Por Miguel Ángel Cristiani G
Y cuando el aroma se filtra desde los ductos de la política hasta las páginas de la auditoría,
conviene encender las alarmas. No por paranoia, sino por experiencia. La columna Templo
Mayor de Reforma puso el dedo en una llaga que en Veracruz nunca terminó de cerrar: el
nombre de Cuitláhuac García Jiménez vuelve a aparecer donde más incomoda, entre
responsabilidades técnicas no asumidas y cuentas públicas que no cuadran.
El primer frente es coyuntural, pero delicado. Como director del Centro Nacional de
Control del Gas Natural (CENAGAS), García Jiménez tiene bajo su responsabilidad una
infraestructura estratégica para el país. La megatormenta de nieve que azota el centro y el
este de Estados Unidos no es un fenómeno menor ni inesperado. Ya ocurrió en 2021, con
consecuencias graves: cortes de suministro, alzas de precios y vulnerabilidad energética
para México. La pregunta es obligada: ¿se tomaron las previsiones necesarias o se volvió a
apostar a la improvisación?
En materia energética, la omisión también es una forma de negligencia. CENAGAS no es
un cargo decorativo ni una recompensa política. Es un puesto técnico, de alta
responsabilidad, donde la planeación y la anticipación no son virtudes opcionales, sino
obligaciones. Si el gas falla, no solo se apagan industrias y hogares; se exhibe la fragilidad
de un Estado que sigue confundiendo lealtad política con capacidad operativa.
Pero si el primer motivo de preocupación es preventivo, el segundo es estructural y mucho
más grave. Las cuentas de la gestión de Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz
siguen oliendo a gas. Y no precisamente al natural, sino al de la corrupción mal ventilada.
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó irregularidades de varios dígitos en el
ejercicio del gasto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). No se trata
de errores administrativos menores ni de tecnicismos contables: se habla de posibles
desfalcos que inevitablemente salpican al entonces titular del Ejecutivo estatal.
Aquí conviene separar hechos de discursos. Durante el sexenio de García Jiménez se
construyó una narrativa de austeridad, honestidad y combate frontal a la corrupción. Sin
embargo, las auditorías —esas ingratas enemigas del relato— cuentan otra historia. Obras
infladas, contratos opacos, pagos sin sustento y proyectos inconclusos. La SIOP, pieza
clave del gasto público, se convirtió en un foco rojo permanente. Y cuando el desorden es
sistemático, la responsabilidad no se diluye: se concentra.
El argumento recurrente de “yo no sabía” ya no alcanza. Un gobernador no administra la
ignorancia, administra el poder. Y el poder implica control, supervisión y rendición de
cuentas. Si hubo desfalco, hubo omisión. Si hubo omisión, hubo responsabilidad política.
Así de simple. Así de incómodo.
El problema no es solo legal; es ético y político. Veracruz arrastra una historia reciente
marcada por el saqueo, la impunidad y el cinismo institucional. La sociedad veracruzana
fue golpeada por un sexenio de corrupción brutal y luego seducida por la promesa de un
cambio que terminó diluyéndose entre incompetencia y opacidad. Hoy, cuando los órganos
fiscalizadores vuelven a encender focos de alerta, el mensaje es devastador: el péndulo no
cambió de fondo, solo de discurso.
Y mientras tanto, el protagonista se mueve de cargo en cargo, del gobierno estatal a una
posición estratégica en el sector energético nacional, sin que las cuentas pendientes se
aclaren ni se salden. La política mexicana tiene esa extraña habilidad para premiar la falta
de resultados con nuevos encargos. No es casualidad; es sistema.
La referencia irónica de Templo Mayor no es gratuita. “¡El gaaas!” resume en una
expresión lo que muchos piensan y pocos dicen: que el problema no es el fenómeno
climático ni la tormenta en Estados Unidos, sino la tormenta de irregularidades que sigue
persiguiendo a ciertos personajes públicos. El gas, cuando no se controla, explota. Y
cuando se oculta, asfixia.
La responsabilidad cívica exige algo más que sarcasmo. Exige respuestas claras,
investigaciones a fondo y consecuencias reales. No para vengar, sino para sanar. No para
exhibir, sino para corregir. Veracruz —y México— no pueden darse el lujo de normalizar
la sospecha permanente.
Porque cuando un funcionario huele a gas en dos frentes —el técnico y el
financiero—, el verdadero riesgo no es el corte de suministro, sino la explosión de la
impunidad.
