AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
Hace una semana, decenas de vecinos de la colonia Álvaro Obregón, de Xalapa, cerraron
las avenidas 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas para exigir que no se construya en el
panteón Palo Verde un centro de identificación de restos humanos porque argumentan que
además de generar contaminación implicaría la tala de más de 50 árboles, lo que
lamentaron los colectivos de madres buscadoras.
El Servicio Médico Forense (Semefo), para el cual el Ayuntamiento capitalino que preside
Ricardo Ahued dispone de 15 millones de pesos y en el que participan también la Fiscalía
General del Estado y la General de la República (FGR), servirá para poner orden en las
fosas comunes de este saturado cementerio municipal donde hay más de 90 cadáveres que
fueron depositados sin cumplir con los protocolos internacionales establecidos para la
inhumación.
El drama de los desaparecidos es la principal deuda histórica que dejará a los veracruzanos
la administración del primer gobernador morenista Cuitláhuac García, quien la declaratoria
de emergencia humanitaria por desapariciones que promovió al inicio de su sexenio se
encontraba hace ocho meses a un 30 por ciento de su cumplimiento, según aseguró a
principios de noviembre de 2023 Mayra Ledesma Arronte, académica de la Universidad
Veracruzana (UV) y quien ocupó la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos de
diciembre de 2018 hasta enero del 2022.
Ledesma Arronte declaró a Eirinet Gómez, corresponsal de La Jornada, que lo más grave
era que todavía le faltaba a García Jiménez un año de gestión y que la cifra de
desaparecidos ya rebasaba la de los gobiernos priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte, y de
Miguel Ángel Yunes Linares, de la alianza PAN-PRD.
“Una cosa es poner más presupuesto, que es algo básico qué había que hacer, pero no se
pueden seguir llenando la boca diciendo que se atiende como nunca antes. Cuitláhuac
García está por terminar su periodo, y el cumplimiento de la Declaratoria de Programa
Emergente en materia de Desaparición de Personas no se ha cumplido, ni en un 30 por
ciento”, dijo la académica de la UV.
Apoyada en información de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, con base en
la información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Ledezma Arronte
señaló entonces que en el quinto año del gobierno de Cuitláhuac García, la cifra de
desaparecidos alcanzó 2 mil 340 personas hasta mayo de 2023, mientras que en el bienio de
Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) sumaron 849 las víctimas, con Javier Duarte
(2010-2016) 2 mil 311, y con Fidel Herrera (2004-2010) el registro oficial fue de 266
personas desaparecidas.
Entrevistada a principios de noviembre de 2023 por la corresponsal de La Jornada –tras la
protesta que durante un día y medio debieron realizar integrantes de colectivos de familia
que buscan personas desaparecidas, para conseguir una audiencia con el mandatario
veracruzano–, la académica señaló que las principales instituciones involucradas en la
búsqueda de personas desaparecidas: Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión
Estatal de Búsqueda, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas
(CEEAIV) “están rebasadas, por decir lo mínimo”.
Explicó que en la CEEAIV “el titular no ha tenido, por la forma en que llegó al puesto, la
fuerza política para poder crear su equipo de trabajo, le impusieron desde la Secretaría de
Gobierno (que en ese entonces encabezaba Eric Cisneros Burgos), personas sin perfil para
ocupar los puestos claves al interior”.
“El personal es insuficiente, no tiene seguridad laboral (les hacen firmar contratos de tres
meses), y los salarios son muy bajos. No hay dependencias en las diferentes regiones,
tienen unas cuantas personas por región para atender la enorme cantidad de víctimas. Si
hablamos que hay al menos, oficialmente, poco más de 7 mil personas desaparecidas, las
víctimas indirectas, es decir, hijos, padres, madres, hermana”.
La promotora de derechos humanos y quien ha dado acompañamiento a familias de
personas desaparecidas señaló que en cuanto al papel de la Fiscalía General del Estado, “las
carpetas de investigación, alrededor de 4 mil, no están debidamente integradas y mucho
menos el plan de investigación por cada carpeta, y con el ADN de los familiares. No tienen
personal suficiente y, además, capacitado. Siguen las quejas de revictimización y de
indolencia en el avance de las carpetas de Investigación”.
Señaló que, si bien tener un centro de Identificación es un logro importante, “sabemos que
no solo es lento y muy caro, son muy pocas las identificaciones que se han logrado, entre
otras cosas, porque el banco de datos genéticos no funciona aún y, además, porque la
realidad es que no se atienden –no se investiga– ni se hace el análisis de todo el contexto
pertinente, entre muchas otras cosas”.
Ledesma Arronte reiteró que, a un año de concluir su administración, Cuitláhuac García
tiene en el olvido toda la política de Derechos Humanos que se construyó al inicio de su
gobierno, “ningún programa pasa la prueba de los indicadores que se construyeron y que se
supone debería estar muy ocupado y preocupado por cumplir”. Y agregó: “las familias de
las personas desaparecidas merecen respuestas y acciones que ataquen el problema de raíz,
no que se ‘administre’ la problemática. Ellas, tienen todo el derecho y la legitimidad para
protestar, cerrar calles, tomar el Palacio (de Gobierno) y lo que sea necesario para ser
escuchadas”.
A cinco meses y nueve días de que concluya el actual sexenio, la crisis de la desaparición
de personas se ha agravado en el régimen del primer gobierno veracruzano de extracción
morenista. En su edición de ayer jueves, el diario La Jornada publicó que según un análisis
del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), de los 115 mil 147
reportes de personas desaparecidas a nivel nacional, según las cifras oficiales, cerca de 48
por ciento –¡casi la mitad!– se concentran en Veracruz y otras cuatro entidades: Jalisco y
Nuevo León, gobernadas por Movimiento Ciudadano, y Tamaulipas y Estado de México,
en poder de Morena.
El IMDHD detalló que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
No Localizadas, entre los estados con más casos destacaba, hasta anteayer, Jalisco con 14
mil 999; Tamaulipas, 13 mil 209; Estado de México, 12 mil 625; Veracruz, 6 mil 988, y
Nuevo León, 6 mil 785.
Vaya “herencia” que le va a dejar don Cuitláhuac a la “Tía Chío”, su virtual sucesora y
correligionaria.