AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
El caso del magnate Emilio Azcárraga Jean, quien la semana pasada decidió separarse de la
presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa ante la investigación que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos inició en su contra por supuestos sobornos a
funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para obtener los
derechos de transmisión de los partidos de las Copas Mundiales de 2018, 2022, 2026 y
2030, es el mejor ejemplo de que la impunidad en México no sólo es atribuible a los jueces,
magistrados y ministros “corruptos” del Poder Judicial de la Federación (PJF) –principal
argumento de la polémica reforma de la 4T que propone sustituirlos por otros que sean
electos mediante el voto popular, proceso electoral que según un proyecto presupuestal del
INE costaría más de 13 mil millones de pesos–, sino que también ha exhibido la
inoperancia de la Fiscalía General de la República (FGR), un órgano supuestamente
autónomo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la unidad administrativa
dependiente de la Secretaría de Hacienda, encargada de recibir, analizar y diseminar
información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”.
Y es que años antes de esta investigación, Eduardo Fernández García, expresidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), había presentado también una denuncia
ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en
la que afirma que Azcárraga Jean y Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, otros
ejecutivos de primer nivel de Televisa, presuntamente recibieron sobornos en efectivo
provenientes de “funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos”.
En el documento presentado ante la SEC el 6 de octubre de 2022, Fernández García señaló
que los recursos en efectivo fueron gastados a través de una empresa financiera de su
propiedad –mediante engaños– en la compra de bienes de lujo, como un avión Gulfstream y
un yate, así como para el pago de diferentes servicios en Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 con diferentes intermediarios.
Para lograr su objetivo, los ejecutivos de Televisa abrieron cuentas corporativas en su
compañía denominada Diversity Investment Corp, a través de las cuales se habrían
realizado 29 “transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas” para presuntamente
lavar 40 millones de dólares que Fernández presume como “sobornos procedentes de las
arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas”.
Por lo anterior, el denunciante imputó a Azcárraga Jean, Gómez y Angoitia conductas que
describe como “fraude financiero, lavado de dinero y perjurio”, las cuales representan
violaciones “flagrantes” y “continuadas” a diversas leyes estadounidense en materia de
valores bursátiles, contra la corrupción, el secreto bancario y antilavado de dinero.
En el texto de su denuncia presentada vía electrónica, Fernández García señaló que “cuenta
con información original, material y no pública, que demuestra que Televisa” y sus
ejecutivos “han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de lavado de
dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales”
La denuncia del extitular de la CNBV implica a las administraciones de los ex presidentes
Felipe Calderón (2006-2012), del PAN; Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, y
Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), de Morena, cuya actitud omisa se contrapuso
a su discurso anticorrupción.
CANDIDATOS INDÍGENAS: NO ES
OBLIGATORIO HABLAR DIALECTOS
Ayer comentábamos aquí que además de cumplir con la obligatoria paridad de género, los
partidos políticos deberán acatar también los lineamientos para la implementación de
acciones afirmativas en cargos de elección popular en favor de personas indígenas,
aplicables para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 y los extraordinarios que en
su caso se deriven de los mismos en el estado de Veracruz, ya que el Órgano Público Local
Electoral (OPLE) marcó requisitos para que personajes de los municipios encuadrados en
esta lista puedan ser candidatos a presidentes municipales, síndicos o regidores de sus
respectivos ayuntamientos.
Lo que nos faltó puntualizar, es que de acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos para
la Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de Elección Popular en Favor de
Personas Indígenas (…), correspondiente a la Autoadscripción Calificada, se establece en el
punto número 1 que “para acreditar el vínculo efectivo de la persona que se pretende
postular con un pueblo o comunidad indígena, de manera enunciativa, más no limitativa, se
podrán considerar los siguientes elementos: a) Pertenecer a la comunidad indígena; b)
Haber nacido en la comunidad indígena; c) Hablar la lengua indígena; d) Ser descendiente
de personas indígenas; e) Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad; f)
Haberse desempeñado como representante de la comunidad; g) Haber participado
activamente en beneficio de la comunidad; h) Haber demostrado su compromiso con la
comunidad; i) Haber prestado servicio comunitario; j) Haber participado en reuniones de
trabajo tendentes a mejorar las instituciones o resolver conflictos en la comunidad; k)
Haber formado parte de alguna asociación indígena para mejorar o conservar sus
instituciones.”
Ayer detallamos que de los 212 municipios de Veracruz, en 32 más del 90 por ciento de su
población es indígena; en siete –Ixhuatlán de Madero, Uxpanapa, Coetzala, Espinal,
Tlilapan, Zaragoza y Citlaltépetl, entre el 80.2 y 85.8% de sus habitantes hablan todavía su
dialecto original, y en otros 11 –Papantla, Oteapan, Tantoyuca, Chalma, Chontal, Rafael
Delgado, Naranjal, Tepetzintla, Playa Vicente, Cazones de Herrera y Tlachichilco–, sus
pobladores se comunican con la lengua de su etnia originaria.
Consideramos pertinente hacer esta precisión para evitar malos entendidos que pudieran
excluir a los aspirantes que cumplen con otros de estos requisitos aunque no hablen la
lengua indígena.
PERFILAN A TANIA CAROLA
PARA PRESIDIR CONGRESO LOCAL
En el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, corre fuerte la versión de que la
diputada local por el distrito de Emiliano Zapata, Tanya Carola Viveros Cházaro, de
Morena, podría presidir la mesa directiva de la nueva Legislatura estatal que entrará en
funciones el 5 de noviembre próximo.
Tanya Carola es una de las morenistas que fueron ganando cercanía con la gobernadora
electa Rocío Nahle, a pesar de haber sido la suplente de la ex senadora Claudia Balderas
Espinoza, una ex militante del partido guinda de Minatitlán que terminó muy mal con la
también ex senadora y ex secretaria de Energía, Nahle García, quien en 2018 la apoyó para
que llegara al Senado de la República por la vía plurinominal.
Viveros Cházaro, por cierto, es muy allegada también a la actual secretaria de Protección
Civil del gobierno del estado, Guadalupe Osorno, una discreta funcionaria nativa del estado
de Tlaxcala que acaba de ser ratificada en el cargo por la virtual gobernadora de Veracruz.
Tanya Carola, quien por segunda ocasión ocupará una curul en el Congreso veracruzano,
fue secretaria particular de Osorno Martínez de 2018 a 2022, pues en agosto de ese año se
integró al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en la cartera de Formación Política.
La representante popular del distrito electoral de Emiliano Zapata es una chef egresada del
Instituto Culinario de Xalapa (ICUXA).
Como diputada a la 64 Legislatura loca, presentó varias iniciativas a favor de los derechos
de las mujeres, como fue la de ampliar a 12 semanas el periodo para abortar y ampliar las
causales para interrumpir el embarazo. Pero no se validó.
A finales de esa Legislatura, el 31 de octubre del 2018, junto con el entonces coordinador
de la bancada de Morena, Zenyazen Escobar García, tomaron las instalaciones del
Congreso del Estado para evitar la última sesión del periodo ordinario y así impedir que los
panistas, que tenían mayoría, votaran dictámenes de último momento.
BIOFERTILIZANTE CERTIFICADO,
AUDAZ APORTACIÓN DE GRANJAS CARROLL
Y, pasando a otro tema, nos comentan que en un momento en el que la sostenibilidad es
clave para el futuro de la agricultura, Granjas Carroll de México (GCM) ha dado un paso
audaz hacia la innovación responsable. El desarrollo de un biofertilizante elaborado a partir
de residuos orgánicos digeridos marca un avance significativo en el manejo sostenible de
residuos y en la regeneración de suelos agrícolas.
Este biofertilizante, que cuenta con la certificación de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), se distingue por su composición rica en nutrientes esenciales
como fósforo, potasio y nitrógeno. Estos elementos son fundamentales para mantener la
salud de los suelos y optimizar el crecimiento de los cultivos. La certificación de la SADER
no solo valida la calidad del producto, sino que lo posiciona como una opción confiable y
segura para los agricultores interesados en transitar hacia prácticas más ecológicas.
Granjas Carroll ha demostrado su compromiso con el medio ambiente al utilizar
tecnologías avanzadas para el aprovechamiento de residuos orgánicos, que de otro modo
podrían convertirse en un problema de contaminación. Este enfoque proactivo permite a la
empresa cerrar el ciclo de producción de manera responsable, mitigando su huella
ambiental mientras contribuye a la regeneración de suelos y a la reducción del uso de
fertilizantes químicos tradicionales.
El biofertilizante no solo beneficia al medio ambiente, sino que también ofrece una
herramienta eficaz para mejorar la productividad agrícola en la región. Al reponer los
nutrientes esenciales que los suelos pierden con el tiempo, este producto impulsa una
agricultura más sostenible, promoviendo la salud del suelo a largo plazo y reduciendo la
dependencia de productos químicos nocivos.
Con esta iniciativa, Granjas Carroll reafirma su liderazgo en la agroindustria, demostrando
que la eficiencia productiva y el cuidado del medio ambiente no son mutuamente
excluyentes.
