AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Los legítimos propietarios de terrenos e inmuebles que han sido despojados por una
intrincada red de abogados corruptos coludidos con funcionarios estatales y municipales,
notarios públicos así como con jueces y fiscales del Tribunal Superior de Justicia y de la
Fiscalía General del Estado siguen percibiendo con preocupación que, a pesar de la
atención que han prestado a sus denuncias la gobernadora Rocío Nahle y su secretario de
Gobierno, Ricardo Ahued, los juicios civiles y los procesos penales no avanzan con la
celeridad que esperaban no obstante la contundente legalidad de los testimonios y pruebas
documentales que han presentado para su pronta y favorable resolución.
El caso que acaba de exhibir Francisco Javier Carrión Cuéllar, legítimo dueño del predio
“María Sánchez”, con superficie de 17 mil 988 metros cuadrados, ubicado en la esquina
Noreste que forman las calles Riva Palacio e Ignacio López Rayón, en el vecino municipio
de Coatepec, pone al descubierto de qué tamaño es este fraudulento negocio para sus
ilegales posesionarios.
Dicho terreno, que le fue heredado a Carrión Cuéllar por su madre –según consta en el
testamento inscrito por el fedatario Carlos Prieto Aceves, titular de la Notaría Pública
número 40 de la Ciudad de México–, cuenta con canchas de futbol soccer que son
arrendadas a equipos regionales y que, además, generan jugosas ganancias por consumo de
comida y bebidas de los centenares de aficionados que acuden a ver cada partido. Se estima
que los posesionarios de este predio, nada más por este negocio, perciben alrededor de 250
mil pesos mensuales como mínimo. Sin embargo, también arrendan el predio para todo tipo
de fiestas que regularmente terminan de madrugada, lo que ha provocado la protesta de los
vecinos por los escándalos de los asistentes que no sólo consumen alcohol sino
presuntamente drogas también. Y, por si fuera poco, le sacan raja como estacionamiento ya
que colinda con el recinto donde el Ayuntamiento de Coatepec organiza cada año la
concurrida Feria del Café.
El caso del predio “María Sánchez” se viene a sumar a otros que fueron encubiertos por la
anterior administración del exalcalde Raymundo Andrade Rivera, un protegido de Eric
Cisneros Burgos, quien ejerció un inmenso poder como secretario de Gobierno en el
sexenio del exgobernador Cuitláhuac García.
Cisneros, quien tiene familiares muy cercanos en el negocio inmobiliario, inclusive
construyó una inmensa mansión en un fraccionamiento residencial de Coatepec, donde
llegó a radicar desde la sucesión de 2018, procedente de Baja California Sur, entidad a la
que sus padres lo llevaron a vivir en su adolescencia al salir de Otatitlán, un pequeño
municipio ubicado a orillas del río Papaloapan.
Por eso no es casual que en este despojo inmobiliario estén implicados personajes como
José Luis Monge Aldana, quien con la complicidad del exalcalde morenista Raymundo
Andrade pretende adueñarse del predio.
Carrión Cuéllar, el legítimo propietario, comenta que el operador de este fraude fue Edson
Tejeda Corona, quien fue regidor con el exalcalde Andrade Rivera. Edson está casado con
Elisa Monge, sobrina de José Luis Monge, quien explota el predio para actividades
recreativas y las escandalosas fiestas de “luz y sonido”.
A este cártel inmobiliario implican también a René Ortiz Sartorius, un juez del Tribunal
Superior de Justicia del Estado que Cisneros Burgos controlaba desde la Secretaría de
Gobierno.
“Tengo la documentación, evidencia, que hay una colusión del juez René Ortiz Sartorius
para bloquear la justicia, se ha dado usurpación de funciones de la auxiliar administrativa,
porque no tiene facultades para negar audiencias de fondo; ella sólo puede dar fechas de
cuándo se haría, porque ella sólo firma y Sartorius confirma, cuando yo solicito la
recusación del juez por estar claramente apoyando a los Monge y ser imparcial en el
juicio”, dice Carrión, quien puntualiza que el juez “responde que él no negó las audiencias
sino que la negó su auxiliar administrativa y él reitera que lo hace con sus facultades de
acuerdo al artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica, pero si revisamos esa ley claramente no
tiene facultades. Entonces, el mismo juez está incurriendo en la falta de no actuar y eso
claramente es muy sospechoso porque está bloqueando a la justicia y negando, dos veces, la
audiencia.”
La denuncia contra José Luis Monge Aldana y familia viene desde el año 2022, pero hasta
ahora la justicia no ha podido llegar. Asegura que tiene la documentación y la evidencia de
que hay una colusión del juez Ortiz Sartorius y de su auxiliar administrativa para bloquear
la justicia. “Se ha dado usurpación de funciones de la auxiliar administrativa, porque no
tiene facultades para negar audiencias de fondo; ella sólo puede dar fechas de cuándo se
haría, porque ella sólo firma y Sartorius confirma cuando yo solicito la recusación del juez
por estar claramente apoyando a los Monge y ser imparcial en el juicio”, dice.
“Él responde que no negó las audiencias, sino que la negó su auxiliar administrativa, y él
reitera que lo hace con sus facultades de acuerdo al artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica, y si
revisamos esa ley claramente no tiene facultades. Entonces, el mismo juez está incurriendo
en la falta de no actuar y eso claramente es muy sospechoso porque está bloqueando a la
justicia y negando, dos veces, la audiencia”.
Refiere que el jueves de la semana anterior la volvió a solicitar. “Primero la solicitó mi
asesor legal, luego lo solicitó la persona que tiene la posesión derivada y yo como víctima,
en apego al artículo 111 del Código Nacional que dice que es un derecho personalísimo, y
la Constitución en el Artículo 20 dice que las medidas cautelares y de protección a los
individuos son de manera individual. Entonces el jueves la volví a presentar y pido,
firmemente y enérgicamente al Tribunal Superior de Justicia que la Sala Primera, antes de
salgan en 15 días de vacaciones, dé la audiencia y, además, que dé favorablemente la
restitución”.
Explica que lo fundamenta claramente en una toca emitida por el Tribunal Superior de
Justicia. “Ellos, en su análisis, dice que hay más de 27 pruebas en donde yo tengo la
posesión y Blanca Vanesa González Olmos la posesión derivada”, puntualiza.
“También los Magistrados, claramente en su resolución, dicen que se superó por mucho lo
que se necesitaba para vinculación a proceso que eliminó el juez Sartorius, justificando en
que, absurdamente, porque viola el Código Penal, porque ese era un asunto civil, y que se
tenía que dirimir de otra manera. Y luego, también dice que no se da el despojo porque
nada más despojaron 17 mil 600 metros y que no sacaron a la persona que vivía ahí, de su
hogar, y con eso justifica supuestamente que no hay despojo, lo cual es totalmente
violatorio porque es un solo predio, tiene una sola toma de agua”, detalla.
“A Blanca Vanesa –como están las denuncias, que tampoco tomó en ninguna consideración
el juez: amenazas, armas de fuego, corretearon con machete a la familia para sacarlos de
ahí– le han destruido su parte exterior de la casa para amedrentarla y amenazarla para que
se retiren. Todo eso no lo consideró de ninguna manera el juez. Sólo se fue a que esto era
civil y lo cual es violatorio porque el artículo que corresponde para los delitos de despojo
dice perfectamente que el despojo se da aun cuando la propiedad esté en disputa”.
Carrión Cuéllar está pidiendo que la Fiscalía ya judicialice la carpeta de investigación.
“Hay falsedad de declaraciones de los Monge ante el Juez. Hay fraude procesal, falsedad de
declaraciones, manipulación de documentos para engañar a una autoridad judicial”, afirma
mostrando el legítimo testamento de su madre.
“Aquí está todo el tracto sucesivo que demuestra que el Cartel Inmobiliario está operando
para despojar a personas con legítimas propiedad de sus predios. Entonces, insisto, tengo
denunciada en la Contraloría del Tribunal de Justicia a la licenciada Quetzalli Cárdenas
Argüelles por negar las audiencias sin facultades, en obstrucción de la justicia, abuso de
autoridad y usurpación de funciones. Ella es Auxiliar administrativa de la Sala penal
número 1 de Coatepec”.
E insiste en que “ya quedó plenamente acreditada la posesión legítima y de buena fe del
predio por las víctimas desde el 2006; la ocupación ilegal por los imputados desde el 17 de
junio de 2018; la colocación de postes y malla ciclónica los días 7 y 11 de enero del año
2022, y la identidad del inmueble mediante dictamen pericial”.
“Tenemos documentado el saqueo del inmueble clausurado el 21 de enero del 2026; el 24
de febrero tenemos violación con acompañamiento de policía municipal de los sellos; luego
tenemos trabajos no autorizados dentro del predio clausurado, el 1 de marzo de 2026”.
Exonera a la actual administración municipal que preside el también morenista Jorge
Ignacio “Nacho” Luna Hernández, al cual le ha pedido intervenir. Sin embargo, refiere que
lo que le dicen los departamentos Jurídico y de Comercio del Ayuntamiento es que los
antecesores “se llevaron todo el expediente”. No obstante, aclara que toda esa
documentación la tienen en su poder tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
