Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Desesperada porque percibe que ya ni los legisladores de Morena están
convencidos de que deba permanecer en el cargo, la titular de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, se lamenta
ahora de la facilidad con la que las instituciones optan por no acatar las
recomendaciones de ese organismo. *** Como ejemplo de las graves
consecuencias que genera desatender las resoluciones de la CNDH, su actual
titular mencionó el caso de Veracruz, en especial las recomendaciones emitidas
acerca del abandono que sufre el río Papaloapan en materia ambiental. *** La
CNDH emitió la recomendación 125/2024 dirigida a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) para que detuviera el vertido de aguas residuales sin tratamiento en el
río Papaloapan, pues eso afecta el derecho a un ambiente sano y al acceso al
saneamiento del agua para los residentes y visitantes de la región. *** Sin
embargo, reconoció que algunos estados no aceptan las recomendaciones o,
aunque las aceptan, no las cumplen, que es el caso de Veracruz. *** La
recomendación 125/2024, de la CNDH extiende el llamado a la Comisión de Agua
del Estado de Veracruz (CAEV) y al ayuntamiento de Tlacotalpan, instancias a las
que recomienda realizar estudios para evaluar la calidad del agua y establecer un
programa de monitoreo de la contaminación en el río. Nada de eso se ha hecho.
*** Y es que todas esas autoridades siguen la pauta que les marcan instancias
superiores. En Veracruz el gobernador Cuitláhuac García ha sido el más renuente
a acatar las recomendaciones de los organismos estatal y federal de los derechos
humanos, por lo que las instancias que, por razones jerárquicas o de filiación
política, dependen del Ejecutivo estatal, siguen la misma ruta. *** La Fiscalía
General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría
de Educación (SEV) son sólo los ejemplos más visibles de organismos que sin
pudor alguno desconocen las resoluciones de los organismos defensores de los
derechos humanos. *** Lo grave es que a sus titulares no les representa ninguna
consecuencia. Impunidad, se llama.
El gobierno de Veracruz, durante la actual administración, ha desactivado la red de
centros de verificación de sanidad animal que se habían instalado de manera
estratégica a lo largo del territorio veracruzano.
Estos centros de inspección tienen como fin convertirse en una barrera de
contención frente a la potencial existencia de plagas o enfermedades en los
animales que se movilizan por el estado.
Sirven, además, para verificar que el ganado que se mueve por las carreteras de
Veracruz cumpla con la documentación que acredite su legal procedencia. Esto
último es lo que pretenden evitar funcionarios menores del gobierno estatal,
coludidos con organizaciones criminales.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(Sesnsp) dan cuenta de que durante los meses de enero y febrero de este año se
registraron 443 casos de robos de ganado en el país, 51 de los cuales ocurrieron
en el estado de Veracruz.
Las asociaciones de ganaderos advierten que el crimen organizado amenaza a los
productores de bovinos, por lo que se mantiene una cifra negra elevada.
Aunque el robo en jaulas ha disminuido, siguen con otro tipo de robos como en
establos o potreros.
El problema se agudiza cuando desaparecen los controles que tenía distribuidos el
gobierno estatal y concentran a los inspectores, sin razón alguna, en las oficinas
centrales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Xalapa.
Sumado a los altos riesgos para la seguridad de los productores de ganado y sus
familias, la inhabilitación de esos puntos de inspección genera otro riesgo aún
mayor: la posibilidad de que vuelvan al país plagas que ya habían sido
erradicadas.
Aunque desde hace más de tres décadas México se ha certificado como un país
libre de la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG), desde el año
pasado, cuando se detectó la presencia de esa plaga en Costa Rica y más tarde
cuando se confirmó que también se había detectado en Panamá y en el sur de
Nicaragua, la Secretaría de Agricultura fortaleció las medidas preventivas con el
objetivo de proteger a la ganadería nacional.
La primera medida que adoptó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica) fue reforzar la primera barrera de defensa
sanitaria, que comprende la inspección zoosanitaria en 45 aeropuertos
internacionales, en 24 puertos marítimos y en 28 fronteras, así como en 19 Puntos
de Verificación e Inspección Federal (PVIF).
Sin embargo, las propias autoridades admiten que el riesgo persiste por el tráfico
ilegal de personas, de mascotas y de ganado procedentes de zonas afectadas.
Para eso sirven los puntos de inspección zoosanitaria que hoy están en el
abandono.
¿Quién es el responsable de ello?
Hay que voltear a la Subsecretaría de Ganadería del gobierno estatal, a cargo de
Humberto Amador Zaragoza. Es el mismo funcionario que pretendió diseñar una
Ley de Ganadería en el estado “a modo” que le permitiera tener el control total del
movimiento de ganado en toda la entidad y, por supuesto, cobrar por esos
servicios. Una acción jurídica promovida por el gobierno federal evitó que se
consumara ese atraco.
Pero ya se le acabó el blindaje. Su “padrino” Cuitláhuac García ya se va y no
habrá quién lo proteja.
Epílogo.
El gobernador Cuitláhuac García pretendía cerrar sin sobresaltos su ciclo en ese
cargo. La madre naturaleza, sin embargo, se ha encargado de mostrarle que
cuando se tiene como responsabilidad la seguridad de más de ocho millones de
ciudadanos, no hay días de descanso que valgan. *** Más de una semana
después de que se iniciaran las torrenciales lluvias en el sur de la entidad, cuando
ya se desbordaron los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, finalmente el gobernador
se puso sus botas para el agua y su impermeable para recorrer las zonas
dañadas. *** Lo bueno es que ya se va.
filivargas@gmail.com