AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Al comparecer por primera vez ante el Congreso local como titular de la Fiscalía General
del Estado (FGE), la magistrada con licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre reveló que
existen diversas denuncias en contra de notarios públicos, jueces, funcionarios y
exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad, asegurando que se investigarán a
fondo los señalamientos de actos de colusión entre todos ellos, identificados
mediáticamente como “cártel inmobiliario”.
“Se realizarán investigaciones a fondo, porque por cuanto hace a servidores y ex servidores
públicos del Registro Público de la Propiedad, corresponde a la Fiscalía Anticorrupción.
Algunas denuncias están por cuanto hace a notarios en la Fiscalía Especializada en
Investigaciones Ministeriales. Empezamos a notar que en varias de estas denuncias se
advierte una misma mecánica, es decir, que se utilizó una misma forma de actuar para
despojar a familias veracruzanas de su patrimonio”, explicó la expresidenta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, quien apenas en diciembre pasado sustituyó en la FGE a
Verónica Hernández Giadáns, la cual permaneció más de seis años en el cargo y nunca
procedió contra esta coalición delincuencial.
Jiménez Aguirre subrayó que se están deslindando responsabilidades, identificando
patrones, así como beneficiarios de estas acciones, tanto particulares como servidores
públicos y despachos de abogados postulantes, entre otros.
“Todo esto constituye un entramado que debemos ir desmenuzando porque hay denuncias
dispersas en contra de notarios, de servidores y exservidores públicos del Registro Público
de la Propiedad, también contra jueces y exjueces, de la concatenación que se haga de todas
y cada una de las carpetas, sin duda se irán deslindando responsabilidades”, garantizó la
flamante titular de la FGE, quien a pregunta expresa del diputado priista Héctor Yunes
Landa respondió que apenas está por presentar su examen de control de confianza, un
requisito que como fiscal debe cumplir por ley y tiene que validar el Centro Nacional de
Certificación y Acreditación (CNCA) del gobierno federal.
Pero, entre los casos que Hernández Giadáns le dejó en el cajón, destaca la carpeta de
investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales
que integró la ex titular Marcela Aguilera por probables actos de corrupción en contra del
ex director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de
Notarías, David Jiménez Rojas, actual subsecretario de Educación Media Superior y
Superior de la SEV, a quien se le acusó de formar parte de una red de corrupción que
operaba desde las entrañas de la dependencia de la Segob, donde a través de falsificación de
documentos se legalizaba el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan,
Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiándose a personajes poderosos
con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos.
Ahora, desde hace más de un mes, al gobierno de Rocío Nahle le estalló el escándalo del
llamado “cártel inmobiliario” que opera en Xalapa y Coatepec. En la capital veracruzana,
por ejemplo, la reportera Claudia Montero, del medio digital Alcalorpolitico.com exhibió el
caso de un burdo despojo de una vivienda de alta plusvalía valuada en 8 millones de pesos,
pero por la cual maquinaron una compraventa por ¡300 mil pesos!, ubicada en la avenida de
Paseo de las Palmas número 15, del fraccionamiento residencial xalapeño Las Ánimas,
cuyos legítimos dueños y una menor de dos años fueron sacados de su propiedad la
madrugada del viernes 21 de noviembre pasado por un grupo de abogados que llegaron
acompañados de actuarios del Poder Judicial, policías, un cerrajero y hasta con un carro de
mudanza para trasladar los muebles y demás pertenencias de la familia desahuciada.
El expediente 765/2023 que presentaron los promoventes del desalojo puso al descubierto
la corrupción, ilegalidad, falsificación de documentos, así como la presunta colusión,
complicidad y omisión de autoridades, principalmente de la Dirección General de Registro
Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, cuyo titular es
Jesús Alberto Islas Aguilera, hijo del abogado Alberto Islas, quien a finales de 2024
sustituyó en la alcaldía de Xalapa a Ricardo Ahued, cuando éste solicitó licencia para
incorporarse como secretario de Gobierno en el gabinete de Nahle.
Otro funcionario cercano a Ahued que salió “raspado” fue el director de Política Regional
de la Segob, Adolfo Toss Capistrán, al ser implicado en este caso el juez Leopoldo Toss, su
hermano, quien no sólo se deslindó mediáticamente, sino que hace una semana, el 16 de
enero, presentó formalmente una denuncia ante la Unidad Integral de Procuración de
Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, con el objetivo de que se investigue la probable
comisión de los delitos de fraude procesal, uso de documentos falsos, falsedad de
declaraciones y falsificación de documentos, derivados de este caso por el cual fue señalado
públicamente como presunto integrante del llamado “cártel inmobiliario”.
La denuncia, registrada bajo la carpeta de investigación XAL/DXI/F7/131/2026, se
relaciona precisamente con el desalojo de la vivienda ubicada en la zona de Las Ánimas, en
Xalapa, hecho por el que los propietarios del inmueble aseguran haber sido despojados de
manera ilegal y en que se menciona estuvo involucrado el juez Toss Capistrán.
En el documento de denuncia, el impartidor de justicia niega haber participado en la
diligencia de desalojo, al señalar que no era titular del Juzgado Segundo al momento en que
ésta se realizó, ya que se encontraba adscrito al Juzgado Cuarto, por lo que –sostiene– ha
sido involucrado de manera incorrecta en los hechos.
El juez Toss Capistrán afirma que su nombre ha sido utilizado sin pruebas para vincularlo a
una supuesta red de despojos inmobiliarios, lo que, asegura, ha generado afectaciones
personales y familiares, además de dañar su trayectoria de dos décadas como servidor
público, durante las cuales –afirma– no ha sido observado por irregularidades.
En la denuncia, el juzgador explica que los señalamientos sobre una presunta venta del
inmueble a un precio inferior a su valor original no corresponden a una valoración que
competa a los juzgadores, quienes actúan de buena fe al recibir documentos que, en
apariencia, cumplen con los requisitos legales. Detalla que en el caso en mención se
presentaron copias certificadas de una inscripción definitiva para acreditar la prescripción
positiva del inmueble, mismas que fueron valoradas conforme al marco legal vigente, así
como testimonios de dos personas y un contrato de compraventa que acreditaban, en ese
momento procesal, la supuesta compra/venta de la propiedad.
Habrá que ver hasta dónde se atreve a llegar la fiscal Jiménez Aguirre y si la dejan, pues en
algunos casos están involucrados altos funcionarios que se presumen “intocables” tan solo
porque valiéndose de sus actitudes cortesanas se han metido en el ánimo de la familia
gobernante, como el protagonista de la citada carpeta de investigación FIM/F8/140/2022.
