AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
Hace más de dos años, ante las reiteradas quejas y reclamos de ciudadanos y diversos
sectores de la sociedad, e inclusive de algunos de sus propios correligionarios –entre ellos
los entonces diputados locales morenistas José Magdaleno Rosales Torres, de Medellín de
Bravo; Eusebia Cortés Pérez, de Coatzacoalcos, y hasta el líder del Congreso local, Juan
Javier Gómez Cazarín–, por los cobros abusivos de los concesionarios de la empresas
privadas de grúas al servicio de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado,
el gobernador Cuitláhuac García tuvo que ordenarle al todavía secretario de Seguridad
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y al titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco,
regularizar este negociazo de influyentes empresarios que fueron solapados por las últimas
dos administraciones anteriores del PRI y PAN, y que inexplicablemente continuó en la
primera administración estatal de Morena que, paradójicamente, su principal bandera era la
del combate a la corrupción.
La noche del martes 30 de agosto de 2022, el jefe policiaco publicó en su cuenta de Twitter:
“En seguimiento a las acciones implementadas para regularizar los servicios de grúas y
depósitos de vehículos en la entidad, esta noche sostuvimos una reunión de trabajo con el
Gobernador @CuitlahuacGJ.
“Acompañado de los directores generales de Tránsito y Transporte del Estado, así como los
titulares de las áreas Jurídica y Administrativa de la SSP, presentamos los avances de lo que
será la iniciativa de reforma a las Leyes y Código de Derechos. Así como la expedición del
Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado.
“En la @SP_Veracruz continuamos trabajando para garantizar certeza jurídica en materia
de transporte y seguridad vial”, finalizó su tuit.
Cuatro días antes de esta reunión con el gobernador, Gutiérrez Maldonado había declarado
a la reportera Claudia Montero, del portal alcalorpolitico.com, que en Veracruz no existía
una reglamentación para concesionarios de grúas, por lo que cobraban cifras que llegaban
hasta los 100 mil pesos, en caso de vehículos de transporte de carga por un arrastre, y 350
mil pesos por autos accidentados.
Y afirmó que con el reglamento para grúas que estaba por entrar en vigor en el estado,
serían regulados los costos de los servicios, por lo que un arrastre bajaría su tarifa hasta en
90 o 95 por ciento.
“El que le quiera entrar que le entre y, si no, que se vayan”, expresó el funcionario estatal,
quien reconoció que las grúas cobran lo que quieren porque no tienen una tarifa específica
que tengan que respetar, de manera que cometen abusos en contra de los usuarios.
Y aunque en diciembre de 2018, cuando tomó posesión como secretario de Seguridad
Pública, Gutiérrez Maldonado presumió hasta un doctorado en Derecho que la revista
Proceso desmintió, cuatro años después el titular de la SSP, nativo de Nuevo León, dijo que
Veracruz contaría “con una base jurídica para dar de baja a los concesionarios que incurran
en cobros excesivos por sus servicios y ya se podrá contestar a los jueces de distrito con un
reglamento específico que determine la causa del por qué se decide retirar la concesión”,
pues refirió que “actualmente, como no había una ley de grúas, se amparaban y ganaban,
pero ya se acabó”.
Sin embargo, dos meses después, en octubre de 2022, el abogado regiomontano renunció
sorpresivamente y el reglamento jamás se turnó al Congreso local.
Anteayer, la gobernadora Rocío Nahle le puso fin a este abusivo negocio de particulares.
Lo que Cuitláhuac jamás se atrevió a hacer. ¿Por qué nunca lo hizo? Deberían llamarlo para
que rinda cuentas, pues en las dos Legislaturas de su administración los diputados de
Morena y sus aliados fueron mayoría, igual que ahora.
OTRA ‘BLANCA NAVIDAD
PARA AUTOMOVILISTAS’
Por cierto, el ex director de Tránsito y Transporte del Estado, José Luis Salas Torres, quien
también fue director general de Gobernación, diputado y representante del Poder
Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, entre otros tanto
cargos públicos y partidistas, publicó previamente en Facebook un texto titulado “Blanca
Navidad para automovilistas”, en el que refería que “desde hace algunos años, las
denuncias ciudadanas respecto al desempeño de las empresas concesionarias del servicio de
grúas en Xalapa se han multiplicado considerablemente”, señalando que “la arbitrariedad
de intervenir vehículos en lugares permitidos, el monto del arrastre y los daños que se
ocasionan a los vehículos han sido algunas de las quejas más frecuentes, ante una autoridad
que no ha podido –o no ha querido– meter en orden a estas empresas”.
“Pero no siempre fue así”, puntualizaba el ex funcionario estatal, pues citaba que “hace ya
algunos años, durante el gobierno de don Agustín Acosta Lagunes, la Dirección General de
Tránsito y Transporte implementó un programa decembrino consistente en ‘Cero
infracciones, cero grúas’, lo que implicaba una ‘blanca navidad’ para automovilistas y
turistas que visitaban la ciudad.
“El programa consistía en que los agentes sólo intervendrían en accidentes de tránsito
cuando las unidades sufrieran algún daño que les impidiera circular. Lo mismo aplicaba
para infracciones en caso de pasar un semáforo en rojo, no contar con licencia de conducir
o tarjeta de circulación e, incluso, cuando se trataba de carros mal estacionados, en doble
fila o en lugares prohibidos para ello.
“La intervención de los agentes se limitaba a entregar un volante en el que se informaba de
la infracción en la que habían incurrido y se les hacía un exhorto para no volver a incurrir
en ella. En caso de que el conductor no se encontrara en su vehículo, se le fijaba en su
parabrisas con la información del programa.
“El resultado fue que los accidentes se redujeron considerablemente y, lógicamente, no
había espacio para la corrupción de los agentes de tránsito.
“El programa tuvo un gran éxito gracias a que se implementó en todo el estado. Don
Agustín recibió la felicitación de otros gobernadores y de autoridades de Estados Unidos
por su eficacia.
“También en fechas decembrinas, se entregaron concesiones para prestar el servicio de taxi
a todas las mujeres que habían solicitado la concesión; ahí surgieron las primeras taxistas,
un servicio público hasta entonces ofrecido sólo por varones.
“Recuerdo que fue un evento muy significativo, donde la señora Esperanza Azcón de
Acosta entregó las concesiones a las primeras trabajadoras del volante.
“Poner a la autoridad al servicio del ciudadano es una tarea sencilla. Lo difícil es renunciar
a los millonarios intereses económicos que se mueven en torno al tránsito y el transporte.
“Esta navidad es una buena oportunidad para hacer lo correcto”, sugería en su texto Salas
Torres.
Rocío Nahle, la primera mujer que gobierna Veracruz, lo acaba de hacer.
