ALPIE21ABRIL2025
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Desde el sábado 5 de este mes, en una acción coordinada para fortalecer la rendición de
cuentas en el proceso electoral del próximo 1º de junio del Poder Judicial, los Comités de
Participación Ciudadana (CPC) de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción
lanzaron una iniciativa para que los candidatos a cargos de ministros, jueces y magistrados
presentaran su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como “3 de 3”.
El grupo de trabajo conformado por estos organismos y la organización civil Transparencia
Mexicana anunció en esa fecha que, en una primera etapa, invitarían a los 38 aspirantes al
Tribunal de Disciplina Judicial –nuevo órgano anticorrupción del Poder Judicial– a
presentar y publicar sus declaraciones. El objetivo, según puntualizaron, es que la
ciudadanía cuente con información verificable sobre el patrimonio, intereses y
cumplimiento fiscal de quienes buscan ocupar estos puestos.
En un comunicado conjunto, los CPC señalaron que el proceso electoral judicial del
próximo 1º de junio es uno de los más complejos y relevantes en la historia democrática del
país. Por ello, remarcaron que es fundamental que las y los electores tengan acceso a
información clara y veraz, y no sólo propaganda.
Dos días después, el lunes 7 de abril, dieron a conocer los formatos de las declaraciones 3
de 3 para su adopción por parte de las candidaturas.
La 3 de 3, impulsada desde 2015 por la sociedad civil, se convirtió en obligación legal para
servidores públicos en 2016 gracias al respaldo de más de 634 mil ciudadanas y
ciudadanos. Sin embargo, aún no es requisito obligatorio para candidatos a cargos de
elección, situación que precisamente esta iniciativa busca cambiar en la práctica, ya que el
acceso a esta información permite a la ciudadanía conocer mejor a quienes aspiran a
impartir justicia. “No es sólo un ejercicio de transparencia, es una garantía de integridad en
quienes deben proteger los derechos de la población frente a los abusos del poder”,
concluyeron los integrantes del grupo de trabajo.
Hace cuatro días, el Comité de Participación Ciudadana del SNA confirmó a los diarios La
Jornada y Milenio que hasta el momento no habían recibido respuesta favorable de ninguna
de las 38 candidaturas que disputarán los cinco lugares en el Tribunal de Disciplina
Judicial, pese a la convocatoria pública que desde hace dos semanas se hizo junto con el
apoyo de la organización Transparencia Mexicana.
Ante la falta de respuesta, a finales de la semana pasada la presidenta del SNA, Vania Pérez
Morales, envió un correo directo a cada uno de los candidatos para reiterarles la invitación
de que transparenten esta petición, pero nadie ha respondido. Una de las aspirantes que ha
evadido responder es la magistrada veracruzana Denisse Uribe Obregón, quien ha generado
suspicacias precisamente porque ha desplegado una costosa campaña por todo el país y
medios de comunicación que obviamente implica gastos de boletos de avión, hospedaje,
comidas y traslado vehicular, entre otros. Ayer, por ejemplo, difundió la primera parte de
una entrevista que le hizo el famoso periodista Alejandro Cacho para el canal de televisión
de El Heraldo de México. Ahí presumió que cuenta con “estudios doctorales en derecho
público y en anticorrupción en sistema de justicia”, reconoció que no solicitó licencia para
separarse del cargo, sino que es “magistrada en funciones” del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Veracruz y que paradójicamente se ha dedicado “en los últimos tres años a
investigar el fenómeno de la corrupción”, pero “particularmente en el Poder Judicial de la
Federación”.
Inclusive, para posicionar su imagen personal y nombre, tramposamente mandó a imprimir
e instalar en Xalapa anuncios espectaculares “invitando” a leer “18 páginas de su libro al
día”.
Ello, obviamente, ha motivado que quienes la conocen desde su militancia en el PRI, ahora
se pregunten si será verdad que Uribe Obregón, quien el sexenio pasado terminó
traicionando a su ex protector, el ex senador y actual diputado local priista Héctor Yunes
Landa, ahora es impulsada por el ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su primo
Eleazar Guerrero Pérez, el diputado federal plurinominal de Morena y líder de la asociación
política “Unidos Todos” que salió inmensa e inexplicablemente rico de la Subsecretaría de
Administración y Finanzas de la Sefiplan.
Y es que otros aspirantes a ministros, magistrados y jueces federales se quejan de las
restricciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) que les limita hacer
campaña sólo con recursos propios, utilizando redes sociales, medios de comunicación y
propaganda en papel biodegradable, situación que les dificulta la promoción de sus
propuestas, ya que al no poder hacer actos públicos masivos ni tener recursos económicos
suficientes para recorrer colonias y en algunos casos entidades, ven limitadas las
posibilidades de darse a conocer.
Por ejemplo, Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), declaró a la reportera Lilian Hernández Osorio, de La
Jornada, que la promoción ha tenido muchas limitantes; el proceso es bastante restrictivo,
dijo, y eso limita hacer una campaña para que más se interesen en el tema. “Hace falta que
los candidatos expliquen mejor en qué consiste la elección y por qué es importante los
ciudadanos participen, pues por primera vez tienen la posibilidad de elegir a quienes
imparten justicia”, añadió la abogada litigante y consultora que es directora general de
Asuntos Electorales de Grupo Televisa.
Por su parte, Mónica Arcelia Güicho González, también candidata a ministra de la Corte,
cuyo último cargo fue el de magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
manifestó igualmente al diario capitalino que estas tres semanas de campaña han sido
intensas, y “hacerlas con recursos propios representa una limitante, pero lo que más
restringe nuestras posibilidades de difusión es no poder contratar espacios en medios y
pautar en redes sociales”.
Esta combinación, apuntó la egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, los lleva
a ser más creativos y a confiar en el poder del contacto directo; sin embargo, dijo también
que abre la reflexión sobre la necesidad de construir condiciones más equitativas para
quienes, desde la independencia y sin estructuras partidistas, buscan participar en la vida
pública del país.
