Por Miguel Ángel Cristiani G
¿Hasta cuándo la tragedia será el precio silencioso de los proyectos emblemáticos del
poder? La muerte de al menos cinco personas en el incendio de la refinería de Dos Bocas
no es un accidente aislado: es un síntoma. Y como todo síntoma en política pública, revela
más de lo que el discurso oficial está dispuesto a admitir.
Petróleos Mexicanos informó que el siniestro fue provocado por las intensas lluvias en
Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite y su posterior ignición. La
explicación técnica, aunque plausible, resulta insuficiente. En una industria de alto riesgo
como la petrolera, el clima no es una variable inesperada: es un factor estructural que debe
preverse, mitigarse y administrarse con protocolos rigurosos. Cuando una lluvia deriva en
muerte, no estamos ante un fenómeno natural, sino ante una falla humana.
Dos Bocas no es cualquier instalación. Es el proyecto insignia de una administración que
apostó por la soberanía energética como bandera política. Se anunció como la solución a la
dependencia de combustibles importados, como símbolo de recuperación nacionalista y
como motor de desarrollo regional. Sin embargo, desde su concepción, la refinería arrastró
cuestionamientos técnicos, financieros y ambientales. Retrasos, sobrecostos y ajustes
operativos han sido parte de su historia reciente. Hoy, a esa lista se suma la tragedia.
Conviene poner los hechos en contexto. La industria petrolera mexicana tiene antecedentes
preocupantes en materia de seguridad industrial. Explosiones en plataformas, fugas en
ductos y accidentes en refinerías han cobrado vidas a lo largo de décadas. No es un
problema nuevo, pero sí persistente. Y lo más grave: es un problema que no ha sido
resuelto, pese a los cambios de gobierno y a las reiteradas promesas de modernización.
El argumento de que “no hubo riesgo para la población” suena, en este contexto, casi
cínico. ¿Qué hay de los trabajadores? ¿Qué hay de las condiciones laborales, de los equipos
de seguridad, de la capacitación y de la supervisión? La muerte de cinco personas, entre
ellas una trabajadora de Pemex, no puede reducirse a una nota al pie en el parte oficial.
Cada vida perdida es una evidencia de que algo no está funcionando.
Aquí es donde la política entra en escena. Los proyectos emblemáticos suelen blindarse con
narrativa, no con resultados. Se defienden desde la tribuna, no desde la evidencia. Se
celebran en conferencias, pero se descuidan en la operación cotidiana. Dos Bocas fue,
desde el inicio, más un símbolo político que un proyecto técnico consensuado. Y cuando la
política sustituye a la ingeniería, el margen de error se vuelve letal.
No se trata de descalificar por consigna, sino de exigir por responsabilidad. La seguridad
industrial no es un lujo ni un asunto secundario: es una obligación legal y ética. Existen
normas oficiales, estándares internacionales y protocolos claros para prevenir este tipo de
incidentes. Cuando estos fallan, corresponde investigar, deslindar responsabilidades y,
sobre todo, corregir.
El problema es que en México la rendición de cuentas suele diluirse. Se anuncian
investigaciones que rara vez concluyen en sanciones ejemplares. Se reparten culpas de
manera difusa. Se protege la imagen institucional por encima de la verdad. Y así, el ciclo se
repite: accidente, indignación, olvido.
Dos Bocas debería ser una oportunidad para romper ese patrón. Para revisar a fondo las
condiciones de operación, para transparentar los informes técnicos, para escuchar a los
trabajadores y especialistas. Para reconocer errores sin maquillarlos. Porque la confianza
pública no se construye con discursos, sino con hechos verificables.
También es momento de replantear la lógica de los megaproyectos. No basta con que sean
políticamente rentables; deben ser técnicamente viables y socialmente responsables. La
infraestructura energética no puede seguir operando bajo esquemas de improvisación o
presión política. Requiere planeación de largo plazo, inversión sostenida en mantenimiento
y una cultura de seguridad que no admita excepciones.
El incendio en Dos Bocas no solo dejó víctimas; dejó preguntas incómodas. ¿Se evaluaron
correctamente los riesgos climáticos? ¿Se contaba con sistemas de contención adecuados?
¿Se siguieron los protocolos de emergencia? ¿Quién supervisa y con qué criterios? Son
interrogantes que no pueden responderse con boletines, sino con auditorías independientes
y resultados públicos.
La ciudadanía tiene derecho a saber, pero sobre todo tiene derecho a exigir. Porque detrás
de cada proyecto financiado con recursos públicos hay una responsabilidad ineludible:
proteger la vida. Y cuando esa responsabilidad se incumple, no basta con lamentar; hay que
transformar.
Dos Bocas arde hoy no solo por el fuego, sino por la evidencia de que en México seguimos
construyendo símbolos mientras descuidamos lo esencial: la seguridad, la verdad y la vida
misma.
Porque cuando la propaganda sustituye a la prevención, el costo no se mide en barriles, sino
en cadáveres.
