Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
La gobernadora Rocío Nahle fue muy clara y precisa en su conferencia de prensa del
lunes 7: “He dado plazo a Leonardo Cornejo, porque estaban en licitaciones. Le dije: el 9
de julio quiero que suelten todos los fallos ya. Ya fue mucho tiempo y necesito que
empiecen las maquinarias a trabajar”. Habló de fallos, que la Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas (SIOP) liberara, ya, los de las licitaciones relacionados con la
infraestructura carretera del estado.
Ayer comenté que Cornejo falló, incumplió la orden y dejó mal a su jefa. Deslicé que
empresarios constructores me dijeron que en una reunión con ella les dijo que no hay
recursos para obras porque están pagando adeudos de sus antecesores a la Federación,
un argumento o pretexto que nadie antes de ella había usado.
Ahora resulta que, por fin, la SIOP publicó en la Gaceta Oficial del Estado las primeras
tres (apenas las primeras, a mediados de año ya) licitaciones públicas para la realización
de igual número de obras, aunque de menor cuantía, con la condición de que sean para
empresas veracruzanas, según una nota de la reportera Ángeles González.
Una obra será el camino Motzorongo-Tezonapa, de apenas 4.5 kilómetros, otra, la
rehabilitación de la presa Michapan, en el municipio de Acayucan, y la tercera, la
construcción de una obra integral del Centro de Atención Múltiple, de Tepetzintla. Nada
que ver con alguna carretera de importancia. De todos modos, en lo que se tienen los
fallos y se da el anticipo de rigor, pasará otro tiempo para iniciar los trabajos.
Cornejo se está viendo muy chiquito para un estado tan grande y de tanta importancia. Lo
que por fin hizo fue como para tratar de taparle el ojo al macho. Los vacacionistas del
estado y los que se arriesguen a venir de fuera tendrán que hacer verdaderos malabares
para llegar con sus vehículos en buen estado a sus destinos.
¿El Gobierno ya está sin dinero?
El anuncio ayer por parte de la gobernadora de un nuevo reemplacamiento para 2026
(que le costará a los dueños de vehículos) y la toma de la Escuela Normal Veracruzana
por parte de docentes en protesta porque la Secretaría de Educación de Veracruz no les
paga un estímulo al desempeño docente, alimentaron las versiones de que el Gobierno
del estado está ya sin recursos cuando apenas corre la mitad del año.
En el caso de la SEV, llama la atención el incumplimiento porque el recurso es de una
partida federal que se distribuye a los estados cada dos años y que puede pagarse a los
docentes hasta en cuatro exhibiciones. La vocera de los inconformes, Sandra Verónica
Melo Rodríguez, informó que desde hace dos meses cumplieron con todos los requisitos,
pero no les pagan.
Por lo que hace al reemplacamiento, extraña que se haga de nuevo cuando apenas hace
tres años el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez realizó el último y más reciente, por lo
que tuvo un ingreso de varios miles de millones de pesos. Ayer no se dijo cuánto le
costará a los dueños de unidades hacerlo de nuevo, pero no se anunció que será gratis.
Cuando como secretaria de Energía la hoy gobernadora Rocío Nahle estuvo al frente de
la construcción de la refinería de Dos Bocas, en diversas ocasiones se publicó en
columnas de medios de la CDMX que llegó a enfrentarse con el entonces titular de
Pemex, Octavio Romero, pero sobre todo con el entonces secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O, porque cuando se le acababa el dinero pedía más y más y
aunque le cerraban la llave en Hacienda, el entonces presidente López Obrador ordenaba
lo contrario. En mayo de 2022, el columnista Darío Celis (información que retomó
entonces y comentó mi compañero Raymundo Jiménez) informó que Ramírez de la O le
había puesto un tope y calificado la refinería como una obra “redimensionada”.
Pero la administración estatal no funciona así. Veracruz depende en 95 por ciento del
presupuesto federal. Cada año la Cámara de Diputados autoriza para el estado una
partida única, que incluso ya viene etiquetada, pero en ningún caso el monto se puede
estar aumentando ni se autorizan partidas adicionales.
El reemplacamiento anuncia que se reestructurará de nuevo la deuda pública
El anuncio del reemplacamiento el próximo año alertó ayer a los especialistas en finanzas
que lo vieron como el anticipo de que el gobierno nahalista está urgido de recursos por lo
que reestructurará de nuevo la deuda pública y lo único que tiene para dejar en garantía
serán los ingresos por el reemplacamiento, que dejará entre 3 y 4 mil millones de pesos.
Su estimado lo basan en que en su momento los gobernadores Fidel Herrera Beltrán,
Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares reestructuraron también la deuda
para obtener recursos y garantizaron el pago con dinero del reemplacamiento de
vehículos. Consideran que festivales como el de salsa y bolero son pan y circo para
desviar la atención.
Tema estadio, tampoco llaman a los constructores para que respondan
A constructores, empresarios y especialistas en finanzas llama la atención que si no
llaman al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez y a funcionarios de su gobierno para
que respondan por la mala construcción del estadio de futbol Luis “Pirata” Fuente,
tampoco mandan a traer a los constructores que hicieron mal el trabajo para que reparen
las fallas, ni les advierten que si no lo hacen les harán efectiva la “fianza de vicios” que
debieron haber depositado para garantizar la reparación de cualquier defecto.
Se preguntan qué protegen o a quiénes protegen, pero, además, advierten un total
desconocimiento de los pasos legales para proceder, si es que quieren entrar al rescate,
pues señalan que la gobernadora no puede anunciar nada más porque sí que se
corregirán las “fallas de diseño”, para lo cual se gastarían 37 millones de pesos más, pues
esa cantidad no está contemplada ni autorizada en el presupuesto de este año, por lo que
tendrían que pedir al Congreso local que les autorice una partida extra, si es que se
justifica. Pero no ven que haya justificación pues no hay equipo de futbol profesional ni
torneo oficial en puerta, por lo que la reparación podría esperar y el recurso destinarlo a
obras o servicios prioritarios.
Quiénes son los empresarios responsables
Ayer, un empresario interesado en el tema me comentó que una empresa cuyo fuerte es
ofrecer servicios de seguridad privada en todo el país, de un joven de apellido Anitúa
Valdovinos, emparentado con la influyente familia de los Ruiz en Veracruz, fue la que llevó
la batuta de la construcción. Según él, la constructora y su personal no tenían experiencia
y no se explica por qué les dieron la obra.
El 26 de febrero de 2023, la reportera Flavia Morales, especializada en temas de
investigación, de la agencia AVC, publicó que el 23 de diciembre de 2022 el Instituto de
Espacios Educativos había licitado la obra y que la había ganado la empresa Pegsa
Construcciones, ubicada en el puerto de Veracruz, que tenía como socios iniciales a
Francisco Javier León Uscanga, José Gallegos Ruiz y Sonia Victoria Gómez Jiménez,
aunque cuatro días después modificaron el acta constitutiva para sumar como
apoderados legales a Francisco Javier Ochoa Peral y Omar de Jesús Anitúa Valdovinos.
Consignó la reportera que Ochoa Peral era socio también de las empresas Sepiver SA de
CV y Cieg SA de CV, mientras que Anitúa tenía a su nombre otras cuatro empresas de
arquitectura y transporte en Veracruz y Boca del Río. Extraña por qué no los tocan.
Manuel Huerta en contra del cobro por placas
De vuelta a la escena pública luego de su viaje a Colombia, el senador Manuel Huerta
pidió ayer que se analice bien el reemplacamiento anunciado. Declaró a XEU Noticias que
la administración estatal debe procurar que las finanzas públicas se “nutran” pero no a
partir de endeudar, de vender la soberanía y “mucho menos, de cargarle la mano al
pueblo con impuestos y derechos”.
Recordó que cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal,
emitió placas gratuitas a los ciudadanos y además se las entregó en sus propios
domicilios.
Dijo que si la gobernadora Rocío Nahle pretende recaudar, eso va en contra del espíritu
de la causa de su movimiento, “no podemos acrecentar los ingresos del Gobierno con el
cobro de derechos o nuevos impuestos”.
