BITÁCORA POLÍTICA
Por Miguel Ángel Cristiani G.
En Xalapa, las motocicletas se multiplican como si fueran una plaga sobre
ruedas. Ya circulan alrededor de 40 mil unidades en la capital veracruzana y
su zona de influencia, mientras los accidentes se cuentan por decenas cada
semana. De acuerdo con especialistas, pueden registrarse hasta 15 percances
diarios en Xalapa y municipios vecinos.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una modernización del transporte o
frente a un problema de seguridad vial que las autoridades todavía no
consiguen controlar?
En cinco años se duplicó el número de motocicletas. Se utilizan para
trasladarse al trabajo, repartir mercancías y sortear el congestionamiento de
una ciudad donde el tránsito parece obedecer, cada vez más, a la ley del más
aventado y no a la del reglamento.
El problema no es que los ciudadanos utilicen una motocicleta. Para miles de
familias representa una herramienta de trabajo y una alternativa económica de
transporte. El verdadero problema aparece cuando la necesidad de llegar más
rápido se convierte en una carrera contra la vida.
Zigzaguear entre automóviles, rebasar por donde no se debe, ignorar los
límites de velocidad y circular sin casco son conductas que convierten las
calles en una ruleta rusa. Y cuando ocurre el accidente, el cuerpo del
motociclista es el que suele llevarse la peor parte.
Las cifras son para preocuparse. El Inegi registró 13 mil 54 accidentes de
motocicleta en Veracruz entre 2020 y 2025. Además, entre septiembre y
octubre se reportaron cinco accidentes mortales en Xalapa que involucraron a
motociclistas.
No son simples estadísticas. Son vidas truncadas, familias destrozadas y
gastos médicos que muchas veces terminan golpeando los bolsillos de quienes
menos tienen.
Las autoridades municipales anunciaron operativos de revisión y prevención,
con un esquema semejante al de los alcoholímetros. La intención es correcta,
pero habrá que ver si las acciones se sostienen en el tiempo o terminan
convertidas en esos despliegues espectaculares que aparecen unos días y
después desaparecen, mientras el problema continúa circulando a toda
velocidad.
Porque detener motociclistas para revisar documentos no basta. Hace falta
vigilar los puntos de mayor riesgo, exigir el uso del casco certificado, verificar
licencias y placas, sancionar las maniobras peligrosas y garantizar que los
operativos se apliquen sin distinciones ni mordidas.
También debe quedar claro que la responsabilidad no recae exclusivamente en
el gobierno. Ninguna autoridad puede colocarle el casco a quien se niega a
usarlo ni evitar todos los accidentes si los propios conductores desprecian las
reglas más elementales.
El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes advierte que un casco
certificado y correctamente abrochado puede reducir hasta en 72 por ciento el
riesgo de traumatismos craneales graves y alrededor de 40 por ciento la
mortalidad en caso de accidente. Es decir, una medida tan sencilla puede
marcar la diferencia entre regresar a casa o no volver jamás.
La Ley de Tránsito establece obligaciones, documentación y sanciones. Lo
que falta demostrar es que la norma se cumple y que las autoridades tienen la
capacidad de hacerla respetar.
Con 40 mil motocicletas en circulación, Xalapa necesita una política integral
de movilidad, educación vial y vigilancia permanente. No se trata de perseguir
motociclistas, sino de impedir que las calles sigan cobrando vidas.
Porque una ciudad no progresa simplemente porque tenga más vehículos.
Progresa cuando sus habitantes pueden llegar a su destino sin jugarse la vida
en cada esquina.
Y mientras unos aceleran sin medir las consecuencias y otros administran el
problema con operativos ocasionales, la pregunta de Pancho López sigue en el
aire: ¿cuántas tragedias más se necesitan para entender que la seguridad vial
no admite frenos burocráticos?
