Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Siguen los descalabros de la Fiscalía General del Estado (FGE). *** En esta
ocasión un juez federal determinó dejar sin efecto una orden de aprehensión
dictada el primero de marzo de 2022 en contra de Marcos Even Torres Zamudio,
exfiscal anticorrupción en Veracruz. *** La determinación de la justicia federal está
relacionada con la causa penal 47/2022, por la acusación de privación ilegal de la
libertad y desaparición forzada de Francisco Zárate, quien fuera escolta del
exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras. *** En septiembre de 2019, un Juez de
Control del penal de Pacho Viejo emitió órdenes de aprehensión contra el exfiscal
Jorge Winckler y cinco de sus colaboradores, incluidos los fiscales Luis Eduardo
Coronel y Marcos Even Torres. Los hechos ocurrieron en mayo de 2018, cuando
presuntamente Francisco Zárate fue detenido para forzarlo a revelar el paradero
de Luis Ángel Bravo Contreras, quien en esa fecha se encontraba evadido de la
acción de la justicia. *** El amparo concedido a Marcos Even Torres fue emitido
por el juez Decimoquinto de Distrito en Veracruz. De acuerdo con el juez, no se
justificaba la necesidad de cautela para solicitar la captura de Marcos Even Torres,
por lo que ordenó notificar de inmediato a la FGE para que se cancele la orden de
aprehensión y dejó abierta la posibilidad de explorar otros mecanismos
procesales. *** El amparo concluye que no existe sustento para la orden de
aprehensión. En caso de que la Fiscalía considere necesario insistir en la captura,
deberá aportar nuevos elementos. La resolución subraya que la negativa de la
orden no excluye otras formas de garantizar la conducción del imputado al
proceso, incluyendo medidas menos intrusivas, como la comparecencia voluntaria.
*** Cada vez está más cerca la salida de Verónica Hernández, cuya incompetencia
se hace evidente.
Pocos le dieron importancia, hace seis años, a aquella conocida frase aplicada en
cada cambio de gobierno: “los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.
Eran los últimos días del 2018 y el gobierno emanado de Morena llegaba con la
bandera del combate a la corrupción, del “nosotros no somos iguales”, del “no
mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Para ellos no encajaba esa sentencia.
Hoy se está viendo que ya varios de ellos se perfilan al matadero. En efecto: no
fueron iguales que sus antecesores, fueron peores.
El pasado fin de semana el periódico Milenio (que se ha convertido en un
importante vehículo del gobierno para hacer llegar “mensajes”) publicó un breve
reportaje sobre las inconsistencias que fueron detectadas durante la
administración de Cuitláhuac García y que pudieran arrojar consecuencias
penales para servidores públicos de ese período.
Con información pública del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis),
el reportaje menciona que durante los seis años de gobierno de Cuitláhuac García
fueron presentadas al menos 127 denuncias penales —entre 2019 y 2023— por
un monto cercano a los 280 millones de pesos de probable daño patrimonial.
Las investigaciones por presuntos actos de corrupción resultaron en denuncias
ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y a través de auditorías se consiguieron
recuperar casi 464 millones de pesos.
Hubo algunas oficinas del gobierno estatal que se destacaron por el cochinero
encontrado en sus oficinas: las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas, de
Medio Ambiente y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, así como la
Coordinación General de Comunicación Social, aparecen como las más señaladas
por sus irregularidades.
Sus titulares, pues, serían los candidatos más fuertes para ocupar alguna de las
“suites” del reclusorio de Pacho Viejo.
Existe la idea -nunca confirmada, pero tampoco desmentida- de que Cuitláhuac
García habría obtenido de quien fuera su jefe y padrino, el expresidente López
Obrador, la gracia de la inmunidad para su persona, pero que la actual
gobernadora consiguió la anuencia para proceder en contra de algunos de los
colaboradores de esa administración “para mandar el mensaje de que no habrá
espacio para la corrupción”.
Hay casos muy evidentes en los que parece haber consigna y, por lo tanto,
aprobación de Rocío Nahle para “escarbar” en busca de elementos para iniciar
procedimientos penales. Son los casos de la SIOP (Manuel Huerta encabeza los
señalamientos), el Congreso local (con acusaciones directas de Esteban Bautista),
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (donde opera José Luis Peña, esposo de
la gobernadora) y la Secretaría de Educación (Claudia Tello insiste en aclarar que
no se permitirán aviadores ni venta de plazas).
Los titulares de esos tres entes eran muy cercanos a Cuitláhuac García y ese
podría ser un factor para elegirlos en la operación “barredora”.
Es evidente que en muchas de las investigaciones irán contra los titulares de las
áreas administrativas, todos ellos colocados por el primo, Eleazar Guerrero Pérez,
contra quien existen múltiples señalamientos.
Así, mientras algunos buscan perpetuarse en el presupuesto a través de alguna
presidencia municipal, otros siguen en la tarea de esconder, destruir o quemar
todo aquel documento que exhiba sus fechorías.
Son las reses que tienen como destino el matadero.
Epílogo.
A propósito de temas de mataderos, el responsable de las obras de construcción
del estadio Luis Pirata Fuentes y el gimnasio “El Nido del Halcón”, era el secretario
de Finanzas José Luis Lima Franco. *** Él y su jefe, el gobernador, prometieron
entregar ambas obras antes de concluir su período; después dijeron que los
dejarían “al 99 por ciento” y que en diciembre, ya con Rocío Nahle, estarían
concluidas. *** Pues a estos servidores públicos les dio el “síndrome de Dos
Bocas”. Ya se vencieron los plazos que ellos mismos se impusieron y esas dos
instalaciones deportivas siguen sin ser concluidas. *** No vaya a ser que, en una
de esas, el incumplimiento de esos compromisos le cueste al exsecretario de
Finanzas la alcaldía de su natal Poza Rica. Ya se verá. *** La estructura de
Movimiento Ciudadano (MC) se sigue fortaleciendo. Este lunes el Coordinador
Estatal, Luis Carbonell de la Hoz, le dio posesión como nuevo delegado municipal
en Xalapa con funciones de dirigente a Carlos Barrios Rosales. *** Barrios
Rosales, es un joven veracruzano que cuenta con una larga y destacada
trayectoria dentro de Movimiento Ciudadano. Se ha desempeñado en diversos
cargos, como delegado estatal de jóvenes, encargado de círculos ciudadanos,
responsable del programa estatal de afiliación, secretario de acuerdos y hasta hoy
ocupaba el cargo de secretario técnico de la comisión operativa estatal. *** Y a
propósito del “movimiento naranja”, el próximo sábado 4 de enero tendrá lugar la
presentación del libro “México Nuevo”, de Jorge Álvarez Máynez, a las 5 de la
tarde en el café Lindo, en el centro de Xalapa.
filivargas@gmail.com