AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En comunicado emitido ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía
Regional Coatzacoalcos, informó que mantiene abierta una carpeta de investigación con
motivo de los hechos registrados en el fraccionamiento Veleros, en ese municipio sureño,
“donde una persona identificada con las iniciales G.P.Y. fue localizada sin vida por lesiones
producidas por proyectil de arma de fuego”.
Se refería al crimen de Guillermo Pamucé Yep, el coordinador regional del nuevo partido
político nacional PAZ en el sur de Veracruz, quien fue acribillado de más de diez balazos a
plena luz del día.
Según detalló la FGE, “tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, la
trilogía investigadora conformada por fiscales, peritos y policías ministeriales, se
trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, el procesamiento de la
escena y el levantamiento de indicios, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar
a quien o quienes resulten responsables.
“Como resultado de los actos de investigación realizados dentro de la indagatoria, se
recabaron datos que permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control una orden de
cateo para un inmueble ubicado en el fraccionamiento donde ocurrieron los hechos.
“Durante el cumplimiento del mandamiento el equipo multidisciplinario localizó y aseguró
diversos indicios consistentes en: bolsas que contenían sustancias con características
similares a narcóticos, básculas grameras, bolsas tipo ziploc, un inhibidor de señal, así
como armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, un objeto con características de
silenciador y otros accesorios.
“Asimismo, fueron asegurados equipo de cómputo, dispositivos de almacenamiento
electrónico, un teléfono celular, documentación y diversos objetos que serán analizados e
integrados a la carpeta de investigación para determinar su posible relación con los hechos
investigados.
“Al término de la diligencia, el inmueble quedó asegurado conforme a los protocolos
correspondientes. Durante el cateo no se registraron personas detenidas.
“Los indicios asegurados serán sometidos a los dictámenes periciales correspondientes,
mientras continúan los actos de investigación para establecer las circunstancias en que
ocurrieron los hechos, determinar las líneas de investigación e identificar a quien o quienes
pudieran resultar responsables”.
Finalmente, el comunicado concluía que “la Fiscalía General del Estado reitera que las
investigaciones continuarán con estricto apego a Derecho y al debido proceso, a fin de
esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad”.
Sin embargo, en cuanto se difundió este boletín de la FGE, de inmediato el dirigente estatal
de PAZ, Gonzalo Guízar Valladares, respondió con otro comunicado cuyo encabezado
reza: “El PAZ rechaza la criminalización de Guillermo Pamucé Yep y exige que se
investigue a sus asesinos, no a la víctima”.
Y expuso que “a menos de 18 horas del asesinato de nuestro compañero Guillermo Pamucé
Yep, y sin que exista un solo detenido ni una línea de investigación conocida sobre los
autores, lo primero que se hizo público no fue quién lo mató, sino una lista de objetos
supuestamente asegurados en su domicilio.”
“En el partido PAZ conocemos este guión porque en Veracruz se ha repetido demasiadas
veces: Primero se estigmatiza a la víctima y después se archiva el caso como un ‘ajuste de
cuentas’. ¡No lo vamos a permitir!”, afirmó.
Guízar Valladares demandó que se hagan públicas la orden de cateo y el acta de la
diligencia; que las autoridades se abstengan de difundir información que prejuzgue a la
víctima mientras no haya resultados periciales; que la investigación se centre en los autores
materiales e intelectuales del asesinato, y que se proteja y acompañe a la familia de
Pamucé.
Además, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, por la
presencia de materia federal y porque se trata de un actor político en pleno proceso
electoral federal. “Así –expuso– se garantiza que ningún interés local contamine la
investigación”.
El posicionamiento del dirigente estatal de PAZ ha hecho crecer la expectación sobre el
móvil del homicidio del “Chino” Yep: si acaso tendría que ver con las amenazas de un
grupo criminal que a finales de enero de este año le quemó la palapa del Centro Botanero
“El Calamar” porque presuntamente se habría negado a pagarle el llamado “derecho de
piso”, o si su muerte tendría un cariz político por el proceso electoral que culminará con las
votaciones de junio de 2027, lo que a varios analistas les genera dudas ya que en Veracruz
sólo se elegirán diputados locales y federales, comicios en los que tradicionalmente se da
un alto abstencionismo debido al poco interés que despiertan en el electorado veracruzano.
No es el caso de las elecciones de alcaldes o de gobernador, por las que Veracruz ha
encabezado nacionalmente los más altos índices de violencia política.
En los comicios de 2020-2021, por ejemplo, la consultora Etellekt registró 910 agresiones
contra políticos y candidatos, con un saldo de 860 víctimas de diversos delitos como
amenazas, homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad, ataques contra
colaboradores y daño a la propiedad, entre otros, lo que representó un aumento de 17.5% de
las agresiones a políticos a nivel nacional respecto a los 774 ataques registrados durante
todo el proceso electoral de 2017-2018.
Los ataques ocurrieron en las 32 entidades del país, a lo largo de 525 municipios. Hasta
antes de la jornada electoral del domingo 6 de junio, fueron asesinados 91 políticos, de los
cuales 22 eran aspirantes y 14 candidatos con registro. Veracruz fue la entidad líder en
agresiones a políticos contabilizadas desde el 7 de septiembre de 2020 hasta el 5 de junio de
- Según Etellekt, 132 agresiones se dieron contra políticos veracruzanos, seguido de 78
casos de Oaxaca; 76 de Puebla; 69 del Estado de México; 53 de Guerrero y 47 de San Luis
Potosí.
En el proceso electoral de 2024, el informe “Votar entre balas: Entendiendo la violencia
político-criminal en México”, elaborado por DataCívica y México Evalúa, reportó 40
eventos de violencia política-electoral en Veracruz.
En comparación con otras entidades, el informe señala que Guerrero fue el estado con más
casos de violencia, con 76 eventos identificados. Le siguieron Guanajuato (69), Puebla
(68), Chiapas (65), Michoacán (46) y Morelos (41).
Y en el proceso electoral de 2025, de acuerdo con el reporte de la empresa de consultoría y
análisis político Integralia, la violencia política en México se concentró en el centro y sur
del país. Veracruz, donde sólo se eligieron Ayuntamientos, encabezó con 81 casos el Top
de 10 entidades con más incidentes de violencia política registrados en el semestre
enero–junio de ese año; le siguieron Guerrero con 24; Morelos con 21; Oaxaca con 20;
Puebla con 19; Baja California y Guanajuato con 10 cada uno; la Ciudad de México y
Estado de México con 9, respectivamente, y Jalisco con 6.
Según la consultora que dirige el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis
Carlos Ugalde, los estados de Guerrero, Morelos y Oaxaca, a pesar de que no tuvieron
comicios, mantuvieron niveles altos de violencia, atribuidos las disputas de varias
organizaciones delictivas que pelean por su control.
Apuntó que la violencia política se concentró en 174 municipios, lo que representa 7% del
total del país. El Puerto de Veracruz registró 11 casos; la alcaldía Cuauhtémoc, de la
Ciudad de México, 7; Cuernavaca, Huitzilac y Puebla con 6 cada uno, entre otros.
El informe de Integralia resaltó que la violencia política es causa y consecuencia de un
proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las
organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o
restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.
Detalló que la inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad
económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de
operación.
El análisis indicó que la violencia fue más intensa a nivel municipal: la mayoría de las
víctimas, 79 por ciento, fueron figuras políticas, funcionarios, ex funcionarios o aspirantes a
algún cargo a nivel municipal. Las organizaciones criminales priorizan el control municipal
debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y
mercados.
