Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La decisión del alcalde de Coxquihui, Juan Pablo Gómez, está justificada. *** La
autoridad municipal en esa demarcación ubicada en el Totonacapan anunció que,
ante la violencia e inseguridad que se vive en ese municipio, se cancelaba la
ceremonia del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de
septiembre. *** La decisión -dijo el alcalde- fue tomada en reunión extraordinaria
del cuerpo edilicio con el director de Seguridad Pública, la Secretaría del
Ayuntamiento, la Oficialía Mayor y los directores de instituciones educativas de la
cabecera municipal. *** “Decidimos cancelar la ceremonia del Grito de Dolores
este 15 de septiembre y el desfile conmemorativo del inicio del Movimiento de
Independencia el 16 de septiembre. Motivos hay de sobra; mi prioridad es velar
por la integridad de los ciudadanos y alumnos. Críticas vendrán, pero es preferible
eso a un hecho lamentable”, expresó el alcalde. *** Apenas el pasado lunes
Ramón Valencia, más conocido como “El Napito”, candidato de Morena a la
alcaldía, fue privado de la libertad en la comunidad de Sabaneta. *** Hombres
armados interceptaron a Ramón Valencia, quien viajaba con una escolta que lo
protegía. Se generó un intercambio de disparos y al final el excandidato fue
“levantado”. *** Ramón Valencia es hijo de Anuar Valencia Delgado, “El Napo”,
quien fue asesinado el 29 de mayo, cuando estaba por iniciar su campaña a la
alcaldía. Tras su muerte, su hijo Ramón asumió la candidatura, pero fue derrotado
por Lauro Becerra, del PAN. *** La violencia en el norte de la entidad sigue sin
freno. De nada han valido los “esfuerzos coordinados” de las fuerzas federales y la
policía estatal. Hace falta una fuerte sacudida al gabinete de seguridad de la
entidad.
Bien decía aquel poeta español Mariano Aguiló y Fuster: “No confundas la
paciencia, coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del que se da por
vencido”.
Los empresarios esperaron el tiempo necesario, tocaron las puertas que les
indicaron, redactaron los oficios que les pidieron… y no recibieron respuesta.
Finalmente optaron por el camino que habían tratado de evitar desde el principio.
Este martes la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz dio entrada a la denuncia penal
en contra Ana Laura del Ángel Olivares y “en contra de quien o quienes resulten
responsables” (entiéndase Ernesto Pérez Astorga y Eduardo Vega Yunes,
secretario y subsecretario de Desarrollo Económico), por los delitos cometidos en
agravio del servicio público.
Todo esto tiene que ver con el reiterado reclamo de los empresarios que ocupan
espacios en la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, en Veracruz. Día con día han visto
cómo se deteriora la infraestructura urbana de esa zona industrial, la más
importante de toda la entidad, a pesar de que pagan fuertes cuotas por concepto
de mantenimiento.
Ajenos a la burocracia y a los vaivenes políticos, los empresarios siguieron paso a
paso los protocolos para reclamar el cumplimiento de los compromisos de la
administración de la zona industrial.
Llegaron a las oficinas del fideicomiso “Fondo del Futuro” que tiene a su cargo la
administración de la ciudad Bruno Pagliai y la responsable, Ana Laura del Ángel
Olivares no les dio una solución. Tocaron, entonces, la puerta de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario, y ni su titular (Ernesto Pérez Astorga) ni el
subsecretario que tiene que ver con esas actividades (Eduardo Vega Yunes)
atendieron sus demandas.
Enviaron a la gobernadora Rocío Nahle una carta en la que explicaban el
problema y sólo recibieron la promesa de que se practicaría una auditoría a ese
fideicomiso, pero el problema sigue sin solución: quien accede a la zona industrial
se encuentra prácticamente en un campo de guerra, con calles destrozadas,
basura en las vialidades, yerba crecida y lámparas fundidas, entre muchos otros
problemas.
Los empresarios no son de los que se rinden ante el primer tropiezo. Frente a
cada negativa buscaron otras opciones. Así llegaron a la capital del país, donde
los escucharon con atención y, además de ofrecerles su respaldo, les sugirieron
que llevaran el reclamo por la vía judicial: “nosotros veremos que camine”, les
dijeron.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, a cargo de Stephany Rosas Méndez, quien protestó a ese cargo en
mayo del presente año. En el documento se narran hechos que se podrían
encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal
y peculado, más los que resulten de las investigaciones ministeriales.
Si la gobernadora cumple con su palabra de no permitir la corrupción y el abuso
de poder en su administración, a partir de esta denuncia -que está bien sustentada
y ella misma conoce los detalles- lo que toca es que los tres servidores públicos
soliciten licencia para enfrentar el proceso sin la protección que les brindan sus
cargos.
No debemos perder de vista que lo que suceda con la ciudad industrial Bruno
Pagliai marcará la pauta para el aprovechamiento de los nuevos polos de
desarrollo.
El propio titular de Sedecop, Ernesto Pérez Astorga, presumió que habrá
“inversiones millonarias” en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec,
pero todo eso se puede caer si las industrias invitadas perciben que el gobierno de
Veracruz no cumple con la dotación de infraestructura básica.
Epílogo.
No está en el ámbito de sus nuevas responsabilidades, pero la magistrada
presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández, confirmó que el
Órgano de Administración Judicial está dando nombramientos como “jueces
interinos” a personajes que compitieron por ese cargo en la elección judicial, pero
perdieron. *** A la magistrada no le sonó irregular esa medida, pues explicó que
se han generado espacios a partir de que algunos jueces se están jubilando o se
han incapacitado por alguna enfermedad: “No podemos dejar ese espacio sin
ocupar, se debe atender”, aclaró. *** Lo cierto es que el propio Órgano de
Administración Judicial está conformado por aspirantes a magistrados que fueron
rechazados en las urnas. ¿Qué se puede esperar? *** La protesta se materializó
este martes. Luego de ofrecer una conferencia de prensa en el centro de la
ciudad, trabajadores de la secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y
representantes del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz
bloquearon la avenida Enríquez para exigir la reinstalación de seis empleados que
fueron despedidos de manera injustificada. *** El secretario general del sindicato
Acmed Antonio Galicia Campos señaló que son actos de hostigamiento
perpetrados por funcionarios menores que están desde la pasada administración:
“Recordemos que en la administración de Cuitláhuac (García) muchos
trabajadores sufrieron de este tipo de casos y hostigamientos para hacerlos
renunciar, que dejó incrustados en el gobierno de la ingeniera Rocío Nahle. Esos
funcionarios vienen desde la pasada administración”. *** Minutos después de que
cerraran el paso vehicular, un representante del gobierno estatal invitó a que
formaran una comisión para atender sus reclamos. Bien.
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