Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Martín Aguilar se mantiene en la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) con
la esperanza de que la justicia federal avale la ilegal “prórroga” que le concedió
una junta de gobierno diseñada “a modo” para responder a sus intereses. *** Este
miércoles le correspondió acudir al monumento a Miguel Hidalgo, en el parque de
Los Berros de Xalapa, para rendir honores a los héroes de la Independencia y,
ante el temor de que la comunidad universitaria se hiciera presente y le reclamara
los abusos cometidos, se rodeó de un grupo de fornidos sujetos (a los que él
presentó como “choferes”) quienes se colocaron de manera estratégica para
impedir que fuera interpelado durante un acto público. *** Como suele suceder en
esos casos, los que pagaron las consecuencias fueron los reporteros, quienes
tuvieron que forcejear para tener acceso al irregular funcionario universitario. ***
Martín Aguilar ya encontró a sus villanos favoritos: los exrectores, esos que sí se
apegaron a las leyes que rugen la vida de la Universidad Veracruzana y que hoy
marchan al frente de la comunidad estudiantil para reclamar el respeto a la
institución. *** La opinión de la justicia federal y la voluntad de la comunidad
universitaria, serán los factores decisivos para resolver este diferendo que daña a
una institución de gran prestigio como ha sido la UV.
La Constitución de Veracruz, en su artículo 10, establece que “todas las personas
tienen derecho a recibir una educación inclusiva y laica”, y que “el estado y los
municipios la impartirán en forma pública y gratuita”.
Suena, pues, “coherente” lo que afirma la gobernadora Rocío Nahle, cuando
ordena que en ninguna escuela de la entidad, al menos en los niveles de
educación básica, debe cobrar una cuota por inscripción.
Asegura la gobernadora que hubo planteles en los que sí lo hicieron y deberán
asumir las consecuencias: “No debieron de haber cobrado cuotas de inscripción y
si lo hicieron deberán de rendir cuentas”.
La gobernadora, sin embargo, no hace la menor referencia a las cuotas que piden
las sociedades de padres de familia al momento de la inscripción. Se trata de
aportaciones voluntarias que tienen como fin ayudar al mantenimiento de la
escuela.
La Ley de Educación de Veracruz, en su artículo 10 advierte que “en ningún caso”
se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de
exámenes o la entrega de documentación, “al pago de contraprestación alguna”. Y
lo plasma con todas sus letras: “se prohíbe cualquier pago que impida o
condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”.
Sin embargo, en el artículo 11 de esa misma ley, se hace la aclaración: “No se
entenderán como contraprestaciones del servicio educativo las donaciones o
cuotas voluntarias que se efectúen con motivo de los programas de gestión
escolar”.
¿Por qué establecen los padres de familia una cuota al momento de la
inscripción?
Simple: porque el estado no cumple con su obligación de dar el mantenimiento
adecuado a los edificios escolares.
La gobernadora se refirió a la existencia de ¡tres programas!, para dar
mantenimiento a los inmuebles: “La Escuela es Nuestra, que es un programa de la
Federación que llega recursos para el mantenimiento. La segunda es la de
Espacios Educativos, que la lleva a cabo el estado con recursos federales que ya
están etiquetados para las escuelas que se levantaron en un censo. En este caso,
las que se están haciendo ahorita son (del censo) del año pasado. Y la tercera es
el programa que nosotros echamos a andar donde se está entregando pintura,
impermeabilizante y material, pupitres y demás para que todas las escuelas estén
en condiciones”.
Alguien tendría que explicarle a la gobernadora que ninguno de esos tres
programas cumple sus funciones, que muchas de las escuelas presentan fallas
estructurales, lo que pone en riesgo la integridad de niños y jóvenes.
La gobernadora anunció un cuarto programa con el mismo fin: “En el mes de
agosto se aprobó aquí en Veracruz una ley de tiendas escolares, para que actúen
como cooperativas entre padres de familia y el director de la escuela y que el
ingreso de esas cooperativas escolares sea para el mantenimiento de la escuela”.
Concedamos el beneficio de la duda, aunque veo complicado que ese jugoso
negocio que implementó Zenyazen Escobar y en el que involucró a altos
personajes de la cuarta transformación, sea soltado así de fácil.
Antes de que tomara posesión, Rocío Nahle ya habían sido informada de los
malos manejos que había en el rubro de tiendas escolares. En este mismo
espacio se difundió una tarjeta informativa que le habrían hecho llegar sobre ese
tema.
Ojalá eso funcione, pero mientras tanto las escuelas deben funcionar de manera
higiénica y segura, y eso se consigue con la aportación que hacen los padres de
familia.
Epílogo.
Los abogados Tomás Mundo Arriasa y Jorge Reyes Peralta viajaron esta semana
a República Dominicana, para participar en la Academia de Litigación Oral y
Prueba, en la que intervienen juristas de talla internacional, como Juan A. García
Amado, Juan S. Fajardo, Jordy Ferrer y Carmen Vázquez. *** Los juristas
veracruzanos están convencidos de que la ruta para mejorar los sistemas de
justicia en México, es la capacitación permanente. Bien. *** A propósito de justicia,
Naomi Edith Gómez explica las razones por las que no se ha sometido a votación
la iniciativa de reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado (FGE), que permitiría la remoción de su titular. *** Según la nueva
presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, eso se debe a que la
iniciativa “sigue en proceso de dictaminación en comisiones”. ¿Cuánto tiempo
necesitan para analizar la iniciativa y elaborar el dictamen? *** El diputado de
Morena Diego Castañeda presentó su propuesta de reforma el 27 de noviembre
del 2024. Han transcurrido nueve meses y medio y no han podido concluir el
dictamen. Está claro que no es por falta de tiempo, sino de voluntad. *** Y es que
la actual titular de la Fiscalía, Verónica Hernández, sigue fallando en el
desempeño de sus funciones, lo que ha permitido que s imponga la impunidad en
el combate a la delincuencia. *** No fue capaz de sustentar el caso contra Luis
Ángel, alias “La Güicha”, uno de los presuntos responsables del homicidio de la
periodista María Elena Ferral, por lo que obtuvo su libertad. *** Apenas ahora
Verónica Hernández presenta un protocolo obligatorio para todos los fiscales, para
que, en los casos de homicidio o delitos en contra de mujeres, se investiguen con
perspectiva de género. *** Ha sido un reclamo añejo de las organizaciones de
defensa del género femenino, pero que Verónica Hernández había ignorado. No
hay forma justificar que siga al frente de la institución.
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