AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
Cuentan que, a finales del año pasado, cuando estaba por iniciar su administración, la
gobernadora Rocío Nahle les leyó la cartilla a sus futuros colaboradores y les advirtió que
tuvieran mucho cuidado con el proceso de entrega-recepción porque si posteriormente se
descubrían desvíos y otras irregularidades graves, no sólo se iba a proceder penalmente
contra los ex funcionarios responsables sino también contra los que por omisión o comisión
habían avalado esas cuentas públicas.
La tarde-noche de ayer, de manera sorpresiva, se anunció la salida de María Esther Reyes
González de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), cargo
que había asumido apenas el 1 de diciembre del año pasado. Pero, según trascendió, la
sucesora de la cuitlahuista Ariadna Selene Aguilar Amaya no “renunció” voluntariamente,
sino que de manera literal la tuvieron que sacar a empujones de su oficina.
Su salida se da en medio del escándalo sobre los millonarios contratos adjudicados a
empresas de reciente creación en la administración del ex gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, quien el pasado día 6 de este mes asumió la Dirección General del Centro
Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Energía (Sener).
El pasado miércoles 22, durante la comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del
Congreso local de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(ORFIS), Delia González Cobos, se informó que más de 200 contratos fueron adjudicados a
empresas con inconsistencias, entre ellas “Soluciones y Milagros”, creada en 2019, meses
después de que Cuitláhuac García asumió la gubernatura. La empresa, cuya actividad
registrada era la venta de ropa al mayoreo, recibió contratos para proveer insumos como
folders, equipo médico, lapiceros y persianas. El coordinador de los diputados federales de
Morena y ex secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, negó
cualquier responsabilidad en las contrataciones y aseguró que estas dependían de la
Oficialía Mayor. “La única que contrata es la Oficialía Mayor. Veracruz es el único estado
que tiene Oficialía Mayor. No le corresponde al Secretario, son cosas que ni pasan por la
oficina”, declaró el ex titular de la SEV, uno de los más cercanos al ex gobernador García
Jiménez.
Durante su gestión, la Oficialía Mayor estuvo a cargo de Aguilar Amaya –una antigua ex
compañera de trabajo de Cuitláhuac que le impuso a Zenyazen–, la cual negó también
cualquier relación con las empresas señaladas.
“En la Oficialía Mayor no existe ningún contrato ni existió en los seis años con esta
empresa. Estoy muy tranquila. En la Secretaría de Educación, en la Oficialía Mayor, no
había contratos con empresas ‘fantasma’ y menos con esta que yo no tengo el gusto de
conocer”, afirmó Ariadna Selene, actual aspirante de Morena a la alcaldía de Xalapa.
Por su parte, la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, confirmó durante su
comparecencia ante los diputados de la Comisión de Vigilancia que se investigan ocho
presuntas empresas fantasma que habrían recibido contratos por más de 205 millones de
pesos durante la administración de Cuitláhuac García, incluyendo “Soluciones y Milagros”.
A su vez, el diputado priista Héctor Yunes denunció públicamente los contratos
adjudicados a esta empresa, presuntamente vinculada al morenista Mauricio Gómez
Castañeda. “La empresa tenía como objeto social venta de ropa al mayoreo, pero fue
contratada para vender folders, equipo médico, lapiceros y persianas”, acusó Yunes Landa.
Anoche, el diario porteño IMAGEN de Veracruz publicó en su edición digital que, de
acuerdo con reportes al interior de la dependencia, quien podría asumir interinamente la
Oficialía Mayor de la SEV sería el actual director general de Vinculación y Coordinación
de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Ramón Cardona Mendoza.
NO SE ENCUBRIRÁ A NADIE:
DIPUTADO ESTEBAN BAUTISTA
Ayer, mientras corrían versiones de todo tipo –una de ellas es que los beneficiarios
implicados en este escandaloso caso de corrupción habrían ofrecido a la Oficial Mayor de
la SEV un “cañonazo” de más de siete ceros para que le diera carpetazo a este candente
tema–, el diputado local Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del Estado, adelantó que podrían
hacer un exhorto para que las autoridades correspondientes investiguen el uso de presuntas
empresas fantasmas en la Secretaría de Educación que denunció la titular del Órgano de
Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos.
En entrevista, el legislador sureño manifestó que en el Poder Legislativo no se encubrirá a
nadie, toda vez que podría estar involucrado un diputado federal (Zenyazen Escobar, ex
titular de la SEV) en las operaciones ilegales que suman más de 200 millones de pesos.
El presidente de la Jucopo dijo que quien esté involucrado en este tema y en esta ilegalidad
debe responder ante las autoridades competentes.
“Nosotros no vinimos a encubrir a nadie, quien esté involucrado tendrá que llevarse el caso
hasta sus últimas consecuencias legales”, manifestó.
“Sin importar quién esté involucrado, Orfis debe proceder”, enfatizó el diputado local por
el distrito de Cosoleacaque, quien acotó que, sin importar cuál ex funcionario esté
involucrado, “deberá responder”.
Reiteró que han sido claros que no han venido encubrir a nadie. “Quién esté involucrado en
eso, que vaya a sus últimas consecuencias”, dijo.
VERACRUZ, ESTADO FEMINICIDA
Vaya paquetazo que tiene Rocío Nahle como la primera mujer que gobierna Veracruz, una
entidad estigmatizada como “feminicida” por el número de víctimas por violencia de
género en los últimos años.
Lo paradójico es que los feminicidios siguen repitiéndose en la tierra adoptiva de la
mandataria estatal.
El pasado miércoles se informó del hallazgo del cuerpo de la empresaria Suandy Erika
Baeza Mayo, de 48 años de edad, dueña de bares y activista social de Coatzacoalcos, quien
habría sido amenazada en varias ocasiones por no pagar extorsiones a grupos criminales. Su
cadáver, con ataduras de pies y manos, fue hallado en una casa de seguridad de Minatitlán.
Baeza Mayo era comisionada de una agrupación de derechos humanos internacionales, se
le identificaba por su labor altruista de entregar comida y ropa para los migrantes. También
donaba alimentos y bebidas a las personas con enfermos en el hospital porteño “Valentín
Gómez Farías” y a familiares de niños enfermos de cáncer.
La empresaria ya había sido víctima de la inseguridad. El primero de septiembre de 2023,
tres sujetos incendiaron su negocio “La Palapa de Solín”, acto relacionado con el cobro de
piso. También era dueña de los bares “La Quinta” y “Mezcalito”. Según reseñó la
periodista Sayda Chiñas, corresponsal del diario La Jornada, en este último lugar habían
sido atacados un mesero y un cliente dentro del inmueble, y luego dos jóvenes fueron
secuestrados, apareciendo después sus cadáveres en fosas clandestinas. Este bar había
cerrado en un par de ocasiones: primero en 2023, y el pasado 26 de enero anunció en sus
redes sociales que concluía operaciones de nuevo. Al día siguiente, la dueña fue
“levantada”.
Este último caso desató fuertes críticas contra las lideresas de los organismos empresariales
de Coatzacoalcos, las cuales no han dicho nada sobre este vil asesinato. Ni Dalia Karina
Ramos Puerto, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo
Coatzacoalcos, ni Lourdes Hidalgo Carrión, representante de los restaurantes y bares del
antiguo Puerto México. Tampoco Claudio Velasco Martell, líder regional del Consejo
Coordinador Empresarial.
De acuerdo con el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la Universidad
Veracruzana (UV), la entidad acumulaba hasta septiembre del año pasado 43 feminicidios,
cifras que colocaban a Veracruz en los primeros lugares a nivel nacional.
Sin embargo, las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública no concordaban con
las de la UV. Con el asesinato de Roxana Ruiz Custodio, de 22 años de edad, ocurrido el
lunes 16 de septiembre en Minatitlán, el SESNSP elevó sólo a 30 el número de
feminicidios, pero en esa fecha tenía registradas más de 249 desapariciones en el primer
semestre de 2024.
Por esas fechas, según el Observatorio de la UV, la entidad veracruzana se ubicada entre las
primeras cinco con más carpetas de investigación por el delito de feminicidios en México y
ocupaba el lugar 13 en incidencia de este delito con una tasa de 0.64 por cada 100 mil
mujeres, esto de acuerdo con el reporte de información sobre violencia contra las mujeres
del propio gobierno federal.
Esta semana, el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, resaltó que en nueve años el índice de feminicidios
en México ha crecido 101.7 por ciento. ¡Terrible!
