AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
La semana pasada, directivos de las cúpulas empresariales y representantes de la sociedad
civil de Coatzacoalcos se reunieron con el capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla,
secretario de Seguridad Pública del estado, para manifestarle, una vez más, el hartazgo de
comerciantes, industriales y población en general que siguen siendo víctimas de extorsión
por parte de los grupos criminales asentados en esa región.
A esta mesa de trabajo con el titular de la SSP asistieron Sergio Plata Azpilcueta, del
Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos; Rafael Mendoza Ceballos, de la
delegación regional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra); Jorge López Santana, de la Cámara Nacional del Transporte de Carga
(Canacar), y Renato Riverol Rivera, del Observatorio Ciudadano.
¿Alguien cree de verdad que Zúñiga Bonilla va a resolver en los próximos tres meses que le
restan a la administración del gobernador Cuitláhuac García este arraigado cáncer social?
Francamente se duda, ya que lo que el jefe policiaco no hizo en los años anteriores, cuando
se desempeñó como subsecretario de Operaciones, difícilmente lo hará ahora como titular
de la SSP, ascenso que recibió desde octubre de 2022 tras la renuncia de Hugo Gutiérrez,
un abogado oriundo de Nuevo León.
Y, para desaliento de los representantes empresariales del sur del estado, la semana pasada
corrió la versión de que Gutiérrez Maldonado podría regresar nuevamente a Veracruz para
hacerse cargo de la SSP en el siguiente sexenio. Allegados a la gobernadora electa Rocío
Nahle no descartan esta posibilidad dado el parentesco del ex jefe policiaco con Beatriz
Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, la cual mantiene una relación
cordial con la ex secretaria de Energía.
Además, algo que une también al ex titular de la SSP con Nahle es la enemistad común que
mantienen ambos con el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, al cual se atribuye la
abrupta renuncia de Hugo Gutiérrez en octubre de 2022.
El único “problemita” que podría complicar el supuesto retorno a Veracruz del abogado
regiomontano sería un informe desfavorable que tendría en contra de él la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la que el sexenio entrante asumirá el control total de la Guardia
Nacional, por lo que, aunque Nahle ya se reunió con Omar García Harfuch, el próximo
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aún falta que la presidenta electa Claudia
Sheinbaum designe al nuevo jefe militar.
Hace dos años, el grupo de hackers Guacamaya Leaks extrajo información confidencial de
la Sedena, entre ellos un informe sobre una investigación realizada a funcionarios del
Gobierno del Estado de Veracruz que, presuntamente, estaban coludidos con miembros del
crimen organizado y cárteles del narcotráfico a los que dejaron entrar y operar
impunemente en la entidad.
De acuerdo con el documento filtrado que reprodujeron varios medios de comunicación, el
Cártel del Noreste habría ingresado a Veracruz tras la asunción del morenista Cuitláhuac
García Jiménez a la gubernatura en diciembre de 2018, ya que, presuntamente, este grupo
criminal con presencia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, estaba coludido con
miembros y mandos de la SSP y había infiltrado a la Fuerza Civil y la Policía Estatal.
Obviamente el mandatario estatal de Morena lo negó y salió en defensa del regiomontano,
quien sorpresivamente días después renunció tras un fuerte diferendo con el entonces
secretario de Gobierno, Eric Cisneros, precisamente por supuestos desacuerdos con los
grupos delincuenciales que operan en la entidad.
¿REVERTIRÁ LA CORTE
SOBREREPRESENTACIÓN?
Anoche, trascendió que la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), había admitido a trámite un recurso del dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés, por lo que el Alto Tribunal se pronunciará sobre los criterios para
la asignación de diputaciones y senadurías por la vía plurinominal.
La noticia debió caer como bomba en Palacio Nacional, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro y en el bunker de Morena, cuyos dirigentes, diputados federales y senadores quieren
darle como regalo de despedida al presidente López Obrador la aprobación fast-track de su
paquete de reformas que se apresta a aprobar la siguiente legislatura que entra en funciones
el 1º de septiembre próximo, entre ellas la reforma al Poder Judicial de la Federación y la
extinción de media docena de órganos autónomos que podrían ofrendarle al Ejecutivo
federal si es que la bancada obradorista y sus aliados del PT y PVEM conservan la mayoría
calificada que el Instituto Nacional Electoral (INE) les concedió con la polémica asignación
de las diputaciones plurinominales, mientras que en el Senado solamente les faltaron tres
escaños, aunque ayer el chiapaneco Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en la
Cámara alta, presumió que ya tenían los tres votos que les faltaban.
Según la nota del reportero Rubén Mosso, del diario Milenio, la ministra Piña publicó en
listas judiciales un acuerdo, en el que determinó dar entrada a la denuncia de contradicción
de tesis sobre el tema.
“Se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para conocer de la denuncia de posible
contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se admite a
trámite”.
El diario capitalino informó que la presidenta de la SCJN ordenó que el asunto sea turnado
al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, con base al turno que se lleva en la
Secretaría General de Acuerdos, para el estudio del caso y para que elabore el proyecto.
Asimismo, solicitó que las sentencias dictadas en la acción de inconstitucionalidad 6/1998
del Alto Tribunal y en el recurso de reconsideración SUP-REC-943/2018 y sus acumulados
y en el recurso de apelación SUP-RAP-385/2023 y su acumulado, del índice de la Sala
Superior del TEPJF, sean turnados al ministro.
Milenio reseñó que la mencionada acción de inconstitucionalidad fue presentada en su
momento por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra un artículo del Código
Electoral del estado de Quintana Roo, donde la ministra ponente fue Olga Sánchez
Cordero.
En aquella ocasión, con 11 votos, la Corte declaró la invalidez de la fracción III del artículo
229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la mencionada entidad.
“En estas condiciones y considerando que el principio de proporcionalidad tiende a
procurar que todos los partidos con un porcentaje significativo de votos puedan tener
representatividad en la Legislatura, acorde con la votación que cada uno haya logrado y en
función del número de diputaciones a repartir por dicho principio, se llega a la conclusión
de que los criterios fijados por el artículo 229, fracción I, del Código Electoral estatal,
contravienen el principio de representación proporcional”.
“Ya que se alejan de los lineamientos generales dados por la fracción III del artículo 54 de
la Constitución Federal; por cuanto fija un número mínimo de constancias de mayoría
como condición y factor para la asignación de diputados de representación proporcional, y
establece un porcentaje determinado del 40% de la votación total de la elección de
diputados, que no atiende a la votación total obtenida por cada partido, lo cual no es acorde
con la representatividad que cada uno tiene y que puede producir la sobrerepresentación del
partido mayoritario”, detalla el engrose de la sentencia.
