Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
“Los vamos a invitar a que acudan a la Fiscalía, que pongan la denuncia”, expresó
la gobernadora Rocío Nahe cuando fue cuestionada sobre la cancelación de una
Exposición Internacional de Ganado Cebú en Tuxpan. *** Y, claro. Con toda
seguridad los ganaderos acudirán a la Fiscalía para denunciar las amenazas y las
extorsiones de las que son objeto. *** Es Tuxpan, donde apenas este fin de
semana fue baleada, una vez más, una sucursal de las carnicerías “El Jarocho”,
ubicada en la Avenida Garizurieta y la calle Pípila, en el centro de aquella ciudad.
*** Apenas en mayo de este año dos sucursales de ese negocio fueron baleadas
en esa misma ciudad y hasta hubo personas heridas por los disparos. ¿La razón
de estos ataques? El cobro de piso. *** En redes sociales se dio a conocer la
cancelación de la exposición de ganado cebú, debido a que grupos criminales les
estaban poniendo “cuota” por cada cabeza de ganado que fuera comercializada
durante la feria. *** Rocío Nahle dijo no tener conocimiento “formal” sobre la
cancelación del evento, pero aclaró que ya se comunicó con el presidente de la
Asociación Mexicana de Ganado Cebú, Óscar Thomas Obregón. *** “Nos
comunicamos con el señor Thomas, que es el del Cebú, y él dice que no (ellos no
organizan), que solamente lo habían invitado. Le pedí al presidente municipal
(Daniel Cortina) que nos informara. Si los ganaderos manifiestan esto, los vamos a
invitar a que acudan a la Fiscalía, que pongan la denuncia, que nos den datos”. ***
Y es que, al menos en Tuxpan, Veracruz no está de moda.
En espera de que explique la gobernadora Rocío Nahle de dónde surgieron los
recursos para la liquidación de la deuda bursátil de 199 ayuntamientos y quién le
autorizó que los aplicara en ese rubro, justo es reconocer que las actuales
administraciones municipales reciben con gran alivio este aliciente financiero.
Lo cierto es que, con el afán de resaltar el “histórico rescate” de dicha deuda,
muchos han satanizado, muy a la ligera, ese mecanismo financiero que en su
momento dotó de recursos frescos a municipios que con sus presupuestos apenas
alcanzaban a cubrir sus nóminas. No había margen para atender el grave rezago
en materia de infraestructura.
Hay una tendencia natural -pues es lo que se vive en los hogares de los
mexicanos- a cuestionar las deudas que contraen los gobiernos, pero casi
cualquier economista -en especial aquellos de la corriente keynesiana- advertirán
que un gobierno puede endeudarse para realizar inversiones que el sector privado
no está dispuesto o no puede hacer, como carreteras, puertos y aeropuertos;
sistemas de agua y drenaje; hospitales y escuelas; infraestructura energética, o
investigación científica y tecnológica.
Si esas inversiones elevan la productividad, el crecimiento futuro genera mayores
ingresos fiscales, suficientes para pagar la deuda.
En ese enfoque, la deuda funciona como lo hace una hipoteca para una familia o
un crédito para una empresa: permite anticipar inversiones cuyos beneficios se
obtendrán durante muchos años.
Visiones más liberales sostienen que la deuda sólo se debe utilizar en casos
extraordinarios, pues tiende a desplazar la inversión privada, incrementa el pago
de intereses, puede provocar inflación y reduce el margen de maniobra de futuros
gobiernos.
Desde esa óptica, el endeudamiento sólo se justifica en situaciones como guerras,
pandemias, desastres naturales o recesiones muy profundas.
Fue durante la administración de Fidel Berrera Beltrán cuando se propuso este
mecanismo (la bursatilización) que ya antes se había aplicado en Sonora, con
Eduardo Bours. En un principio se planteó que las acciones bursátiles fueran
respaldadas con un impuesto local, el de la tenencia vehicular, pero meses más
tarde ese tributo fue eliminado y el respaldo de las acciones bursátiles se trasladó
a un porcentaje de las participaciones federales.
El operador del gobierno estatal para que los ayuntamientos ingresaran a este
mecanismo financiero fue el entonces subsecretario de Administración y Finanzas,
Javier Duarte, quien llegaba a las reuniones con los alcaldes con su doctorado en
Economía, cursado en la Universidad Complutense, de España.
Para convencer a los Cabildos (no consiguieron a todos, especialmente los
gobernados por el PAN se negaron) Javier Duarte gestionó con Fidel Herrera que
admitiera una vez más en su equipo de trabajo a Alberto Silva Ramos, quien fue
colocado en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), desde
donde se hizo el cabildeo.
Los objetivos planteados en aquel entonces eran bastante atractivos. Los
municipios requerían inversión pública que mejorara su infraestructura y -como
ahora lo pretende la gobernadora- se comprometían a aplicar ese recurso en el
fortalecimiento municipal.
Hubo, sin embargo -y eso tienen que admitirlo quienes lo operaron- mucha “mano
negra” en el trámite. En voz baja, los alcaldes se quejaban de que los obligaban a
“firmar” por la suma completa que les correspondía… pero no todo les llegaba.
También existen reportes de aquella época de que los fondos de la bursatilización
fueron aplicados para fortalecer la estructura electoral del PRI, para los procesos
de 2009 (diputados federales) y 2010 (gobernador, diputados locales y presidentes
municipales).
Ojalá las actuales autoridades municipales entiendan que esto no es un “regalo”,
sino un estímulo para generar mejores condiciones en su entorno.
Epílogo.
Apenas la semana pasada se volvieron a reunir los abogados del Bloque Sur, en
Acayucan. *** Han hecho un frente común para resolver temas que son
fundamentales en el ejercicio del derecho. Demandan acabar con la prisión
preventiva, fortalecer el esquema de juicios abreviados, que los jueces revisen, de
manera oficiosa, la prisión preventiva. *** Van a presentar denuncias contra los
jueces, fiscales o peritos, que se aparten de la legalidad o en los casos en los que
se advierta una notoria ineptitud. Exigen la modernización de los Servicios
Periciales y acabar con los “dictámenes a la carta”, para que a las víctimas
realmente se les haga justicia. *** El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa
adelantó que muy pronto se sumarán abogados de la Ciudad de México y de
Oaxaca: “estamos en pláticas para ir allá y exponer lo que estamos haciendo en el
sur del estado”. *** Y mientras tanto, abogados de prestigio se sumaron al caso
del asesinato de Rafael Rendón Martínez, por parte de elementos de la Policía
Municipal de Cosamaloapan, en hechos ocurridos el pasado 13 de julio. *** Los
habitantes de la comunidad La Carolina han realizado bloqueos en la caseta de
cobro de la de la autopista 145D La Tinaja-Cosoleacaque y exigen que se haga
justicia. *** La tarde de ese 13 de julio, policías municipales detuvieron a Rafael
Rendón y a su hijo sin razón alguna. Los esposaron y los subieron a una
camioneta donde los golpearon. En el camino a la comandancia, los uniformados
notaron que Rafael Rendón no reaccionaba, por lo que llamaron una ambulancia y
con violencia lo cambiaron de unidad. *** Poco más tarde, en el hospital, los
familiares fueron informados del fallecimiento de Rafael Rendón. Señalan también
que el alcalde Jorge Villegas Cázares ha evadido su responsabilidad y argumenta
que ya les hizo llegar un recurso para apoyarlos con los servicios
