Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Como para que quede constancia y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle,
entienda que el asunto de su aumento salarial “sí es tema”, la mañana de este
miércoles la presidente Claudia Sheinbaum habló sobre algo parecido. *** Le
planteó un reportero: “se aprobó recientemente el Presupuesto de Egresos de la
Federación y con ello los diputados aprobaron un incremento en sus propias
percepciones anuales, esto contrasta la política de austeridad, y parece que sí hay
consenso en las bancadas para estos aumentos. ¿Usted daría un llamado al
bloque de las bancadas de la 4T a la austeridad, a poner el ejemplo? *** La
respuesta de Claudia Sheinbaum: “Ya depende de los diputados, ¿no? El pueblo
de México sabe lo que pensamos. El gobierno, los legisladores, deben estar en la
justa medianía. Y los recursos de la gente son de la gente. Entonces, yo no
considero que deba haber privilegios. El poder es humildad, siempre, es lo que
nos da la cercanía con la gente, con el pueblo. Y asumir las responsabilidades
cada uno, que nos corresponden. Pero, bueno, ya depende de los diputados”. ***
Ya quedó claro que Rocío Nahle mintió al argumentar que ella no estaba enterada
del aumento, pues la propuesta de presupuesto enviada al Congreso local lleva su
firma. Que después salga a argumentar que se trató de un “nado sincronizado”
para atacarla, no es más que otro esfuerzo de su parte para asumir el papel de
víctima, cuando en realidad juega el papel de villana.
Para los políticos de “la cuatro te” resulta incómodo hablar de Javier Duarte.
Saben que entre la sociedad -especialmente en Veracruz- se le percibe como “la
personificación de la corrupción en tiempos del neoliberalismo” y se niegan a
admitir -al menos en público- que les ha resultado útil.
Cuestionada este miércoles sobre las gestiones que realiza el exgobernador de
Veracruz para obtener de manera anticipada su libertad, la presidente Claudia
Sheinbaum trató de “pasar por encima” del tema y se concretó a declarar: “lo que
me informan es que está por cumplir su condena, que fue hace tiempo, más allá
de la sanción moral y ética que tenga la sociedad”.
La que nada ha opinado al respecto ha sido Rocío Nahle, para quien –
seguramente- “no es tema”.
El martes la jueza federal de ejecución de sanciones – jueza “del bienestar”, esto
es, elegida en las urnas- Ángela Zamorano Herrera, decidió aplazar su decisión
sobre la solicitud de libertad anticipada que presentó Javier Duarte Ochoa.
La defensa de Javier Duarte presentó como testigos a funcionarios del Reclusorio
Norte y del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del
gobierno federal, con el objetivo de que su cliente recuperara la libertad.
Sin embargo, la jueza dispuso que la audiencia continúe hasta el miércoles 19 de
noviembre, debido a que tres de los seis testigos que ofreció la Fiscalía General
de la República (FGR) -para respaldar su convicción de que Javier Duarte no debe
obtener el beneficio de la libertad condicionada- están comisionados y regresarán
a sus actividades el viernes 14 de noviembre.
En la parte de la audiencia que sí se desarrolló, Pablo Campuzano, abogado del
exgobernador, interrogó durante casi 10 horas a los testigos que presentó para
respaldar la solicitud.
Leticia Garnica González y Francisco Morales Salud, directora jurídica y director
de apoyo técnico del Reclusorio Norte, comparecieron tres horas cada uno sólo
para certificar los reportes que hay sobre Javier Duarte, particularmente sobre su
buena conducta y que cumplió con el plan de actividades de reinserción social.
Sin embargo, ambas intervenciones se prolongaron por el contrainterrogatorio que
realizó el fiscal Manuel Granados Quiroz.
El tercer testigo presentado fue Diego Quiroz Rodríguez, director de control
jurídico del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social del gobierno federal,
a quien se le preguntó sobre los delitos por los que fue sentenciado Javier Duarte.
Contestó que fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Al comparecer Osvaldo González Rojas, quien fue encargado de la Subdirección
de Seguridad, el interrogatorio se volvió a prolongar. Este testigo, quien hoy está
adscrito al penal de Santa Martha Acatitla, señaló que firmó dos oficios en octubre
de 2024 y octubre de 2025, donde dejó constancia de que Javier Duarte no había
enfrentado una sanción “en los últimos meses”.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, el fiscal Manuel Granados le
preguntó si sabía que a Javier Duarte le encontraron cuatro “latas de alcohol” en
2019.
El testigo insistió en que Javier Duarte no incurrió en faltas durante el año y tres
meses que él estuvo a cargo de la seguridad en ese reclusorio.
Ahí mismo el fiscal aseguró que a Duarte de Ochoa también le encontraron una
pluma con cámara para grabar, un equipo para acceder a banda ancha de internet
y un teléfono celular, lo cual está prohibido para los reos.
Osvaldo González se mantuvo en su dicho de que durante el tiempo que él estuvo
ahí, Javier Duarte presentó buena conducta.
El último testigo fue el subdirector de custodia y seguridad, Daniel de Nazaret
Espinosa, quien mencionó que en 2019 y 2020 Javier Duarte tuvo dos faltas
porque le encontraron cuatro latas con alcohol, un blue-ray modificado como
módem de banda ancha, además de un bolígrafo con una cámara.
Por esta razón, abundó, se le sancionó con 15 días sin visitas. Agregó que en
2021 ocurrió algo en el área médica del reclusorio, pero no hubo sanción.
En el peor de los escenarios, si la jueza decide negarle el beneficio de la libertad
anticipada, con seguridad los abogados de Javier Duarte impugnarán la sentencia,
pero incluso si todas las determinaciones fueran en contra del exgobernador de
Veracruz, en abril del próximo año estaría saliendo de prisión, luego de cumplir la
totalidad de su sentencia.
Para quienes sugieren que una vez afuera Javier Duarte pudiera ser detenido
nuevamente, cabe aclarar que él fue procesado con apego al acuerdo de
extradición entre México y Guatemala, que sólo podía ser juzgado por los delitos
que presentó el gobierno de México a su vecino de Centroamérica.
Una vez en prisión, a solicitud de la Fiscalía de Veracruz el Ministerio de Justicia
de Guatemala accedió a que se le abriera un proceso adicional, por el delito de
desaparición forzada, pero en septiembre del 2024 ese proceso fue cancelado
ante la falta de pruebas en su contra.
Ningún otro delito que haya cometido Javier Duarte antes de su extradición podrá
ser reactivado en su contra, por lo que gozará de libertad absoluta y quizá sólo
quede pendiente -como lo afirmó Claudia Sheinbaum- el juicio de la sociedad.
Epílogo.
Él, mejor que nadie, sabe lo que es interactuar con factores regionales de poder y
entiende que la delincuencia organizada es capaz de imponerse a las autoridades
locales. Es necesario, pues, que sean el Estado y la Federación los que tiendan la
mano a los próximos alcaldes para evitar que sean sometidos. *** El pasado
martes, en el World Trade Center de Boca del Río, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Esteban Bautista, advirtió a los
alcaldes electos sobre el riesgo de “perder el control” de sus gobiernos ante la
injerencia del crimen organizado. *** “No se pierdan. Me ha tocado ver gobiernos
donde los alcaldes dicen ‘aquí soy yo el que manda’ y cuando se dan cuenta su
municipio es controlado por el crimen organizado”, afirmó. *** Es, pues, importante
que el gobierno estatal camine de la mano de las autoridades municipales -sin
importar su color- para evitar que “los malos” se apoderen de cada territorio.
filivargas@gmail.com
