Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Las condiciones serán muy distintas a las que se vivieron hace seis años. *** En el
2018 Cuitláhuac García ganó la elección para gobernador, en un suceso que ni los
mismos actores políticos de Morena se creían. *** En ese proceso Morena
también consiguió la mayoría en el Congreso local y alguien le explicó al
gobernador electo que él tendría que disponer quién sería el coordinador de la
bancada y, en consecuencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo). *** “Tiene que ser alguien de tu absoluta confianza, pues va a ser tu
operador en el Poder Legislativo”, le explicaron al inexperto gobernador electo. No
lo dudó ni un segundo: tenía que ser su amigo y aliado Juan Javier Gómez
Cazarín. *** Pero no todos los grupos conformados alrededor de Morena estaban
convencidos de que Cuitláhuac García tuviera “los méritos” para imponer al
coordinador de la bancada y llegaron al inicio del período legislativo con otra
propuesta: Amado Cruz Malpica. *** Ese gesto de rebelión estuvo a punto de
provocar que Morena perdiera la mayoría y, por lo tanto, la presidencia de la
Jucopo. *** Fue entonces que el gobernador electo mandó a otro de sus leales
soldados, Zenyazen Escobar, a “operar” en el Congreso y convencer a los
legisladores rebeldes de que se sumaran a la propuesta del gobernador. *** Eso le
costó a Gómez Cazarín ceder buena parte de las posiciones administrativas en la
Legislatura, muchas de las cuales se quedaron con Zenyazen Escobar, quien
aplicó aquella conseja mexicana: “el que parte y reparte, se lleva la mejor parte”.
*** Hoy el escenario es otro. Desde hace varios años Rocío Nahle es la que toma
las decisiones importantes en Veracruz y sus huestes lo saben muy bien. *** En
reunión con los diputados electos de su partido, la gobernadora electa dispuso:
Esteban Bautista Hernández será el coordinador de la bancada y, por lo tanto, el
presidente de la Jucopo. No hubo una sola objeción. *** ¿Y Diego Castañeda? Él
tendrá otras responsabilidades, pues sigue gozando de la confianza de la
gobernadora.
Falta muy poco para que Cuitláhuac García concluya su gestión como gobernador
(el 30 de noviembre será su último día) y en seis años no logró entender los
fundamentos del derecho. Lo peor del caso es que, una vez que le perdió el miedo
al micrófono, se asumió como “el abogado del pueblo” y siempre terminó
resbalándose con los temas jurídicos.
En esta ocasión admitió que su administración (esa de “finanzas sanas y disciplina
presupuestal”) no fue capaz de cubrir un adeudo del gobierno estatal con la
Comisión Nacional del Deporte (Conade) por 2 mil millones de pesos.
Su argumento fue que ese pasivo se generó a partir de “un fraude cometido
durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2014, bajo el mandato de
Javier Duarte”.
El dato estaba de más; la deuda es del gobierno estatal y tiene que ser cubierta. El
mismo Cuitláhuac García admite que por no saldar ese pasivo, Veracruz no puede
recibir recursos para infraestructura deportiva.
Él, sin embargo, tiene una explicación para ese incumplimiento: “Para que la
Conade quite el veto a la entidad se tiene que pagar la deuda, pero no se puede
usar dinero público porque se incurriría en desvío de recursos”.
Eso es absolutamente falso, pues la deuda del gobierno estatal existe y está
documentada, de manera que en su presupuesto de egresos el gobierno estatal
puede considerar dicho pago.
“Ha sido una complicación financiera tratar de rehabilitar infraestructura deportiva,
será un pendiente pagar esa deuda, pero también no es nada fácil porque tienes
que pagar un fraude, un robo y ¿de dónde sacas un recurso para pagar un robo?”.
Otra falsedad. No existe, hasta la fecha, una sentencia en firme que confirme que
ese recurso fue robado o defraudado. El mismo gobernador admite que la Fiscalía
General de la República (en 2014, cuando se supone que se cometió tal fraude
era la Procuraduría General de la República) “tiene un proceso abierto”. Si es así,
entonces no existe tal fraude, pues el litigio no ha concluido.
De manera por demás absurda y con el evidente afán de “escurrir el bulto”,
Cuitláhuac García afirma que ese proceso que lleva (desde hace 10 años) la
Fiscalía federal, es contra Javier Duarte.
Sus asesores jurídicos no le recordaron que el exgobernador de Veracruz está en
una cárcel en México, como consecuencia del acuerdo de extradición al que
llegaron los gobiernos de Guatemala y de México, y que en dicho acuerdo no está
incluido el supuesto fraude que -dice el actual gobernador- se habría cometido
durante los Juegos Centroamericanos del 2014.
Tampoco le dijeron que en los acuerdos de extradición existe el llamado “principio
de especialidad”, que establece que el Estado solicitante (en este caso México) no
puede enjuiciar al extraditado (Javier Duarte) por delito diverso (o diferente) a
aquel por el que procedió su extradición.
Pero, en su desvarío jurídico, Cuitláhuac García admite que le deja ese paquete a
la gobernadora electa, Rocío Nahle, quien -sugirió- “tendrá que llegar a un
acuerdo con la Conade para negociar el pago de la deuda de forma gradual”.
O sea que, desde su óptica, pagar una deuda generada a partir de un fraude es
ilegal, pero si se paga “de forma gradual” ya no lo es.
Ese es el escenario que le pintó su secretario de Finanzas, José Luis Lima quien,
para infortunio de Veracruz, se mantendrá en el cargo, al menos en el arranque
del gobierno de Rocío Nahle.
Epílogo.
Esta semana el comunicador Salvador Muñoz denunció las agresiones y el
hostigamiento que ha venido padeciendo, lo que ha encendido las luces de alerta
en el gremio periodístico. *** Las muestras de solidaridad con el compañero no se
hicieron esperar y los llamados a las autoridades han sido firmes: no se debe
permitir que mediante amenazas y agresiones físicas se coarte el ejercicio
periodístico y la libertad de expresión. *** Preocupa que, casi al mismo tiempo que
se conoció de esos ataques a un colega, en Poza Rica fue detenido por elementos
de la policía estatal el reportero de la fuente policíaca Benjamín Portilla Rodríguez.
*** Ojalá que en ambos casos las autoridades actúen con estricto apego al
derecho y el respeto a sus garantías.
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