Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Familiares de Frida Narayana Cortés Millán -detenida y recluida por su presunta
participación en hechos delictivos que se investigan en la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz (UPAV)- le hicieron llegar a la Presidente Claudia
Sheinbaum, una solicitud para que se revise su caso y, además, se mejoren las
condiciones a las que actualmente es sometida. *** La petición se le entregó
también a la gobernadora Rocío Nahle, quien se comprometió a gestionar que se
revise la medida cautelar de prisión preventiva que le fue aplicada a Frida
Narayana. *** Roberta Beatriz Millán Audelo, madre de la dama recluida, acudió
acompañada de familiares y amistades al acto de inauguración del Viaducto
elevado en la carretera Xalapa-Veracruz y ante las autoridades federales que
estuvieron presentes reclamó celeridad en el proceso y respeto a las garantías de
su hija. *** Ante Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Veracruz recibió la
documentación y ordenó a su equipo de trabajo atender el caso. Anunció que le
pediría a la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez “que vaya a la audiencia y, si es
posible, que ella (Frida Nayana) pase en su casa el proceso; yo me encargo”. ***
Rocío Nahle dijo conocer el caso y prometió intervenir: “Sí, me metí a investigar el
tema y entonces ella puede pasar el proceso en su casa; no tiene que
agradecerme”. *** La noche del sábado 17 enero del presente año, Frida
Narayana Cortés Millán fue detenida a partir de una orden de aprehensión. Ella se
había desempeñado como directora de Educación Superior de la UPAV y fue
presentada ante un juez de control, acusada de cometer los delitos de
incumplimiento de un deber legal y peculado. *** El juez de control la vinculó a
proceso y determinó que se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva
justificada. Su madre ha denunciado las condiciones inhumanas en las que se
encuentra, por lo que la que la medida cautelar podría ser modificada si la Fiscalía
de Veracruz hace la petición respectiva.
En la teoría jurídica se le conoce como “el fruto del árbol envenenado”. Se refiere
a un principio del derecho procesal penal que establece que cualquier prueba
obtenida de forma ilegal o violando derechos humanos es nula, al igual que todas
las pruebas que se deriven de ella.
Especialistas en materia de derecho penal advierten que, en México, el cateo
domiciliario dejó de ser una medida excepcional para transformarse en un
mecanismo cotidiano de simulación delictiva.
Este domingo, en un predio muy cerca de Córdoba, el abogado penalista Tomás
Mundo Arriasa atestiguó el procedimiento mediante el cual el agente del Ministerio
Público de la Federación, Jesús Enrique Chulín Cortés, levantó el aseguramiento
de bienes de la empresa “Sparkle S. A. de C. V.”, dedicada al autotransporte de
líquidos, así como al traslado de materiales y residuos peligrosos a nivel nacional.
A finales del año 2025, el agente del Ministerio Público Federal promovió una
orden de cateo en las instalaciones de esa empresa, pero ese procedimiento
incumplió los elementos que exigen tanto la Constitución federal (artículo 16)
como el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 288), por lo que el
Juez 16 de Distrito concedió el amparo a la parte afectada, con lo que se resolvió
que se levantara el aseguramiento de 21 unidades de transporte, entre
tractocamiones y tanques.
El abogado penalista Tomás Mundo explicó que una diligencia de cateo puede
resultar inconstitucional en su ejecución y no sólo en su formalización:
“usualmente vemos en el cateo la técnica de investigación que requiere de una
fundamentación y motivación reforzada por afectar la inviolabilidad de un domicilio,
pero en esta resolución se invalida la ejecución del cateo. Esto es de suma
importancia porque recalca que una resolución fundada y motivada, no es una
licencia para violentar derechos humanos, estos no sólo están presentes en la
formalización de los actos de autoridad, sino también en su materialización”.
El jurista consideró muy importante que se reflexione sobre ese aspecto, pues la
autoridad no tiene, bajo ninguna circunstancia -aun cuando su actuar sea legal- la
autorización para lesionar derechos humanos.
En tiempos en los que las Fiscalías actúan bajo consigna y con el
acompañamiento de los jueces, es importante entender que el cateo se convirtió
en una práctica burocratizada que pervierte el derecho procesal penal, pues la
orden judicial funciona como escudo de impunidad.
La siembra de evidencias se ha normalizado por la laxitud de los controles
judiciales y la casi total ausencia de sanciones contra servidores públicos que
validan y ejecutan estas prácticas bajo un documento oficial.
Apenas en el mes de septiembre, entrevistada luego de participar en los honores a
los héroes de la Independencia, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez
Aguirre, presumió que en la entidad los cateos se incrementaron casi en un 400
por ciento.
Con el argumento de que, gracias a ellos, se logran importantes resultados en
materia de seguridad y prevención del delito, la fiscal justificó el ataque sistemático
a los derechos humanos:
“En los cateos, todas esas armas que se van incautando ya no llegan a la calle
(con lo que se evita) que se cometan homicidios, lesiones, robos. Trasciende para
que se vayan frenando otro tipo de delitos, la violencia en general, la droga no
llega a nuestros jóvenes”, expresó.
El abogado Tomás Mundo aclaró que el procedimiento jurídico que permitió la
recuperación de los bienes incautados no ha llegado a su conclusión. Lo que sigue
-adelantó- es iniciar procedimientos penales contra el agente del Ministerio Público
Federal y el coordinador estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) por
las acciones u omisiones en las que pudieron haber incurrido y que le generaron
un grave daño a la empresa.
Epílogo.
Hasta para mentir son torpes. Para afirmar que el abasto de medicina se mantiene
en altos porcentajes, las autoridades del gobierno de Veracruz y del IMSS
Bienestar retiraron un gran número de claves de medicamentos. *** Así lo
denunció Ana Patricia Altamirano, jefa de Pediatría del Hospital Regional de
Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, quien aseguró que persisten faltantes que obligan a
aplazar cirugías. *** La especialista señaló que el abasto en ese hospital se
mantiene entre 40 y 50 por ciento. Otra residente de Pediatría reportó faltantes de
antibióticos, agujas, catéteres y materiales para administrar oxígeno a los niños.
*** “Han reducido las claves y por eso ellos aseguran que el abasto subió. Si
reduces las claves, obviamente va a subir el porcentaje”, expresaron. *** este
domingo se volvieron a movilizar trabajadores del Hospital Regional de Xalapa y
del Centro de Alta Especialidad, quienes reclamaron que Rocío Nahle haya
recorrido otras unidades sin acudir a esos dos hospitales de Xalapa para escuchar
al personal. *** ¿Esa es la solución que la gobernadora encontró a la crisis en el
sector salud? ¿Simular que “ya todo está en orden”?
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