Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
El escándalo por la captura de poco más de una docena de ciudadanos,
presuntamente involucrados con una extensa red dedicada al contrabando de
gasolina, está alcanzando proporciones que no calcularon en Palacio Nacional. ***
Este lunes se dio a conocer que el capitán de la Marina Abraham Pérez Ramírez,
quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de
Altamira, Tamaulipas, se habría suicidado luego de que se hizo público que era el
encargado de distribuir los sobornos que se pagaban para la introducción ilegal de
combustible. *** El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar
García Harfuch informó sobre la existencia de una red de “huachicol” que operaba
especialmente en Tampico, Tamaulipas, en la que participaban diversos
funcionarios. *** Cinco marinos en activo y varios empresarios formaban parte de
esa red delictiva que se dedicaba al contrabando a gran escala de combustible
(huachicol). *** Llamó especialmente la atención la captura del vicealmirante
Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de quien fuera secretario de
Marina en la administración de López Obrador, el xalapeño José Rafael Ojeda
Durán. *** Aunque el propio García Harfuch y el fiscal Alejandro Gertz Manero
insistieron en exculpar al exsecretario, afirmando que él mismo habría pedido que
se investigara a su pariente, lo cierto es que hasta el momento no hay un solo
documento que confirme esa versión. *** No debemos pasar por alto que en esta
intrincada red estarían involucrados altos funcionarios de Aduanas y de la
Secretaría de Energía, por lo que el “salpicadero” podría alcanzar a figuras
destacadas de la política en Veracruz.
Apenas el pasado 5 de mayo del presente año, la gobernadora Rocío Nahle
confirmó que en Veracruz se habían registrado, hasta ese momento, 22 incendios
forestales, principalmente en los municipios de Perote, Las Vigas, Huayacocotla y
Maltrata. Todos ellos -dijo- fueron atendidos oportunamente.
Reveló, además, que esta entidad ocupaba la décima posición a nivel nacional por
el número de conflagraciones y destacó el esfuerzo realizado por trabajadores de
diversas instancias oficiales y por la población: “el equipo de Protección Civil con
todo el equipo que tenemos, con Guardia Nacional, con Seguridad, con los
bomberos, por supuesto y, lo más importante, los pobladores en activo nos están
ayudando muchísimo”.
No los mencionó, pero ahí estuvieron, los miembros de la brigada contra
incendios, adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado (Sedema) y
comisionados a la protección del Valle de Perote.
Este martes, en conferencia de prensa, los representantes del Sindicato de
Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz ofrecerán una conferencia de prensa
para denunciar el despido injustificado de seis trabajadores de la Sedema, quienes
han sido víctimas de hostigamiento laboral y acoso, acciones que sufrían desde la
pasada administración estatal, pero que se mantuvieron en el actual gobierno por
el personal que “se mantuvo incrustado” en esa dependencia.
La organización sindical explica que los seis trabajadores levantaron un acta en la
Unidad de Equidad de Género de la Secretaría, “pero ahora, cuando se han
cumplido los tiempos para que se le dé vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la
Fiscalía General del Estado, son despedidos injustificadamente, a pesar de que
conforman una brigada contra incendios en el Valle de Perote y trabajadores que
han arriesgado su vida”.
La conferencia de prensa que se ofrecerá este lunes en un café ubicado frente al
parque Juárez tiene como fin informar a la opinión pública de los abusos que se
cometen contra estos seis empleados del gobierno estatal, pero -además- buscan
que esta información llegue a la gobernadora Rocío Nahle que, aseguran, no está
enterada de la actitud arbitraria de algunos de sus colaboradores.
“Estamos convencidos de que nuestro gobierno actúa mediante el diálogo y
apegado a los derechos humanos y laborales; por tal motivo hacemos un llamado
a nuestra gobernadora. El próximo jueves haremos una manifestación pacífica en
las dependencias, que incluirá una huelga de hambre que se mantendrá hasta que
sean reinstalados nuestros compañeros”, anunció el dirigente de esa organización
sindical, Acdmer Antonio Galicia Campos.
“Porque es justa nuestra demanda y porque no tenemos otra vía de diálogo es que
recurrimos a estas acciones”, remató.
La gobernadora Rocío Nahle no debe pasar por alto que los empleados del
gobierno estatal pasaron por momentos muy complicados durante la gestión de
Cuitláhuac García. Escenarios que pensaron que se habían superado con la salida
del actual director de Cenagas, reaparecen a partir del acarreo que se organizó
para “llenar” el evento de la presidente Claudia Sheinbaum.
Testimonios sobran de empleados del gobierno estatal que fueron obligados a
reportarse en un día de asueto (el pasado domingo) para asistir a “respaldar” a la
jefa de la nación en su “informe itinerante”, justo lo que solía hacer el gobierno de
Cuitláhuac García, con la coordinación de su primo, el entonces subsecretario de
Administración y Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez.
Consecuencia de esos abusos fue que la actual gobernadora fue derrotada en la
capital del estado, justo donde reside la mayor parte de la burocracia estatal.
Lo mencioné ayer y me permito insistir hoy: hay funcionarios menores que se
atreven a amenazar, acosar y presionar a sus subalternos, pues creen que serán
protegidos por “la jefa”.
¿Será?
Epílogo.
Llama la atención que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, haya concretado
ya convenios de colaboración con gobiernos estatales que limitan con Veracruz en
el sur, (Oaxaca, Chiapas, Campeche y Tabasco), pero no ha hecho lo propio con
los del norte (Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas), justo la zona en la que se ha
acentuado la violencia en los meses recientes. *** La Sala Regional en Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el próximo
miércoles 10 de septiembre se realice un nuevo recuento de la votación por la
alcaldía de Poza Rica. *** La decisión, sin embargo, no es definitiva, pues
Movimiento Ciudadano llevó el tema hasta la Sala Superior, que deberá resolver
antes de la fecha prevista o, en caso de que ya no dé tiempo, posponer el conteo
hasta que se hayan revisado los recursos presentados. *** No se ha dicho la
última palabra.
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