AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El pasado viernes 19, José Luis Lima Franco, quien se desempeñó como secretario de
Finanzas y Planeación durante la desastrosa administración del exgobernador de Veracruz,
Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024), fue designado sorpresivamente director general
del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), un organismo
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal cuyos orígenes se remontan hasta el año de
1973, cuando en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo la III Reunión Nacional de
Funcionarios Fiscales de las Entidades Federativas y del Gobierno Federal, en donde se
acordó su creación como un organismo de todas las partes integrantes de la Coordinación
Fiscal Intergubernamental, y con el carácter de Asociación Civil, cuya sede se encuentra
ubicada desde entonces en Guadalajara, Jalisco.
El Indetec, según lo determina el Artículo 16, Fracción III y 22 de la Ley de Coordinación
Fiscal, instituida para ese efecto en 1980, tiene como funciones la realización de tareas tales
como: apoyo en materia de capacitación, asesoría y consultoría técnica; realización de
estudios e investigaciones fiscales; informar y difundir todo lo relacionado con la
fiscalización; así como la de participar como Secretario Técnico de la Reunión Nacional de
Funcionarios Fiscales y de los Grupo de Trabajo emanados del propio Sistema Nacional.
Hace tres días, en sus redes sociales, Lima Franco publicó: “Hoy asumí con orgullo la
dirección general de Indetec MX, un encargo que representa un alto compromiso con
México.
“Desde esta institución, trabajaremos con entrega para asesorar, capacitar y fortalecer a las
haciendas públicas estatales y municipales del país, con el firme propósito de modernizarlas
y alinearnos a los objetivos financieros impulsados por nuestra presidenta, la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo.
“Mi agradecimiento con los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales
y con el secretario de hacienda (sic), Dr. Edgar Amador Zamora.
“¡El futuro hacendario de México se construye con profesionalismo, cercanía y visión!”,
remachó Lima Franco, quien salió muy cuestionado como titular de la Sefiplan. A ello se
atribuyó que Rocío Nahle, que había anunciado inicialmente como gobernadora electa que
sería ratificado en el cargo, dos días antes de que iniciara su administración designó en
lugar del economista pozarricense a Miguel Santiago Reyes Hernández, el cual se perfilaba
como subsecretario de Ingresos. Reyes Hernández es un doctor en Economía de origen
poblano que durante el sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador se
desempeñó como director general de las Empresas Filiales de la Comisión Federal de
Electricidad, de Comercialización de Combustibles, CFEnergía y CFE International, al lado
del titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador salinista del estado de Puebla.
Sorpresivamente, en una carta dirigida a Nahle y fechada el 28 de noviembre de 2024,
Lima le expuso a la mandataria entrante que, “después de una larga reflexión, me permito
solicitarle que considere permitirme declinar ante su ofrecimiento de continuar al frente de
los trabajos de la SEFIPLAN”, argumentando que había tomado esta decisión “porque
considero que la continuidad de la transformación debe llevarse a cabo con nuevos
servidores públicos, capaces de encaminar a nuestro estado hacia un rumbo de crecimiento
y desarrollo desde el inicio de la siguiente Administración a su cargo”. Pero también le
notificaba que “tengo la convicción de participar en el proceso electoral 2025, someterme al
proceso interno de nuestro partido, morena (sic), y contender para lograr la candidatura
para alcalde de Poza Rica”, la que no logró, pues la nominada fue la diputada local con
licencia Janeth Adanely Rodríguez, la cual fue derrotada en las urnas por el candidato de
Movimiento Ciudadano, Emilio Olvera, cuyo triunfo, según denunció el emecista, le ha
sido arrebatado por Morena en complicidad con el OPLE y el Tribunal Electoral de
Veracruz.
Ahora Lima Franco, sin rubor, asume la dirección general del Indetec cuando ha sido
duramente criticado por el despilfarro de más de mil 700 millones de pesos en la polémica
remodelación del estadio de futbol “Luis Pirata Fuente” del puerto de Veracruz sin tener
franquicia de equipo de la Liga MX, y por la onerosa construcción todavía inconclusa del
Complejo Deportivo “Nido del Halcón”, en Xalapa, cuya inversión se disparó a 958
millones de pesos; así como la millonaria inversión que realizó hace cinco años en Accendo
Banco, pese a la alerta de las autoridades de la Secretaría de Hacienda que oportunamente
habían advertido a gobiernos estatales y municipales que dicha institución financiera
estaba en riesgo de quebrar.
La caída estrepitosa de Accendo Banco, además de las finanzas gubernamentales de
Veracruz, también impactó las de los gobiernos estatales de Puebla e Hidalgo que no
pudieron retirar antes de la quiebra e intervención de la institución financiera en septiembre
de 2021 los fondos millonarios que tenían invertidos.
A diferencia de estas tres entidades, los gobiernos de la Ciudad de México y de Chihuahua,
encabezados por la actual presidenta Claudia Sheinbaum y la panista Maru Campos, sí
lograron sacar su dinero –171.4 millones el primero y cerca de 700 millones de pesos el
estado fronterizo– horas antes del anuncio de revocación de licencia del banco por parte de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El 8 de agosto de 2022, el columnista Miguel Badillo, del diario El Independiente, publicó
que ésta habría sido una de las razones por las que al ex secretario de Hacienda, Arturo
Herrera Gutiérrez, ex camarada y protector político de Lima Franco, el presidente López
Obrador no le cumplió su promesa de proponerlo como Gobernador del Banco de México.
En contraste con la impunidad que rodeó a Lima Franco, en otras entidades sí hubo
consecuencias en contra de funcionarios implicados en el fraude de Accendo Banco. El 24
de mayo de 2023, por ejemplo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso
del estado de Puebla avaló la petición del grupo legislativo del PAN para que la secretaria
estatal de Finanzas, María Teresa Castro Corro, compareciera ante el Pleno para que
explicara la inversión fallida que por 600 millones de pesos había realizado dos años antes
con la institución financiera que estaba a punto de caer en bancarrota. Un mes después,
Castro Corro fue destituida por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien
en su lugar nombró a Josefina Morales Guerrero.
En cambio, en Veracruz, los diputados locales de la oposición guardaron sospechoso
silencio y el gobernador Cuitláhuac García sostuvo hasta el final de su mandato a Lima
Franco, el cual estuvo a punto de ser ratificado por Rocío Nahle.
