Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Que me disculpe la gobernadora si soy tan “miserable” que sigo hablando de la
muerte “natural” de la maestra Irma Hernández. *** Resulta que en las personas
detenidas por su probable vinculación con esos hechos acudieron ya ante un juez
para su audiencia inicial, y en ella la Fiscalía General del Estado (FGE) les imputó
los delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública. *** Según
narra el propio comunicado de la FGE, uno de los detenidos (José Eduardo), al
notar la presencia de elementos de la policía estatal sacó un arma de fuego y
disparó contra ellos. El otro detenido (Víctor Manuel) también trató de evitar el
arresto amagando a los uniformados con un cuchillo. *** La tercera persona
detenida (Jeana Paola) “intentó” utilizar un arma en contra de los policías. A ella,
dice el comunicado, se le confiscó “hierba seca con características similares a la
marihuana” *** No se crean el cuento de que, como el perito forense determinó
que la víctima falleció de un infarto, los participantes en su secuestro y tortura
están libres del delito de homicidio. *** Hay un principio fundamental en Derecho
(eso no lo debe saber la gobernadora, pero sí sus asesores y, específicamente, la
titular de la Fiscalía): “la causa de la causa es la causa de lo causado”, lo que,
explicado en palabras más claras, significa que el infarto que causó la muerte de
la maestra fue consecuencia de los actos de tortura (tanto psicológica como física)
a los que fue sometida y, por lo tanto, los autores de esa agresión son imputables
al delito de homicidio. *** La responsable, por parte de la Fiscalía, de dar
seguimiento al proceso contra los probables responsables, es la fiscal regional con
sede en Tuxpan, Alma Cristal Rivera Pacheco, una joven inexperta que
constantemente se mete en problemas por su falta de conocimiento. *** Debe
estar protegida por alguien de muy alto nivel, pues ya se menciona que podría ser
removida a la Fiscalía Regional de Xalapa, en sustitución del recién fallecido
Jaime Cisneros.
Siempre lo he dicho: debe ser muy complicado pasar buena parte de tu vida
encerrado en una prisión. Por más fortaleza que presumas, la mente te juega en
contra y terminas cometiendo errores infantiles.
Ese parece ser el caso del exgobernador Javier Duarte, quien en múltiples
ocasiones “se ha ido de la boca” a través de sus redes sociales y ha hecho
comentarios por demás desafortunados.
Lo acaba de volver a hacer.
Para no hacer muy larga la historia, Javier Duarte narra que cuando era
gobernador, el entonces fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, le mostró
evidencias sólidas de un quebranto financiero en el ayuntamiento de Boca del Río,
durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Márquez y le pidió instrucciones para
saber cuál debería ser la acción por seguir.
“Al verlas determiné consultarle al presidente EPN (Enrique Peña Nieto) sabedor
de las consecuencias políticas que esto iba a ocasionar si actuaba conforme a
derecho”, narró Javier Duarte.
Aprovechó -dijo- una gira presidencial y lo consultó con el presidente, estando
presente el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Le comenté al presidente este asunto y fue el propio Osorio Chong quien tomó la
palabra diciéndome que sería una estupidez de mi parte meter al hijo de Yunes a
la cárcel, ya que lo iba hacer una víctima política y que el PAN (aliado de ellos en
sus reformas estructurales) iba solicitar que lo dejara en libertad y que lo iba a
tener que hacer, aunque fuera culpable, a lo que Peña Nieto asintió dándole la
razón al chino Osorio”.
Ya después se va por la justificación y una oda a la lealtad. Lo importante es lo
arriba descrito.
Javier Duarte admite que tuvo conocimiento de la comisión de un delito y, contrario
a lo que establece la ley, no lo denunció.
El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales advierte: “Toda
persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente
constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en
caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía”.
Pero, además, precisa: “quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga,
será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Otras agravantes: el gobernador admite haber sido informado de la comisión de un
delito (probable peculado), y que quien le informó fue ¡el propio Ministerio Público!
Luis Ángel Bravo Contreras violentó otro principio fundamental de la procuración
de justicia: la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues él no tenía
por qué “consultar” con el gobernador para proceder penalmente en contra de un
presunto delincuente.
Olvida el gobernador que el primero de diciembre del 2010 protestó “guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado y las Leyes que de ambas emanen”.
Ese expediente que él ordenó que se archivara, fue -con seguridad- materia de
negociación al momento en que Morena (partido con el que hoy simpatizan Javier
Duarte y Miguel Ángel Yunes Márquez) necesitó de ese voto que le diera la
mayoría calificada en el Senado.
“Tarde aprendí que en este sistema se premia la traición y se castiga la lealtad”, se
lamenta Javier Duarte.
Se refiere, por supuesto, a actos de traición o lealtad con grupos o intereses
políticos, no con los veracruzanos.
Epílogo.
Este martes el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo
Calderón Salas emitió un acuerdo que abroga las credenciales que se expiden a
favor de productores para la movilización pecuaria. *** Esta medida obedece a que
se detectó que las credenciales fueron expedidas sin requisitos técnicos ni
médicos veterinarios y que son utilizadas de manera indebida como un documento
sustituto para la movilización pecuaria, que pone en riesgo la sanidad ante la
presencia de gusano barrenador. *** Esas credenciales entraron en vigor en la
administración de Cuitláhuac García Jiménez, mediante un acuerdo publicado el
17 de marzo de 2023, con la finalidad de que los productores pecuarios
movilizaran con mayor facilidad a sus animales. *** Sin embargo, se detectó que la
credencial no se encuentra contemplada en ninguna otra disposición jurídica
federal ni estatal como documento válido para el control de la movilización
pecuaria, esto es, que se expide sin el aval de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader) o el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica), por lo que contraviene lo estipulado en la Ley Federal
de Sanidad Animal. *** Y adivine quién fue el de la “ocurrencia” de generar esa
credencial. Sí, adivinó: aquel que fungía como subsecretario de Ganadería en la
pasada administración, Humberto Amador Zaragoza, el mismo que fue
denunciado por participar en el tráfico de aretes pecuarios y que en la actualidad
imparte cátedra de sanidad animal en las redes sociales. *** Muy pronto lo
alcanzará la justicia.
filivargas@gmail.com
