Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Víctor Emmanuel Vargas Barrientos sabe que son sus últimos días al frente de la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV y, quizá por ello, se atreve a hacer
declaraciones aventuradas sobre la actuación de la dependencia que hasta hoy
está a su cargo. *** El funcionario anticipa que en el ciclo escolar 2024-2025 “se
podría aplicar el operativo mochila en las escuelas del estado”. *** No cuestiono la
utilidad de esa medida. Soy testigo de los riesgos que se corren en los planteles
educativos cuando no se tiene un control rígido sobre lo que pueden portar los
estudiantes (drogas, armas o artefactos electrónicos con los que pudieran cometer
múltiples violaciones al reglamento escolar). *** Desde el 2019, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 48/2019 en
la que determinó que la aplicación del Operativo Mochila Segura “violentó los
derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al
principio del interés superior de la niñez” de los alumnos. *** El ombudsman
encontró que las autoridades escolares que lo instruyeron y aplicaron,
trasgredieron los derechos de los alumnos, al no implementar medidas
de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garanticen
el ejercicio pleno de todos sus derechos y advirtió que dicho operativo carecía de
un protocolo general y homologado que permitiera su aplicación a nivel nacional y
que considerara el contexto de cada entidad, con enfoque de derechos humanos.
*** Vargas Barrientos aseguró que la secretaría todavía a su cargo analiza la
opción y se coordina con otras instituciones con las que se realizan mesas de
trabajo para definir un protocolo para estar apegado a la ley sin violentar los
derechos de las niñas y los niños. *** “Estamos trabajando (el protocolo), estamos
cuidando muchos detalles, sobre todo el tema de cultura de paz y los derechos
humanos. Es un trabajo arduo que tenemos que hacer en diferentes mesas
interinstitucionales para que este protocolo cumpla y esté apegado a la
normatividad y a la ley, y no se violenten los derechos de las niñas y los niños”. ***
¡Vaya tarea que habrá de dejarle a la próxima titular! Él ya se va y serán otros los
que apliquen esos “protocolos”.
Lo dice la Constitución, nuestra Carta Magna, en su artículo 17: Toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.
Y resulta que el Poder Judicial de Veracruz, el órgano presuntamente autónomo
que se debe encargar de impartir justicia en el ámbito del fuero común, es incapaz
de brindar eso: justicia pronta y expedita, ni siquiera en los casos que le competen
-por ser de carácter interno- a la misma institución.
La magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, admitió este martes
que se han emitido citatorios a exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia, a
partir de denuncias presentadas por la probable contratación de empresas
“fantasma”.
Los “exfuncionarios” a los que se refiere la magistrada son Joana Marlén Bautista
Flores (quien fungió como directora de Administración a partir de la llegada a la
presidencia del Poder Judicial de Isabel Inés Romero Cruz, en octubre del 2020);
Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; además de
Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, que fungieron como jefes del
Departamento de Servicios Generales.
“Si encontramos irregularidades de naturaleza administrativa ponemos las
denuncias porque esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad como
autoridades ponerlas en conocimiento de la autoridad competente, que es la
Fiscalía. En este caso, ya hay solicitudes de audiencia, imputación en libertad y
llamamientos a las personas que pudieran estar involucradas en todos estos
temas. No es un tema que me corresponda a mí (…), esto le corresponde
precisamente al Juez de Control darle el seguimiento respectivo. Por supuesto que
en el impulso procesal también está la Fiscalía”, explicó la magistrada presidente.
Pero el tema no avanza.
Entre la fiscalía estatal y los jueces de control no ha habido disposición para
resolver un tema que resulta fundamental y que sigue en el limbo: ¿hay, acaso,
corrupción en el Poder Judicial? Y, de haberla, ¿sólo los exfuncionarios señalados
tienen responsabilidad? ¿Los integrantes del Consejo de la Judicatura sabían de
esas supuestas acciones irregulares en el ámbito administrativo?
Es muy probable que a los exfuncionarios señalados les resulte alguna
responsabilidad, pero… ¿están seguros de que agacharán la cabeza y aceptarán
el veredicto del juez? En los pasillos del Palacio de Justicia se escucha otra
versión: lo que detiene las actuaciones judiciales contra estos imputados es la
amenaza de que, si proceden contra ellos, dirán todo lo que saben, todo en lo que
ellos mismos participaron, pero que involucra no sólo a los integrantes del Consejo
de la Judicatura, sino a altas figuras del Congreso local y del Poder Ejecutivo.
Esa información, por cierto, ya está en poder de la gobernadora electa, Rocío
Nahle, quien ya dejó en claro que no quiere ni a Verónica Hernández en la
Fiscalía, ni a Aurelia Jiménez en el Tribunal Superior de Justicia.
Se la acaba el reinado a Cuitláhuac García y, con ello, el blindaje que esos dos
personajes han mantenido desde que ocuparon sus actuales encargos.
Epílogo.
Es una triste noticia. Abraham Márquez Carmona, iluminador de Radio y Televisión
de Veracruz (RTV), perdió la vida este martes luego de caer de una escalera
cuando colocaba una lámpara en uno de los estudios de la televisora. *** Abraham
Márquez Carmona tenía cerca de 20 años como trabajador de RTV y, hasta donde
se sabe, la escalera en la que se subió para colocar la lámpara se cayó y provocó
a su vez el desplome del iluminador. *** Hay, sin embargo, versiones del propio
personal que señalan que el accidente pudo tener su origen en la falta de
mantenimiento del equipo de trabajo de la televisora. A eso deberá responder el
director Víctor Cisneros.
filivargas@gmail.com
