Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay políticos que padecen una enfermedad incurable: la ansiedad por el poder. No pueden
esperar los tiempos que marca la ley porque consideran que las reglas son un obstáculo para
sus ambiciones y no un requisito de la democracia. Entonces inventan recorridos de
«agradecimiento», encuentros «ciudadanos», conferencias «informativas», brigadas
«sociales», campañas de «posicionamiento» o cualquier otro disfraz semántico que les
permita hacer exactamente lo que la ley les prohíbe: pedir el voto antes de tiempo.
La creatividad para violar la legislación electoral parece no tener límites. Cambian el
nombre de la campaña, pero no la conducta. Eliminan el eslogan, pero conservan los
espectaculares. Sustituyen la palabra «candidato» por «referente», «coordinador»,
«promotor» o cualquier eufemismo de moda, mientras despliegan la misma maquinaria
propagandística financiada con recursos cuyo origen muchas veces ni siquiera queda claro.
El problema es que el derecho electoral no se construye sobre las apariencias, sino sobre los
hechos. Y los hechos terminan pesando más que los discursos de justificación.
Por eso adquieren especial relevancia las declaraciones del magistrado presidente del
Tribunal Electoral de Veracruz, Gilberto de Jesús Salazar Ceballos, al advertir que las
conductas relacionadas con actos anticipados de campaña pueden llegar a comprometer
incluso el registro de una candidatura cuando exista reincidencia o cuando la gravedad de la
infracción así lo amerite.
No se trata de una amenaza. Se trata de la aplicación de la ley.
La legislación electoral mexicana nació precisamente para impedir que quienes tienen
mayores recursos económicos, control gubernamental o presencia mediática obtengan
ventajas indebidas sobre los demás contendientes. La equidad en la competencia no es un
capricho jurídico; constituye uno de los pilares de cualquier elección democrática.
Sin embargo, pareciera que algunos actores políticos consideran que las sanciones forman
parte del costo de hacer negocios. Pagan una multa, presentan un recurso, ofrecen una
conferencia para victimizarse y continúan exactamente con la misma estrategia. Su apuesta
consiste en saturar el espacio público con su imagen durante meses para llegar a la campaña
formal con una ventaja construida al margen del espíritu de la ley.
Esa lógica representa una profunda degradación de la competencia democrática.
Lo más preocupante no es únicamente que existan aspirantes dispuestos a estirar la liga
jurídica hasta casi romperla. Lo verdaderamente alarmante sería que las autoridades
encargadas de vigilar el proceso observaran esas conductas con indiferencia o excesiva
complacencia. La impunidad también hace campaña.
El propio presidente del Tribunal Electoral fue claro al precisar que aparecer en el padrón
de personas sancionadas no implica automáticamente la pérdida del derecho a ser
candidato. Pero también dejó perfectamente establecido que la reincidencia y la gravedad
de las conductas pueden modificar completamente ese escenario.
Ahí está la diferencia entre una falta aislada y una estrategia sistemática para burlar la
legislación.
Muchos acelerados deberían leer con mayor detenimiento esa advertencia. Porque existe la
falsa creencia de que mientras no pronuncien literalmente la frase «vota por mí», todo lo
demás está permitido. La jurisprudencia electoral mexicana ha demostrado en múltiples
resoluciones que el análisis de los actos anticipados no depende únicamente de las palabras
utilizadas, sino del contexto, la intención, la sistematicidad, la difusión y el efecto que
producen frente al electorado.
No basta cambiarle el nombre al acto político para convertir una campaña en una reunión
ciudadana. Tampoco basta colocar el logotipo de una asociación civil para ocultar un
proyecto electoral perfectamente identificable. La simulación también deja huellas.
En Veracruz ya comenzó una competencia silenciosa por aparecer primero en bardas,
espectaculares, redes sociales, entrevistas pagadas y eventos multitudinarios. Todos dicen
respetar la ley mientras buscan la manera más ingeniosa de rodearla. Es el viejo deporte
nacional: cumplir la norma únicamente cuando ya no queda otra alternativa.
Pero esa estrategia puede convertirse en un búmeran.
Quien hoy presume músculo político mediante campañas disfrazadas podría descubrir
demasiado tarde que la propaganda anticipada termina siendo el expediente probatorio que
un adversario necesita para impugnar su candidatura. En política, los excesos suelen
cobrarse con intereses.
La democracia exige competencia, no ventaja ilegal; exige convicción, no simulación;
exige respeto a las reglas, no abogados especializados en encontrar resquicios para
burlarlas. Cuando los aspirantes empiezan violando la ley para llegar al poder, lo
verdaderamente ingenuo sería esperar que después gobiernen respetándola.
Porque quien necesita hacer trampa antes de ser candidato ya anunció, sin decir una sola
palabra, cómo piensa ejercer el poder cuando llegue a él.
