Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Los abusos contra los empleados del gobierno estatal son recurrentes y nadie en
la administración de Rocío Nahle muestra disposición para buscar soluciones
apegadas a derecho. *** Ante ese escenario, llama la atención que nueve de las
10 organizaciones sindicales que se han formado para defender los derechos de
la burocracia estatal, hayan decidido unirse y colocar como prioridad de sus
acciones la defensa de los derechos que han sido vulnerados. *** Los dirigentes
de SEPEV, SIDEPEV, SIEDIPEV, SLTSPEEV, SEPEVUD, SADTPEEV,
PROFIEISSPEV, ASISTEV y ASTPEV conforman ahora una coalición para
rescatar derechos y prestaciones pendientes, como la recategorización para que
en un futuro los servidores públicos puedan jubilarse con un salario decoroso o,
cuando menos, que no sea miserable como ha pasado con muchos pensionados y
jubilados que el IPE tiene en su padrón. *** Uno de los temas que más preocupa a
estas representaciones sindicales es la decisión del IPE de aplicar una modalidad
de pago de cuota a los que pretendan jubilarse, con el llamado “sueldo regulador”
que no es otra cosa más que un gravamen al pago por su jubilación. *** El consejo
técnico del Instituto de Pensiones del Estado hace un cálculo poco claro para
descontar del pago de jubilación hasta un 40%, con el pretexto de que cuando
entró en vigor la Ley 287 del IPE el servidor público no tenía derechos adquiridos y
lo califica como “transitorio”. *** No toman en cuenta, sin embargo, que les están
aplicando, en su perjuicio, una legislación de manera retroactiva, y que -además-
las pensiones están protegidas por resoluciones de la Corte, a pesar de lo cual les
aplican un descuento injusto e indebido. *** Estas organizaciones sindicales tienen
un fuerte compromiso con sus representados y deben aplicarse o los aplastan,
porque no sólo lucharán contra prácticas muy frecuentes (acoso, hostigamiento
laboral y despidos injustificados), sino que ahora les llega una violenta reforma
para que sus registros sindicales pasen de un órgano autónomo como el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje a las Juntas de la Secretaría del Trabajo, un órgano que
acata las órdenes del Poder Ejecutivo.
Soy un convencido de que, en el análisis periodístico, la inmediatez no es
conveniente. Hay, sí, espacios en los que se compite por ser los primeros en dar
una noticia, pero cuando se trata de profundizar en la trascendencia de un hecho,
es pertinente esperar a que se generen las primeras consecuencias.
Me enteré del gesto ausente de modestia de la senadora Raquel Bonilla Herrera,
oriunda de Poza Rica, quien se atrevió a colocar una etiqueta con su nombre y
cargo a las despensas que donó la representación de Taiwán.
Esperé con calma que, en las horas posteriores a la exhibición de tal ruindad, la
legisladora saliera a disculparse, a sugerir algún “error de comunicación”, o “la
imprudencia de un colaborador”, pero nada de eso sucedió.
La senadora Raquel Bonilla (“muy cercana”, cuentan, a la gobernadora Rocío
Nahle) decidió pasar por alto los mensajes en los que lo menos que le dicen es
“carroñera”, en alusión a un término utilizado por la propia Rocío Nahle y hasta por
la presidente Claudia Sheinbaum y dirigido a los que “pretenden sacar raja política
de la desgracia ajena”.
Quienes la conocen mejor, argumentan que Raquel Bonilla “está ansiosa de
reflector”, porque su primer año legislativo “lo ha nadado de muertito”.
Y es que fueron los propios ciudadanos de Poza Rica, esos que lo perdieron todo,
los que reciben con gusto las expresiones de generosidad de México y el mundo,
los que criticaron la actitud de la senadora veracruzana.
“Si Taiwán envió esta ayuda humanitaria, la legisladora debió respetar la
procedencia y no poner su nombre y logotipo personal en las despensas, lo que es
una acción de evidente oportunismo político”, afirmaron.
Pero su “gesto generoso” (repartir en las colonias de su pueblo las despensas que
envió un gobierno amigo) no debía pasar desapercibido. En un video que subió a
sus redes sociales, la legisladora morenista dijo: “Desde el otro lado del mundo,
Taiwán tendió su mano a Veracruz con un gesto profundamente humano: apoyo,
cercanía y solidaridad hacia las familias que perdieron tanto tras la inundación del
10 de octubre”.
Sí, pero en cada despensa, la etiqueta con su nombre destacado: Raquel Bonilla
junto a la leyenda: “Apoyo humanitario a México y Veracruz. Taiwán solidario”.
Es tal su afán de protagonismo, que la legisladora cometió esta pifia que podría
costarle un extrañamiento de las autoridades taiwanesas, ante un hecho de
oportunismo político.
Lo que quedó en evidencia es que la legisladora requiere justificar su presencia en
la Cámara Alta, en la que su aportación ha sido proponer que se declare el 18 de
mayo como “Día Nacional de la Mujer en el Sector Marítimo” o que se derogue el
párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución federal.
De muy poco le han servido los dos diplomados que presume —uno en Estrategia,
Gestión y Administración Municipal y otro en Gestión y Política Pública— y su
interrumpido paso por la facultad de Derecho.
Y pensar que ella es la que representa al pueblo de Veracruz.
Epílogo.
Faltan siete semanas para que concluya el presente año y, con ello, que se
concrete el cambio en los gobiernos municipales. *** En Xalapa, los responsables
de la obra pública hacen lo necesario para obtener su “bono de marcha” y por lo
pronto están retrasando los pagos empresas constructoras y proveedores. *** En
la Dirección de Obras Públicas, que encabeza el arquitecto Guillermo Ávila
Devezze, hay una sola ruta para conseguir que salgan los pagos de obras
concluidas y productos entregados: pasar con el subdirector de Planeación y
Proyectos, Gerardo Lobato Guzmán, que es el encargado de poner una “tarifa” al
trámite de cobro. *** ¿Cuánto piden? “Depende del sapo, la pedrada”. ¿Estará
enterado de eso el secretario de Gobierno (y alcalde con licencia) Ricardo Ahued?
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