Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
“No más presos inocentes so pretexto de bajar la incidencia delictiva (…) sólo
citaré un dato: Veracruz tiene más de cinco mil personas en prisión preventiva,
entre oficiosa y justificada, de un total de población carcelaria de poco más de
8,600; muchas de las veces por historias fabricadas por policías”. *** Este es sólo
un fragmento del discurso pronunciado por el abogado Tomás Mundo Arriasa,
vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, durante la
ceremonia realizada en el recinto legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de
México, para conmemorar el Día del Abogado. *** En un foro de tal relevancia y en
celebración del día de los juristas, era inevitable hablar de las reformas en materia
judicial y la postura que los abogados penalistas asumen frente a este nuevo reto.
*** “¿Qué esperamos de esta reforma judicial? Primero, independencia judicial,
autonomía judicial”, expresó el abogado veracruzano, quien recordó la importancia
de acatar y respetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. “Debemos poner, ante todo, la preeminencia del principio pro persona”.
*** El encuentro de los más destacados abogados penalistas del país se dio justo
cuando en Veracruz, una vez más, el Poder Ejecutivo se apresta a tomar por
asalto el Tribunal Superior de Justicia. Ya dieron los primeros pasos. *** Con la
complicidad de la aún magistrada presidente, Lisbeth Aurelia Jiménez y en
contubernio con “operadores” del gobierno estatal, pretenden imponer la
estructura administrativa del Poder Judicial a partir del primero de septiembre,
cuando asuma la titularidad del Tribunal la magistrada Rosalba Hernández. *** En
la trampa legaloide participaron, además, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que
se apresuraron a designar a sus representantes ante el próximo Órgano de
Administración Judicial, sin considerar en ningún momento a los magistrados que
habrán de integrar el Tribunal Superior de Justicia a partir de septiembre. *** Se
ufanan de combatir a la delincuencia y acabar con la impunidad, pero no son
capaces de respetar la autonomía de los órganos encargados de la procuración y
la administración de justicia.
Contrario a lo que opina la presidente Claudia Sheinbaum (que la decisión del
gobierno de Estados Unidos de volver a cerrar su frontera al paso de ganado
mexicano fue “totalmente exagerada”), la medida estuvo basada en la frialdad de
los números.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
mantiene un seguimiento puntual de los reportes oficiales de presencia del gusano
barrenador de ganado en territorio mexicano.
El informe que abarca del 21 de noviembre de 2024 al 28 de junio de 2025, se
contabilizan 2,743 casos confirmados de gusano barrenador. La semana número
25 -del lunes 16 de junio al domingo 22 de junio de 2025- fue la que presentó más
casos con 213.
Claudia Sheinbaum se escandaliza porque Estados Unidos volvió a cerrar sus
fronteras “por un caso reportado en Veracruz”. En realidad, no es sólo por eso.
Ese mismo informe de Senasica menciona que es Chiapas el estado con más
casos confirmados (1,750) concentrados principalmente en Ocosingo (211),
Pijijiapan (113), Benemérito de las Américas (98), Marqués de Comillas (80) y
Catazajá (55).
Le sigue Tabasco con 511 casos, mayormente en Balancán (313), Tenosique (38)
y Macuspana (38). Después va Campeche, con 277 casos, en Candelaria (82),
Calakmul (61) y El Carmen (48).
Quintana Roo suma 50 casos, en Othón P. Blanco (27), Bacalar (21), Solidaridad
(1) y Tulúm (1). Oaxaca lleva 74 casos, de los que destacan Zanatepec (18) y
Tapanatepec (13); Yucatán tiene 27 casos, principalmente en Tzucacab (17),
Oxkutzcab (2) y Sucila (2).
En Veracruz se han detectado 54 casos en nueve municipios, principalmente en
Las Choapas (35) y Uxpanapa (7), aunque el brote que provocó el cierre de la
frontera se registró en Ixhuatlán de Madero, un municipio muy cercano a
Tamaulipas y, por lo tanto, a los límites con Estados Unidos.
No hay que ser muy avispados para asumir que si Uxpanapa y Las Choapas
acumulan en mayor número de casos positivos al gusano barrenador, por esa
zona debe existir una ruta que no ha sido atendida por los filtros sanitarios y que,
por lo tanto, está siendo utilizada para pasar ganado que entra de contrabando
desde Centroamérica.
Una vez que se les pase ese momento de romanticismo que les generó el festival
del bolero, la gobernadora Rocío Nahle y su asesor en materia ganadera, José
Luis Peña, podrían revisar los filtros que deberían operar en el sur de la entidad y
atender las denuncias de corrupción por parte de los inspectores de la
Subsecretaría de Ganadería estatal.
Claudia Sheinbaum ya mandó a su gente a hacer lo propio.
Epílogo.
Rey David Hernández Martínez, servidor público municipal en Xalapa, adscrito a la
Dirección de Obras Públicas, parece tener una carta de inmunidad, con la firma de
su jefe, el arquitecto Guillermo Ávila Devezze, y hasta con la del alcalde Alberto
Islas. *** El funcionario tiene una propiedad en el ejido Benito Juárez, en la
carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de Los Arenales. Con seguridad producto
de sus ahorros y su modesto salario, Rey David Hernández está construyendo en
su terreno. La gente lo ha notado porque por esa zona circulan unidades oficiales
del ayuntamiento, portando materiales para la obra que ahí se realiza. ¿Se puede?
*** Ya son dos los amparos a los que la justicia federal les ha dado entrada en los
que se combate la decisión de la junta de gobierno de la UV de otorgar al actual
rector una prórroga de 4 años a su gestión. *** Primero recibió el trámite de Rafael
Vela y más tarde el que presentó Marisol Luna Leal, ambos aspirantes a la
Rectoría. *** Aunque los amparos fueron recibidos para su revisión, a ninguno de
ellos le concedieron la suspensión provisional, por lo que será hasta que se revise
el fondo del asunto, que el juzgado de Distrito decidirá si dispone la cancelación
de dicha prórroga. *** Por lo pronto, ordenó a la autoridad responsable (junta de
gobierno) rendir un informe justificado en un plazo de 15 días. Para el segundo
amparo se fijó como fecha para la audiencia incidental el 17 de julio. Es muy
probable que se concedan las suspensiones, pero con seguridad el actual rector
se inconforme y recurra a otras instancias jurídicas.
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