresariado del estado, representado por sus cinco presidentes
de Consejos Coordinadores Empresariales, con el futuro secretario de Desarrollo
Económico, senador (todavía) Ernesto Pérez Astorga, le dijeron que empresas
transnacionales que operan en la zona industrial de Coatzacoalcos trabajan al 50 por
ciento de su capacidad instalada porque no se pueden surtir de materias primas en forma
oportuna.
Aparte los problemas de inseguridad que se viven en la ciudad y en la región, dijeron que
no hay desarrollo de infraestructura como lo hubo antes, además de que las carreteras
están muy dañadas. El directivo de una empresa petroquímica de Coatzacoalcos con
quien el columnista habló, confirmó lo de la falta de materias primas y el freno a la
producción, pero dijo que tienen prohibido decir la verdad para no molestar al presidente
López Obrador.
Los coordinadores empresariales Claudio Velasco Martell, de Coatzacoalcos (zona sur);
Alejandro de la Torre Tapia, de Poza Rica (zona norte); Santa Sandoval Victoria, de las
Altas Montañas (Córdoba-Orizaba); Edi Alberto Martínez Tejeda, de Veracruz-Boca del
Río; y Fernando Arana Watty, de Xalapa, expusieron ante el futuro funcionario del
gobierno de Rocío Nahle lo deterioradas, y en algunos casos destrozadas, que están las
vías de comunicación del estado, incluyendo caminos vecinales y carreteras estatales, así
como autopistas, lo que afecta la vida productiva del estado.
Por eso resulta condenable e imperdonable que el gobierno de Cuitláhuac García
Jiménez, con corte al 31 de marzo pasado, había devuelto a la Federación 15 mil 138.7
millones de pesos, que no ejerció y por lo tanto no pudo comprobar, una cantidad
cuantiosa si se toma en cuenta que, por ejemplo, el gobierno de Tamaulipas solo devolvió
2 mil 921.2 millones de pesos; Puebla solo 2 mil 778.5 millones de pesos; Tabasco, 2 mil
149,6 millones de pesos, y Tlaxcala, 605.5 millones de pesos.
La reportera Noemí Valdez, del diario Notiver, publicó el sábado una nota bien
documentada con cifras de un informe semestral para la Cámara de Diputados que
elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El dinero “no gastado” había sido
etiquetado para obras, infraestructura, salud, entre otros rubros.
Pero no solo lo anterior. La ASF también reportó que el gobernador Cuitláhuac García
tiene cuentas pendientes por comprobar por 3 mil 877 millones, 200,000 mil pesos, por 65
irregularidades detectadas, posibles hechos de corrupción en el manejo de los recursos,
que van desde la falta de documentación comprobatoria del destino del dinero, cuentas
que no correspondían, pagos a empleados que no se pudo comprobar, cuentas alternas a
las oficiales registradas y compras irregulares.
Sobre esto último reaccionó el senador Julen Rementería, quien dijo que el dato es
escandaloso.
Así, mientras el empresariado denuncia las carreteras destrozadas de Veracruz, que
frenan el desarrollo económico del estado, se revela el subejercicio del gobierno estatal y
el mal manejo de millones de pesos, y tal vez para tratar de evadir la responsabilidad por
tales hechos es que el gobernador ha adelantado que deja el gobierno el próximo mes.
Habrá que ver si en la entrega-recepción el gobierno de Rocío Nahle decide heredar la
anómala situación, como hizo Javier Duarte con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
Atan las manos a la Fiscal, le quitan la Fiscalía Anticorrupción e irán contra ella
El gobierno entrante dio ayer el primer paso para destituir a la Fiscal General del Estado,
Verónica Hernández Giadáns e investigarla por su cuestionada actuación, para lo cual
empieza por quitarle la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Fiscalía
Anticorrupción).
De acuerdo a información que tiene el columnista, no fue casual que la diputada Liliana
Castro Muñoz haya turnado a la Mesa Directiva la iniciativa para fortalecer la Fiscalía
Anticorrupción dotándola de autonomía e independencia plena en el ejercicio de sus
funciones.
El lunes, Hernández Giadáns dijo en conferencia de prensa, respaldada por el gobernador
Cuitláhuac García, quien ya se va el próximo mes, que ella protestó por nueve años para
estar en el cargo (llegó a la fiscalía en 2019, por lo que le faltarían cuatro años).
Sin embargo, sus dos antecesores, Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler Ortiz,
igual habían rendido protesta para estar nueve años en el cargo, pero al cambio de
gobierno se aferraban a no irse y al final terminaron en el reclusorio en prisión y siguen
sujetos a procesos.
El nuevo gobierno contará con la bancada mayoritaria en el Congreso local, que podrá
someter a juicio político a la ahora fiscal y proceder a destituirla, como hizo con Winckler
Ortiz.
La propuesta de la legisladora Castro Muñoz (repetirá en la próxima Legislatura) equipara
en grado jerárquico a la FGE y a la Fiscalía Anticorrupción (FA), es decir, las pone al
mismo nivel en cuanto a sus funciones, por lo que dejará de ser área administrativa de la
fiscalía que encabeza Verónica.
Llama la atención que en la segunda de cuatro categorías que sustentan la autonomía
que se pretende de la FA, se dice que podrá disponer libremente los actos, métodos y
procedimientos adecuados para ejecutar las acciones en la persecución de sus metas y
objetivos, esto es, que podrá investigar a la propia fiscal sin darle cuenta, de acuerdo a lo
que se dijo al columnista.
Llevan miga los siguientes párrafos:
“En concordancia, se delimita la competencia en materia de combate a la corrupción, para
que la investigación y judicialización de los delitos por hechos de corrupción correspondan
exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, se modifica la atribución indelegable de la FGE para que mantenga la
expedición de nombramiento, determinación de cambios de adscripción; concesión de
licencias y aceptación de renuncias, separación, remoción, bajas o ceses de su personal
de confianza, con excepción de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cuya facultad
se circunscribe únicamente para dicha entidad (es decir, ya no mandará sobre el personal
anticorrupción).
Se reduce la potestad para solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con
las causales legales establecidas, correspondiendo únicamente al Congreso del Estado;
eliminando de este modo la facultad que compartía la FGE, puesto que se busca eliminar
toda disposición normativa que implique una facultad sesgada de subordinación ante
cualquier organismo o entidad”. O sea, con este último párrafo queda claro que le quitan
toda facultad a la fiscal para que intente o quiera remover al fiscal anticorrupción, facultad
que se arroga el Legislativo, que estará subordinado a lo que diga la Ejecutiva.
“La propuesta tiene el visto bueno desde muy arriba”, se le dijo anoche al columnista. Una
vez que sea aprobada por el pleno, se contará con 30 días naturales para que se nombre
el nuevo fiscal anticorrupción.
“Así como el nuevo Subsecretario de Egresos del próximo gobierno, Pedro Rosaldo
García, investigará a fondo todos los excesos de Eleazar Guerrero, el nuevo fiscal
anticorrupción será el encargado de investigar a la propia Verónica Hernández”, se le
mencionó también al autor de esta columna.
Gómez Cazarín había pedido investigarla
En Prosa aprisa del 26 de mayo de 2022, publiqué el siguiente encabezado: “¡Insólito!
Gómez Cazarín, a favor de llamar a cuentas a la fiscal”.
Reproduzco los primeros párrafos de entonces:
“En un hecho inédito hasta ahora en el actual gobierno, el presidente de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, se ha manifestado
de acuerdo en llamar a cuentas a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández
Giadáns.
El diputado local de Morena se suma así a diputados de distintas fracciones que han
planteado revisar el trabajo de la protegida del secretario de Gobierno Eric Cisneros por la
serie de yerros que ha cometido durante su gestión.
De acuerdo al portal informativo alcalorpolitico.com, el legislador oriundo de Hueyapan de
Ocampo dijo que si existe consenso del resto de las fracciones legislativas se debe
proceder.
‘Si hay voces que lo solicitan, nosotros estamos abiertos; si tiene algo que explicar o qué
decir la Fiscalía, ya les tocará a ellos. Yo me sumo a la voz del pueblo, si piden una
evaluación por algo será’. Dijo que en Morena ‘no se taparán los oídos a lo que manifiesta
el pueblo’”.
