AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
A pesar de ser cuestionada por los vínculos de una prima hermana con un líder criminal del
sur del estado, y de no tener experiencia en el ejercicio del derecho penal, pues solo había
llevado litigios administrativos y trámites notariales, Verónica Hernández Giadáns –que
según sus amigos cercanos se caracteriza por su talante autoritario y carácter explosivo– fue
impuesta desde septiembre de 2019 por su jefe político, el entonces secretario de Gobierno,
Eric Cisneros, en la Fiscalía General del Estado (FGE) tras operar en el Congreso local, con
mayoría simple de diputados de la 4T (Morena, PVEM y PT), la separación temporal del
fiscal Jorge Winckler Ortiz, un abogado incondicional del ex gobernador panista Miguel
Ángel Yunes Linares que no cumplía con la certificación que la Constitución federal exige
desde 2008 a los funcionarios de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Hernández Giadáns ha tenido fuertes diferencias con la presidenta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez – amiga cercana, por cierto, del ex
fiscal yunista actualmente en prisión–, la cual, tan solo entre febrero y noviembre de este
año, le ha dirigido media docena de recomendaciones que la fiscal cuitlahuista ha
rechazado, por lo que la Comisión Nacional (CNDH), que preside Rosario Piedra Ibarra, ha
“instado” a la fiscal veracruzana a aceptarlas pero ésta sigue sin acatarlas.
Ayer, 25 de noviembre, la CNDH emitió casualmente el comunicado DGDDH/231/2025 en
el que informa que “solicitó, a través de su Recomendación 131/2025, a la Fiscalía General
del Estado de Veracruz (FGE) aceptar y cumplir cabalmente una resolución similar, emitida
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de esa entidad, por violaciones a
los derechos humanos de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración, a la verdad y
a ser buscado”.
Refirió que “una víctima presentó, el 12 de diciembre de 2024, ante esta CNDH un escrito
de inconformidad en el que expresó su desacuerdo con la negativa de la Fiscalía estatal de
aceptar una Recomendación (099/2024) emitida por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos ante la omisión de investigar, con la debida diligencia, la desaparición una
persona.
“El caso hizo que este Organismo Nacional analizara la información proporcionada por la
Fiscalía de Veracruz en la que se advirtió una notoria discrepancia entre lo manifestado por
las personas servidoras públicas de esa dependencia, respecto del trámite de la Carpeta de
Investigación y lo documentado por la Comisión Estatal en lo que corresponde a la debida
diligencia.
“Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la persona Titular de
esta Fiscalía instruir que se acepte, en todos sus términos, la Recomendación 099/2024
emitida por la CEDH, en un plazo de 15 días hábiles y asumir el compromiso de
cumplimiento a los puntos recomendatorios señalados en el citado documento.”
Y advirtió que “si persiste la negativa, la CNDH remitirá copia de su Recomendación a la
Comisión de Derechos Humanos estatal para que, bajo sus atribuciones, requiera al
Congreso de Veracruz la comparecencia de la persona titular de la Fiscalía ante dicho
órgano legislativo”.
Además, expuso que “también deberá emitir una circular, en el plazo de dos meses, al
personal de la FGE, a fin de que cumpla en tiempo y forma la Recomendación 099/2024 y
colaborar en todo momento con la Comisión Estatal en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos Dirección General de Difusión de los Derechos Humanos atención de
instrumentos similares emitidos a esa dependencia, con el objetivo de garantizar a las
personas víctimas su derecho a la reparación integral del daño”.
La Recomendación 131/2025 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede
consultarse en el sitio www.cndh.org.mx, se asienta en el comunicado de la Comisión
Nacional.
En dicha Recomendación, la CNDH señaló que “la desaparición de personas es: (…) un
fenómeno que continúa ocurriendo, e incluso aumentando en varias regiones del país, lo
que se traduce como el incumplimiento del fin último de la gestión gubernamental, que es
la convivencia pacífica y la seguridad pública, (…) reflejando, además, en muchos casos,
dilación y falta de interés para resolver tal problemática que lacera a la sociedad en general,
lo cual constituye una violación a los derechos humanos (…).
Consignó que “este Organismo Nacional ha observado con preocupación, desde hace varios
años, la problemática existente en el estado de Veracruz sobre desaparición de personas y,
desde luego, en materia de desaparición forzada, motivada entre otras causas, por la falta de
implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la
conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con
crimen organizado, lo que se traduce en violaciones graves a derechos humanos por el
impacto que genera en las víctimas, sus familiares, directos y la sociedad en general.”
Y puntualizó que, “no obstante, no solo es evidente la falta de colaboración por parte de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) para tratar de remediar y reconocer la
falta de debida diligencia y omisiones cometidas por los agentes del Ministerio Público en
las investigaciones por desapariciones que ha documentado la Comisión Estatal; si no
también resulta un patrón recurrente la negativa sistemática a no aceptar las
Recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
(CEDHV)”.
Entre las Recomendaciones que la Comisión Nacional emitió tan solo en los últimos tres
años sobre los Recursos de Impugnación que presentaron diversas personas víctimas ante la
No Aceptación por parte de la FGEV a las Recomendaciones que emitió la Comisión
Estatal, destacó las Recomendaciones 126/2025, 125/2025, 124/2025, 123/2025 y
122/202514, situación que, apuntó, “deja de manifiesto que la FGEV recurrentemente no
acepta los pronunciamientos de dicho Organismo Local, vulnerando con ello, los derechos
de las personas víctimas, limitando su acceso a una real reparación integral del daño.”
Con este “empujón” de la CNDH, el Congreso local y la gobernadora Rocío Nahle tienen la
oportunidad no sólo de cambiar a la actual titular de la Fiscalía General del Estado por
alguien igual o peor, sino de promover a otros experimentados juristas que combatan la
corrupción y demás vicios tan arraigados que siguen obstruyendo la expedita e imparcial
procuración de justicia a la que deberían tener acceso todos los veracruzanos, sin distinción
ni retraso.
